Circula un anteproyecto de Ley de Educación en Cuba que apunta a que la educación dejaría de operar únicamente como bien público de provisión igualitaria y pasaría a incorporar un componente de recursos según la disímil capacidad del mercado territorial. En lugar de nivelar oportunidades, la nueva ley tendería a amplificar las desigualdades territoriales preexistentes del país.
Es un desatino político debilitar la función de la educación como “ascensor” social e instrumento de inclusión en medio de la que pudiera ser la peor crisis económica y social de Cuba desde el “Machadato” en cuanto a su duración, el impacto en servicios esenciales y el deterioro de las condiciones de vida cotidiana.
El anteproyecto de ley (versión 20, de octubre de 2026) está publicado para consulta en el sitio del Ministerio de Educación y se prevé someter a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la sesión de diciembre de 2026.
¿Por qué los artículos 239.1 y 241 pueden ampliar, no reducir, las desigualdades?
Para evitar malentendidos; la nueva ley estipula que el Estado mantiene la responsabilidad indelegable de organizar, regular y proveer el Sistema Nacional de Educación y que la educación sigue siendo pública, gratuita y de carácter estatal en lo formal, con titulación oficial. Se establece que el financiamiento primario de la educación sigue siendo el Presupuesto del Estado.
El riesgo de una mayor desigualdad se deriva de una nueva disposición sobre financiamiento complementario que permite a “cada organismo formador” (entidades de educación) generar ingresos complementarios mediante “la creación de fundaciones, empresas interfaz, micro, pequeñas y medianas empresas u otras formas autorizadas” (Artículo 239.1)
También se reconoce como fuentes adicionales los servicios docentes y científicos, las donaciones y los proyectos (artículo 239.2) y esos recursos se gestionan de forma descentralizada conforme a estrategias territoriales (artículo 241).
El problema está en que la capacidad real de obtener esos ingresos complementarios no es uniforme a nivel nacional porque depende de la densidad económica local, del volumen de remesas, de la presencia de empresas privadas, de la conectividad y de la demanda solvente por servicios de capacitación, eventos o consultoría.
En Cuba ya existe una concentración estructural de demanda solvente, remesas, turismo, actividad privada y redes institucionales en La Habana y otros polos provinciales.
Las instituciones educativas de estas zonas tendrán:
– Mayor capacidad de cobrar servicios docentes, de capacitación o de consultoría a empresas o familias con recursos.
– Mejor acceso a donaciones (nacionales e internacionales) y a socios privados.
– Mayores posibilidades de crear o atraer MIPYMES y empresas interfaz viables, porque el mercado local de servicios complementarios (capacitación, eventos, incubación, transferencia tecnológica, etc.) es más denso.
En contraste, organismos e instituciones educativas de muchas zonas en provincias especialmente zonas rurales o municipios con baja actividad económica y alta emigración enfrentarán una base de demanda solvente mucho más débil.
No es difícil entender que el resultado esperable es una divergencia territorial de recursos complementarios. Los recursos extra se concentrarían eventualmente donde ya existe mayor capacidad de pago, mientras el resto permanece más atado al presupuesto central, que es rígido e insuficiente y que, de hecho, se ha contraído como porcentaje del PIB.
De la gratuidad uniforme a las diferencias de capacidad de pago local: lo que el anteproyecto no parece poder corregir antes de diciembre.
Las nuevas disposiciones invierten la lógica tradicional de la educación como mecanismo de reducción de desigualdades en Cuba porque en lugar de compensar las diferencias de origen territorial, introduce un nuevo canal de financiamiento que las amplifica.
Los estudiantes y profesores de zonas con más recursos complementarios pueden acceder a mejores materiales, incentivos docentes o actividades extracurriculares. Los de zonas deprimidas tendrán que educarse en desventaja.
El anteproyecto no establece mecanismos de compensación o nivelación para esas diferencias porque no incluye un fondo de redistribución, ni fórmula de transferencias progresivas, ni obligación de compartir ingresos complementarios entre territorios, ni criterio explícito que ajuste el presupuesto estatal para compensar la menor capacidad generadora de ingresos complementarios de ciertos territorios.
La referencia a “estrategias de desarrollo educativo territorial” (artículo 241) es insuficiente porque, a falta de presiones adicionales, puede limitarse a retener localmente lo que se genera, sin corregir las asimetrías de base que existen territorialmente a nivel nacional.
Si esos mecanismos de compensación no se incorporan pronto al texto de la ley, algo que no parece que ocurrirá, entonces es necesario aclararlos de manera separada, con criterios concretos y verificables, antes de someter el proyecto a la Asamblea Nacional en diciembre de 2026.
Para que tal cosa ocurriese queda menos de un mes, pero aprobar la nueva ley sin resolver el punto de mecanismos de compensación deja la equidad territorial a la discrecionalidad administrativa posterior, en un contexto de recursos escasos y de fuerte concentración geográfica de la actividad económica privada.
La inacción estatal sobre ese tema favorecería un escenario en que la educación puede seguir siendo formalmente gratuita y estatal, pero los resultados reales de acceso y calidad quedarán más segmentados por ubicación.
(Tomado de El Substack de Pedro)


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