Pensativa en La Habana

Imagen de Osvaldo Gutierrez Gomez

Yuliet Teresa

Un post del historiador y escritor cubano Ernesto Limia llamó mi atención sobre el caso de Alejandro Gil en torno a la unidad. En él, Limia afirma que Gil, «el ministro de Economía y viceprimer ministro que llegó a ese cargo cumpliendo instrucciones de Langley por una década», es un caso de reclutamiento exitoso de la CIA. A partir de ahí, comencé a buscar. Escuché el último podcast de La Joven Cuba, quienes también abordaron el tema y luego hice un ejercicio simple: revisar todas las notas periodísticas sobre el caso y confirmar si alguna mencionaba que fuera agente de la CIA.

Ninguna nota oficial lo menciona.

Según reportes de EFE y AFP, el Tribunal Supremo Popular declaró firme la condena a cadena perpetua por «espionaje» contra Gil, más una pena adicional por delitos económicos. El comunicado judicial señala que Gil «incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo». Pero «los servicios del enemigo» no se especifica. No se dice CIA. No se dice Estados Unidos.

La única fuente que vincula directamente el espionaje con la CIA es María Victoria Gil, hermana del exministro, quien afirmó que una fuente «muy fidedigna» vinculada al proceso le confirmó que la acusación era por «espionaje a favor de la Agencia Central de Inteligencia». La familia niega todos los cargos y califica el proceso de «montaje» político. Es decir: la CIA aparece solo por filtración familiar, no por confirmación oficial.

La primera brecha es de opacidad procesal: juicio a puertas cerradas, sin prensa, con un solo familiar autorizado a entrar firmando confidencialidad. Los expedientes de espionaje son instruidos por la Seguridad del Estado, no por la Fiscalía, lo que según la hermana de Gil hace «muy difícil descubrir cuándo realmente es un expediente basado en hechos reales o cuándo es una gran mentira».

La segunda es legal: la Ley de Comunicación Social de 2024 declara promover la transparencia, pero contempla excepciones por seguridad nacional y procesos judiciales en curso. El caso Gil cae exactamente ahí.

La tercera es política: Gil fue ministro de Economía, viceprimer ministro y miembro del Buró Político. Su gestión estuvo marcada por el fracaso de la Tarea Ordenamiento. La acusación de espionaje transforma un caso de mala gestión económica en traición a la patria. Pero, frente a tantos casos de corrupción ¿quién puede afirmar que no sea una red?

¿Cómo se maneja la información pública en crisis? Cuba atraviesa inflación, escasez, apagones y éxodo migratorio. En ese contexto, la información deja de ser un bien público y se convierte en recurso estratégico de supervivencia política. El silencio sobre el caso Gil no es un vacío accidental; es una decisión.

La verdad judicial —la sentencia— es pública en su parte dispositiva. Pero la verdad factual —qué información sustrajo Gil, a quién, cómo se probó— permanece clasificada. La verdad que se ofrece no permite evaluar la justicia del fallo, solo aceptar su existencia.

Entonces, ¿quién más es agente de la CIA? Esa pregunta no tiene respuesta verificable. No existe otro caso documentado de un alto cargo cubano acusado oficialmente de espiar para la CIA en tiempos recientes. Limia mismo sugiere que Gil es «alguna que otra ave rara», la excepción, no la regla.

La pregunta más dura es otra: si la CIA reclutó a un ministro durante una década sin ser detectado, ¿qué dice eso de la contrainteligencia del Estado? Y si es un montaje, ¿qué dice eso del «espionaje» como categoría penal? Ninguna tiene respuesta oficial. Y esa ausencia, en sí misma, es la historia.

(Tomado del Facebook de la autora)

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