Raúl es fotógrafo y realizador audiovisual. Trabaja desde casa y depende de la electricidad para ganarse la vida. Estaba ahorrando para comprarse una moto cuando en febrero de 2025 los apagones se volvieron insoportables y tuvo que gastar unos mil cien dólares en una batería, un cargador y un inversor para mantener encendida su computadora.
A inicios de 2026 los apagones se hicieron más largos y aquella solución dejó de funcionar. Compró paneles solares y comenzó a reunir otros 700 dólares para una nueva batería. Para cocinar juntó unos hierros y ladrillos que tenía en el patio y construyó un fogón de leña. Sin aquella inversión, dice, habría tenido que abandonar su profesión.
Pero la electricidad no es lo único que los cubanos han tenido que aprender a resolver por su cuenta.
Mercedes es ama de casa y sin el losartán no puede vivir. Es hipertensa y toma una pastilla diaria. Trescientas sesenta y cinco pastillas al año, treinta y seis blísters y medio que garantizan su estabilidad. Hasta 2023 lograba conseguir en la farmacia local el blíster de 10 pastillas a un peso cubano con 20 centavos, y cuando dejaron de venir por el tarjetón, comenzó a depender de la ayuda de sus familiares en el extranjero.
En junio de 2026 se le terminaron las pastillas y fue imposible resolverlo para sus parientes, porque con las sanciones de EEUU es cada vez más difícil enviar paquetería o medicamentos online. Pero, tras una larga búsqueda sus familiares encontraron por un grupo de Telegram a una persona que vendía medicamentos «por la izquierda» y le compraron todo el suministro que tenía en ese momento a 300 pesos cada blíster: 250 veces más de lo que costaban en 2023. Mercedes hoy tiene resuelta la medicación de un año.
La misma lógica alcanza incluso a uno de los alimentos más básicos de la canasta cubana.
La red estatal de la industria alimentaria todavía tiene panaderías y trabajadores, pero muchos de sus espacios productivos permanecen paralizados por falta de harina, levadura y otros insumos. Para seguir produciendo, la empresa se asocia desde 2023 con mipymes: el Estado pone los locales y los trabajadores; los privados, las materias primas, y luego ambos se reparten la producción según lo aportado.
Como la empresa estatal que debe garantizar el pan normado apenas tiene insumos, su participación suele ser mínima. La paradoja es que estas alianzas y la compra de materias primas al sector privado le permiten mantener buenos indicadores económicos mientras no consigue cumplir regularmente su función principal.
En Cuba, el Estado conserva las instituciones y la responsabilidad formal de garantizar bienes y servicios esenciales, pero ha perdido progresivamente capacidad para hacer efectiva esa garantía. En la práctica, la provisión de alimentos, medicamentos y electricidad depende cada vez más del sector privado, las remesas, las redes familiares y solidarias y, sobre todo, de la capacidad económica de cada hogar.
No se trata de la desaparición del Estado, sino de un traslado de la satisfacción de necesidades que durante décadas fueron resueltas con políticas estatales, a la capacidad individual de cada quien.
A la crisis productiva, la escasez de divisas y la descapitalización acumulada se suma una presión externa que se ha intensificado notablemente en 2026. En enero, Washington amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a Cuba; en febrero prorrogó las restricciones sobre el tráfico marítimo hacia la isla; y en mayo amplió considerablemente el marco para sancionar actividades vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana.
Desde entonces, nuevas rondas en mayo, julio y agosto han alcanzado áreas como la energía, la minería, las finanzas, el turismo, la construcción y el entramado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas, además de funcionarios y estructuras de seguridad. La guerra económica ha apuntado así a varias de las principales fuentes de divisas y financiamiento del Estado cubano, reduciendo todavía más el margen de maniobra de una economía que ya atravesaba una profunda crisis interna.
Ante el colapso de los servicios públicos, la política interna cubana también ha decidido reorganizar qué hace el Estado y qué deja en manos de otros actores. En junio de 2026, el Gobierno aprobó 176 medidas económicas y sociales, agrupadas en 23 ejes, el paquete de reformas más ambicioso de los últimos años. Las medidas amplían el espacio de la iniciativa privada, permiten banca no estatal, buscan atraer capital de cubanos residentes en el exterior y profundizan la descentralización económica.
Vistas desde la vida cotidiana, esas reformas empiezan a institucionalizar algo que la crisis ya había empujado desde abajo: que el Estado no necesariamente sea quien produzca o provea directamente todo aquello que continúa bajo su responsabilidad. La Empresa Cubana del Pan puede poner sus locales y trabajadores mientras una mipyme aporta las materias primas; las nuevas farmacias privadas pueden vender medicamentos cuando la red pública no consigue abastecerlos. El viejo caparazón estatal permanece, pero dentro de él comienzan a cambiar los actores que hacen funcionar algunas de sus piezas.
En medio de tantas sanciones, salidas emergentes a la crisis y transformaciones económicas, hay más de 10 millones de cubanos dentro de la Isla adaptándose a la nueva realidad. Mientras, el piso social que formó parte del proyecto socialista cubano empieza a desmoronarse. En este reportaje se cuenta cómo la crisis mina tres de las funciones básicas de ese Estado garantista: curar, alimentar y garantizar la energía.
Curar
Un médico comienza una guardia en el hospital habanero Calixto García con medicamentos que no pertenecen al centro de salud. Los lleva consigo. Algunos llegaron mediante donaciones; otros los dejó algún paciente; otros aparecieron en las maletas de estudiantes o residentes extranjeros. Entre ellos puede haber antibióticos, antihipertensivos, anticonvulsivantes o psicofármacos. «En teoría, no debería funcionar de esa manera —dice en entrevista anónima con LJC—. Pero si no lo haces, en determinadas circunstancias no puedes trabajar».
La escena se ha vuelto habitual, asegura. Que un fármaco exista en Cuba tampoco significa necesariamente que llegue hasta la cama del enfermo. Entre la adquisición y el hospital intervienen distintas instituciones y el camino puede romperse en varios puntos: puede fallar el suministro o la gestión administrativa. Los antiepilépticos llegan en cantidades pequeñas y muchas veces proceden de donaciones. Con los antibióticos, el doctor puede comenzar un tratamiento sin saber con certeza si tendrá medicamento suficiente para terminarlo.
«Cuando prescribes un antibiótico, haces una indicación de acuerdo con la dosis diaria que utilizará el paciente durante un período determinado. En teoría, la farmacia del hospital reserva el tratamiento para ese paciente», dice. Pero la enfermedad no siempre se comporta como estaba previsto. Si durante el ingreso es necesario aumentar la dosis, hay que hacer una nueva indicación. «Y puede ocurrir que para ese momento ya se haya agotado el medicamento». Entonces se consume lo que queda y se sustituye por otro antibiótico, aunque el cambio pueda incidir en la evolución del enfermo y en el éxito del tratamiento.
Fuera del hospital no acaba el problema. Prácticamente todos los grandes grupos de medicamentos destinados a enfermedades crónicas están afectados en alguna medida. Algunos fármacos desaparecen durante períodos prolongados, otros llegan de manera esporádica. A veces continuar con el tratamiento, una vez terminado el ingreso, puede ser todavía más difícil:
«Desde el punto de vista médico, diría que los grupos más afectados son los pacientes psiquiátricos, los epilépticos y los oncológicos», explica.
Muchos de los medicamentos que necesitan están sujetos a receta y controles estrictos, por lo que tampoco son productos que los importadores privados lleven fácilmente a Cuba. Esto pasa generalmente con los anticonvulsivantes, psicofármacos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos, que llegan de manera irregular a las farmacias y su alternativa en el mercado informal es más reducida.
El médico pone como ejemplo un antipsicótico inyectable que determinados pacientes psicóticos necesitan aproximadamente cada 28 días. Es importado, no se produce en Cuba y llevaba meses sin entrar al país.
«Quien depende de ese medicamento y no puede utilizar otro se queda sin tratamiento. En un paciente psicótico eso puede provocar una descompensación. Estamos hablando de consecuencias médicas graves».
Pero la escasez no afecta a todos de la misma manera. Después del diagnóstico clínico aparece una división fundamentalmente económica. «Desde el punto de vista social, los más afectados son las personas de bajos ingresos: jubilados, pensionados y trabajadores del sector estatal que no reciben remesas ni tienen otras fuentes de ingresos».
En estos momentos no existe un mecanismo general que garantice gratuitamente esos medicamentos a las personas vulnerables, salvo los que llegan mediante donaciones o algún programa especial. El Ministerio de Salud Pública (Minsap), asegura, no está pudiendo mantener un abastecimiento estable y sostenido. En otras épocas hubo faltantes pero nunca en la magnitud actual.
Esta crisis se debe a la falta de divisas e insumos, el deterioro de la producción nacional y los problemas energéticos y logísticos. A ello se suma el bloqueo de Estados Unidos, que dificulta el acceso a financiamiento, proveedores y determinados insumos y tecnologías.
Sin embargo, mucho de lo que falta en las farmacias estatales sí puede encontrarse fuera de ellas. El médico sitúa alrededor de 2020, durante la pandemia, el momento en que el mercado informal y el sector privado comenzaron a ocupar con mayor fuerza ese espacio. Los medicamentos empezaron a circular por redes paralelas y quienes tenían remesas o podían pagar productos importados encontraron una manera de suplir parte de la ausencia estatal.
Con la entrada del sector privado, ese proceso está iniciando otra etapa. egún las últimas reformas, los privados también podrán participar en la venta de medicamentos y abrir farmacias privadas. La norma mantiene la atención médica bajo responsabilidad del sistema público y, según Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, las nuevas farmacias deben funcionar como complemento de la red estatal, no sustituirla.
Pero entre la farmacia estatal que no tiene el medicamento y la privada que comenzará a venderlo existe otra red, mucho menos visible, que lleva años sosteniendo a quienes no pueden encontrarlo por ninguna de las dos vías. Roberto Ramos Mori no es farmacéutico ni trabaja para el sistema de salud. Es gestor de dos redes solidarias que consiguen medicamentos y los hacen llegar a personas que los necesitan.
Una de ellas nació fuera de Cuba. Una organización no gubernamental italiana comenzó enviando pequeñas cantidades de medicamentos a una cubana residente en Italia. Con el tiempo, los envíos crecieron y Roberto y otro compañero terminaron convertidos en voluntarios encargados de distribuirlos dentro de la Isla. La segunda red, Entre Barrios, es más pequeña, la organiza desde Valencia un amigo suyo y funciona fundamentalmente mediante relaciones vecinales y comunitarias.
La mayoría de quienes llegan hasta ellos son adultos mayores y enfermos crónicos. Personas con cáncer buscando analgésicos específicos; diabéticos que necesitan glucómetros, tirillas, agujas y lancetas para controlar su enfermedad; hipertensos buscando su tratamiento; pacientes psiquiátricos tratando de conseguir psicofármacos. Algunos de esos productos son especialmente difíciles de importar debido a las regulaciones que pesan sobre ellos.
Los medicamentos pueden comenzar su recorrido de maneras muy distintas. A veces es un turista que llega a Cuba y deja los que ya no necesita. Otras, alguien viaja expresamente con productos para donar. También hay personas en el extranjero que aportan directamente a las redes. Una vez en Cuba, Roberto intenta encontrar dónde más falta hacen.
Su hermana trabaja en un hospital infantil y eso le permite canalizar determinados medicamentos e insumos para padecimientos pediátricos. Para algunos pacientes psiquiátricos, recurre a un amigo psiquiatra que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. La red más grande ha conseguido incluso abastecer directamente a hospitales.
Pero, ¿qué ocurriría si desaparecieran esas redes?
Roberto piensa primero en la gente del barrio. La organización vinculada a Italia tiene una estructura más estable, pero Entre Barrios depende mucho más del voluntariado. Si dejara de funcionar, dice, varias de las personas a las que atienden perderían una de las pocas vías que tienen para conseguir sus tratamientos. Entre ellas hay enfermos crónicos, incluidos hipertensos, que necesitan medicamentos de manera regular.
Roberto se resiste a decir que ellos hayan sustituido al sistema público.
«Sí, estas iniciativas están complementando el sistema de salud. No creo que estemos sustituyendo completamente sus funciones. En Cuba, a pesar de todas las dificultades, el médico todavía te atiende».
El consultorio sigue ahí. También el médico que examina, diagnostica y escribe una receta. Pero el problema comienza cuando el paciente sale con ese papel en la mano. Y es en ese punto que deja de responder el sistema de salud y empieza a ser determinante el familiar que vive fuera de Cuba, el turista que trae medicamentos en la maleta, el vendedor informal, la mipyme, el voluntario que recibe una donación…
Mercedes conoce bien esa geografía. Ella tuvo dinero y familiares que buscaron hasta encontrar su losartán. Otros no. Quien tiene familiares, amigos o alguien que pueda enviarle medicamentos tiene una alternativa. Quien dispone de dinero puede buscarlos en el mercado privado o informal, aunque tenga que pagar precios muy altos y se arriesgue a que sean falsificados o estén vencidos.
«Pero al que no tiene familia fuera, ni dinero suficiente no se lo está resolviendo nadie. No dejo de pensar que cuando le compré todo el suministro de losartán a esa revendedora, dejé a otras personas sin medicamentos. Es un sálvese quien pueda», dice Mercedes.
La entrada legal de farmacias privadas puede aumentar la oferta y abrir una vía para medicamentos que el Estado no consigue suministrar, pero por sí sola no resuelve el problema del acceso universal a la salud, y crea otros bolsones de desigualdad, pues que un medicamento exista en un mostrador no significa que esté al alcance de quien lo necesita.
Esa separación entre provisión y garantía no es exclusiva de Cuba. Otros países latinoamericanos han recurrido al sector privado para distribuir medicamentos sin trasladar completamente el costo al paciente. En Brasil, por ejemplo, el programa Farmácia Popular permite que establecimientos privados acreditados dispensen medicamentos e insumos incluidos en el programa mientras el Estado financia su entrega a la población; desde febrero de 2025, todos los productos contemplados por el programa pasaron a ofrecerse gratuitamente a los beneficiarios.
Chile ha ensayado otra fórmula. A través de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud de Chile (Cenabast), el Estado utiliza su capacidad de compra e intermediación para obtener medicamentos a precios menores y abastecer tanto establecimientos públicos como farmacias privadas adheridas, donde determinados productos quedan sujetos a precios máximos de venta. En ambos casos, con sistemas sanitarios y economías muy diferentes de la cubana, el principio es semejante: que el Estado deje de ser el único proveedor no implica necesariamente que deje de intervenir entre el precio del mercado y la capacidad de pago del paciente.
El problema de Cuba, sin recursos y con sanciones recrudecidas, es muy difícil que pueda anunciarse con inmediatez algún mecanismo similar. Si las farmacias privadas van a ocupar parte del espacio que la red pública ya no consigue cubrir, queda por decidir quién pagará la diferencia para quienes no puedan hacerlo. Subsidios dirigidos a medicamentos esenciales, compras públicas que aprovechen también las nuevas redes de distribución o mecanismos de regulación de precios son alternativas utilizadas en otros países, aunque su aplicación en Cuba estaría dificultado por la falta de liquidez de un Estado con severas restricciones financieras externas, y una capacidad fiscal mucho menor que aquella con la que sostuvo durante décadas la gratuidad y los subsidios universales.
Alimentar
En algunas de las panaderías estatales y especialmente en las provincias del interior de Cuba la empresa encargada de producir el pan normado solo está abasteciendo a niños, ancianos, hospitales, hogares maternos e infantiles, porque carece de harina, levadura y otras materias primas. Sin embargo, algunos de esos mismos locales vuelven a producir cuando los insumos llegan de otro lugar. «Nosotros ponemos el local y los trabajadores; ellos ponen las materias primas», explica un funcionario de la industria alimentaria sobre las producciones cooperadas con mipymes.
Pero hay dos panes distintos dentro de esta historia. Uno es el que puede producirse mediante esas asociaciones y venderse de forma liberada; otro, mucho más sensible, es el pan de la canasta familiar normada, cuya garantía continúa dependiendo de la disponibilidad estatal de trigo y harina. Según Granma, citando a Osmany Claro Lajares, director general de la Empresa Cubana de Molinería, en un texto fechado en febrero último, «actualmente trabajan tres molinos en el país: el de Santiago de Cuba, que abastece toda la región oriental; el de Cienfuegos, que entrega a la región central; y los molinos de La Habana –Turcios Lima e IMSA–, los cuales abastecen a todo el occidente».
Es precisamente ese pan el que, según el funcionario entrevistado, ha dejado de llegar regularmente a buena parte de la población en su territorio. «Solo se le está dando pan a los niños y a los ancianos mayores de 65 años. El resto de la población no está cogiendo pan», asegura. No todas las panaderías producen siquiera esas cantidades, algunas permanecen cerradas y la elaboración se concentra en determinadas unidades municipales. Cuando finalmente hay harina, aparece otro problema: la electricidad, y parte del pan termina cocinándose con carbón o leña, lo que disminuye aún más el rendimiento.
La empresa estatal aporta la panadería y su plantilla y el privado los insumos necesarios para producir. Después calculan cuánto aportó cada parte y se reparten la producción en esa proporción. Pero la escasez ha desequilibrado la ecuación. «El porcentaje de participación de nosotros es ínfimo, porque no tenemos nada», reconoce el funcionario. El privado puede llevarse su parte para comercializarla o venderla en los propios establecimientos estatales mediante acuerdos con la empresa.
Lo que describe no es una experiencia aislada. A comienzos de 2026, el titular del Ministerio de la Industria Alimentaria, Alberto López Días reconocía al medio estatal Granma la existencia de 4 000 contratos entre establecimientos estatales y mipymes privadas. Solo durante 2025, las materias primas importadas por estas últimas permitieron producir más de 68 000 toneladas de alimentos en instalaciones vinculadas a la industria estatal. En febrero, el director general de la Cadena Cubana del Pan en La Habana afirmaba «el 90 % de las producciones son cooperadas con las formas no estatales de gestión».
La escasez de materias primas también ha alterado la relación entre la empresa estatal y los proveedores privados. La empresa necesita comprarles insumos, pero paga mediante transferencias bancarias y, según el funcionario, muchos proveedores no quieren aceptar un dinero que después tienen dificultades para retirar en efectivo. A eso se suman los problemas de liquidez de la propia empresa, que en ocasiones obligan a pactar plazos de pago. «Casi nadie del sector privado quiere tener relaciones contractuales con la empresa», dice. No necesariamente porque no exista demanda, sino porque para el proveedor venderle al Estado puede significar esperar para cobrar y después no poder disponer inmediatamente del dinero.
Paradójicamente, aunque no consiga garantizar regularmente el producto que justificó durante décadas buena parte de su estructura, la empresa puede mantener indicadores económicos favorables gracias precisamente a las producciones liberadas y a su vinculación con el sector no estatal. Compra materias primas privadas, produce alimentos que puede vender a precios mucho mayores y participa en producciones cooperadas. «Los indicadores de la empresa están bien», explica el funcionario. ¿Producto de qué? «La vinculación con el sector no estatal y la compra de materias primas al sector no estatal».
Pero los consumidores tienen otra realidad tras el mostrador. El pan no ha desaparecido de Cuba, lo que ha cambiado es dónde aparece, quién puede producirlo y a qué precio se consigue. «El sector privado se ha diversificado en la producción de panes y es mucho el pan que hay en la calle», dice el funcionario. Hace una pausa antes de introducir la diferencia fundamental: «Muy caro». En febrero de 2026, por ejemplo, la Cadena Cubana del Pan comercializaba en La Habana su pan liberado de 200 gramos a 120 pesos. Por lo tanto, es otro producto básico que se garantizó, incluso en los años más duros del llamado Período Especial, y que hoy está disponible solo para quien pueda pagar su precio; que de entrada excluye a varios segmentos poblacionales como jubilados o trabajadores del sector presupuestado sin otras fuentes de ingreso.
El funcionario utiliza una expresión más dura para describir lo que ha ocurrido con quienes antes tenían asegurada su cuota: «La gente se adaptó a no tenerlo», y esta es la otra cara de la moneda de una apertura al sector privado, hecha en las condiciones más difíciles de la economía cubana, y sin mecanismos efectivos de redistribución para quienes quedan fuera de la nueva lógica mercantil.
Esto no significa que la única vía sea mantener el acceso universal a servicios y productos básicos mediante la gestión estatal de la producción y la venta. Que el Estado deje de producir o vender directamente una parte de los alimentos no significa que deba dejar su acceso en manos de un mercado que, por las sanciones externas y los tumbos internos, es de por sí inestable.
La experiencia de otros países latinoamericanos muestra formas distintas de separar ambas funciones: el Estado puede dejar de ser el productor o vendedor exclusivo y conservar mecanismos para garantizar que determinados alimentos básicos sean accesibles para quienes no pueden pagar los precios del mercado.
En México, esa intervención pasa por las Tiendas Bienestar, una red pública de más de 25 000 establecimientos distribuida por los 32 estados, con especial presencia en comunidades rurales y vulnerables. A través del plan Alimentación para el Bienestar, el Estado compra productos directamente a pequeños productores —principalmente maíz y frijol, pero también café, cacao y miel— y utiliza su propia red para comercializarlos a precios menores. En 2025, el Gobierno mexicano estimaba que la canasta básica ofrecida en estas tiendas era al menos un 15 % más barata que en otros puntos de venta. El mecanismo, mediante la reducción de intermediarios y la especulación, intenta asegurar un precio al productor nacional y contener el que finalmente paga el consumidor.
Brasil utiliza otra fórmula. Mediante el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el Estado compra alimentos producidos por agricultores familiares y los dirige hacia la población en situación de inseguridad alimentaria a través de restaurantes populares, cocinas comunitarias, bancos de alimentos, escuelas, hospitales y organizaciones asistenciales. El productor continúa siendo independiente y el Estado no necesita convertirse en agricultor ni controlar toda la comercialización, pues utiliza su capacidad de compra para crear un puente entre quienes producen y quienes no pueden garantizar su alimentación únicamente mediante el mercado.
Ninguno de esos mecanismos puede trasladarse mecánicamente a Cuba. México y Brasil cuentan con una producción agrícola, recursos fiscales y acceso a financiamiento muy diferentes, mientras la economía cubana enfrenta una severa escasez de divisas, baja producción interna y restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses. Pero ambas experiencias demuestran que el Estado no necesita producir todo lo que una población come para seguir siendo responsable de que todos puedan comer.
En el caso del pan, si las mipymes ya aportan materias primas y participan en producciones cooperadas con las panaderías estatales, habría que establecer mecanismos de compra pública o subsidio focalizado que pueden garantizar una cantidad mínima a quienes no pueden pagar el pan liberado o privado. Igualmente se pudieran convertir los impuestos monetarios a estos privados —que ya existen— en «impuestos en especie» que garanticen una distribución directa de ese producto básico, al menos a las personas más necesitadas.
La transformación de quién produce, en otras palabras, no tendría necesariamente que significar la desaparición de la garantía pública; el desafío sería decidir qué mínimo debe garantizarse, a quién y cómo financiarlo.
Garantizar la energía
Un apagón no dura lo mismo para todos. Para una familia puede terminar cuando regresa la electricidad; para otra, cuando se instala un sistema de respaldo. Hay quienes han conseguido poner paneles solares, inversores y baterías capaces de mantener funcionando una vivienda durante horas. Otros han comprado poco a poco lámparas solares, ventiladores recargables y cargadores portátiles. Y están quienes, cuando se corta la corriente, apenas pueden esperar a que vuelva.
Raúl pertenece al primer grupo, aunque llegar hasta allí le ha costado buena parte de sus ahorros. La batería, el cargador y el inversor que compró en febrero de 2025 le permitieron durante un tiempo atravesar apagones de cuatro, seis u ocho horas y seguir trabajando en la computadora. Cuando a inicios de 2026 los cortes comenzaron a ocupar prácticamente todo el día y la electricidad regresaba apenas durante unas horas, ya ni siquiera tenía tiempo suficiente para recargar la batería. Por eso compró paneles solares y comenzó a reunir dinero para mejorar el sistema de acumulación.
«La mayoría no», responde cuando se le pregunta si una familia que vive de un salario cubano puede asumir una inversión semejante. «La inmensa mayoría sigue apagada». Profesores universitarios, médicos, ingenieros o trabajadores de una industria difícilmente pueden reunir esas cantidades con sus salarios, dice. Él pudo hacerlo porque trabaja de manera independiente y algunos proyectos audiovisuales con extranjeros le permitieron cobrar directamente en dólares.
Para Lidia, que vive en Villa Clara con un salario estatal, «resolver» significa algo bastante más modesto. En su casa no hay EcoFlow ni un sistema fotovoltaico capaz de alimentar la vivienda. La estrategia se ha construido poco a poco: lámparas solares y recargables, cargadores portátiles y un ventilador recargable. No fueron compras hechas de una vez, sino incorporadas a medida que los apagones se alargaban y cada objeto dejaba de ser una comodidad para convertirse en un básico. Su ventilador, por ejemplo, le costó 20.500 pesos; meses después encontraba equipos similares por alrededor de 60 dólares, unos 40.800 pesos al tipo de cambio informal que utilizaba para hacer sus cuentas.
Pero ninguna de esas pequeñas soluciones resuelve el problema que considera más difícil: cocinar. Su circuito suele disponer de electricidad entre las siete de la mañana y el mediodía y esas horas se han convertido en una carrera doméstica. «Implica hacer maratón en esas horas para tenerlo todo hecho antes del apagón», explica. El poco gas que queda de la última vez que pudo comprarlo, meses atrás, se reserva para situaciones excepcionales. Su abuela tiene todavía menos margen, como su cocina es completamente eléctrica, varias veces por semana la familia debe llevarle la comida preparada cuando no tiene corriente. Un sistema fotovoltaico está fuera de sus posibilidades. Tampoco considera que un crédito bancario sea una salida: asumirlo, dice, significaría permanecer «en deuda por muchos, muchos años». Además, el banco generalmente no presta esas sumas de dinero a personas que no puedan demostrar capacidad de liquidez.
Para que se tenga una idea, un panel solar con una batería pequeña y accesorios de instalación, lo mínimo necesario para conectar una hornilla de inducción, no baja de los 1 000 dólares, siendo conservadores con la cifra. Al 10 de septiembre de 2026, el Banco Central de Cuba situaba el dólar en 651 pesos, mientras el sondeo independiente de elTOQUE lo ubicaba en 688 pesos en el mercado informal. Eso significa que una persona necesitaría entre 651 000 y 688 000 pesos cubanos para garantizar un mínimo de electricidad. La cifra oficial más reciente para el salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado estatal lo sitúa en 7.074,1 pesos, correspondiente a abril de 2026. Con ese ingreso, un trabajador que solicitara un préstamo por el valor íntegro del sistema tendría que dedicar, sin gastar un solo peso en ninguna otra necesidad, entre 92 y 97 meses de su salario completo para pagarlo, es decir, más de siete años.
Además de quienes pueden financiar por sí mismos esa autonomía y quienes simplemente aprenden a vivir sin electricidad, están los que dependen de sus familiares en el exterior. Otra entrevistada, que lleva unos cinco meses sin corriente durante las noches, pudo amortiguar los apagones gracias a la ayuda familiar. En su experiencia, quienes han conseguido instalar un EcoFlow o paneles son sobre todo familias con negocios o con parientes en el extranjero capaces de asumir una inversión que puede sumar varios cientos de dólares. «Si no viene alguien que te dé el dinero, que te mande el EcoFlow y te garantice esas cosas, tienes que seguir viviendo sin corriente», resume.
Tampoco el EcoFlow reproduce la vida anterior al apagón, la energía almacenada obliga a decidir qué se enciende y qué se sacrifica. Puede sostener durante algunas horas ventiladores y pequeños equipos, cuenta, pero cocinar con ella supone consumir una parte importante de la reserva. Tener una batería no elimina entonces la escasez, solo permite administrarla.
En cuanto a la crisis energética, encontrar modelos directamente trasladables a Cuba es difícil porque el caso cubano responde a una combinación excepcional de factores: termoeléctricas envejecidas, mantenimientos e inversiones postergados, falta de divisas, averías recurrentes y una escasez extrema de combustible.
Esa fragilidad se agravó en 2026 con el cerco petrolero estadounidense sobre las fuentes externas de petróleo del Estado cubano. Los suministros venezolanos se interrumpieron y los envíos mexicanos también quedaron sometidos a fuertes pausas ante la amenaza de represalias comerciales de Washington.
La presión alcanzó además a la producción nacional. En junio, Estados Unidos incluyó en su lista de entidades sancionadas a Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa estatal que articula buena parte de la exploración, extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos en Cuba. La medida expuso también a sus socios extranjeros al riesgo de sanciones secundarias. Uno de los casos más visibles fue el de la petrolera australiana Melbana Energy, que participaba en el contrato de exploración y producción del Bloque 9, en la costa norte de Matanzas. Tras la sanción a CUPET, Melbana suspendió su participación financiera, técnica y administrativa en el proyecto mientras evaluaba las posibles consecuencias de continuar operando con una entidad incluida en la lista de OFAC.
Esto también afecta las posibilidades de incrementar la producción doméstica de un crudo que, aunque permite sustituir parcialmente las importaciones destinadas a la generación eléctrica, es pesado y presenta un elevado contenido de azufre y otros compuestos corrosivos. Su uso continuado en las termoeléctricas cubanas favorece la formación de depósitos y la corrosión de calderas y otros componentes, aumenta las necesidades de mantenimiento y acelera el deterioro de instalaciones que ya acumulan décadas de explotación.
Cuba ya ha comenzado a ensayar una respuesta. El Gobierno eliminó aranceles a la importación de sistemas fotovoltaicos, habilitó créditos para su adquisición y desde junio de 2026 permite que hogares y otros consumidores vendan al Sistema Eléctrico Nacional sus excedentes de generación a 90 pesos por kilowatt-hora. En paralelo, la cooperación con China ha permitido ampliar la generación mediante nuevos parques solares —incluido un donativo de 120 MW distribuido en 22 instalaciones— y extender sistemas fotovoltaicos a servicios esenciales, como hospitales, policlínicos y estaciones de bombeo de agua, para reducir su dependencia de una red cada vez más inestable. Nada de esto ha logrado estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional. Aunque la energía solar puede reducir la dependencia de los combustibles importados, alcanzar una capacidad de generación suficiente requiere instalar miles de paneles, ampliar el almacenamiento y realizar inversiones que Cuba difícilmente puede asumir con rapidez.
Como forma de establecer soluciones focalizadas, también se han distribuido módulos solares entre grupos priorizados, incluidos trabajadores de la Salud y la Educación, viviendas aisladas y personas electrodependientes. El problema aparece en el espacio que queda entre esas políticas: quien no recibe uno de esos sistemas necesita disponer del dinero para comprarlo o de ingresos suficientes para asumir un crédito. Para hogares como el de Lidia, que descarta endeudarse durante años para adquirir paneles, la transición energética es materialmente imposible, aunque existan las condiciones técnicas en el país.
Ninguna experiencia regional ofrece una receta para reconstruir el SEN cubano, puesto que las condiciones de la Isla son únicas. Sin embargo, algunos elementos aplicados en otros países pueden servir como referencia para diseñar mecanismos que reduzcan la desigualdad en el acceso a soluciones energéticas y eviten que la transición hacia fuentes renovables dependa exclusivamente de la capacidad de pago de cada hogar.
Durante los meses finales del gobierno de Gustavo Petro fue reglamentado el programa Colombia Solar, dirigido específicamente a hogares con ingresos bajos o medios-bajos para sustituir progresivamente parte de los subsidios tradicionales por sistemas de autogeneración fotovoltaica. La lógica es que una familia vulnerable no tenga que financiar por sí sola los paneles que le permiten reducir su dependencia de la red, el Estado interviene en la instalación y el financiamiento de esa infraestructura.
Igualmente, en junio de 2026, una granja solar comunitaria en Vista Hermosa, Meta, construida con inversión pública, comenzó a permitir que alrededor de 500 familias generaran y consumieran electricidad renovable mediante una infraestructura compartida de 1.628 paneles. En julio de 2026, el Ministerio de Energía informó que los primeros hogares de Villas de San Pablo, Barranquilla, habían reducido en promedio 56,1 % el valor de sus facturas, con casos de hasta 98,1 %.
Brasil sigue otro camino complementario. Desde 2024 funciona el programa Energia Limpa no Minha Casa, Minha Vida, creado para incorporar generación renovable a viviendas sociales y priorizar hogares de bajos ingresos. La norma establece explícitamente como objetivos reducir el gasto eléctrico de esas familias, ampliar su acceso a fuentes renovables y focalizar la política mediante criterios sociales, económicos y energéticos. También permite que los sistemas beneficien áreas comunitarias. Brasil combina esa política con un marco de micro y minigeneración distribuida que permite a los hogares producir su propia electricidad renovable y compensar en la red los excedentes generados.
No obstante, un Estado bloqueado como el cubano tiene dificultades para acceder a la compra de soluciones energéticas en el mercado internacional, pero ¿qué pasaría si el Estado canaliza sus esfuerzos, como ha hecho hasta ahora en otros sectores, en alianzas público- privadas, que le provean de los recursos necesarios? Varias empresas estatales ya han hecho contratos con privados para la instalación de paneles solares.
Ninguno de estos modelos resuelve el problema central cubano —la falta de combustible, el deterioro del SEN y la insuficiente capacidad de generación—, ni puede trasplantarse mecánicamente a una economía con muchas menos divisas y sometida a fuertes restricciones financieras externas.
Pero Colombia y Brasil muestran que, entre el monopolio absoluto de una red estatal deteriorada y la obligación de que cada familia compre su propia salida, existe un espacio de política pública con subsidios focalizados, sistemas solares comunitarios y generación distribuida financiada para hogares vulnerables.
***
Durante décadas, la promesa cubana fue construir un Estado lo suficientemente grande como para que comer, curarse o encender una bombilla no dependieran exclusivamente del dinero de cada familia. Ese Estado no ha desaparecido. Conserva hospitales, panaderías, termoeléctricas, empresas y un enorme poder político y regulatorio. Pero debajo de esa estructura está ocurriendo una realidad paralela: el enfermo busca en el sector privado —formal o informal— el medicamento que el médico prescribe pero la farmacia no tiene; una mipyme lleva la harina que falta a una panadería estatal; una familia compra paneles, baterías e inversores hasta levantar una pequeña infraestructura eléctrica dentro de su casa sin tener que depender de la depauperada red pública.
Quizá la contradicción más profunda de la Cuba actual esté ahí. Mientras el discurso oficial habla de avanzar hacia el socialismo, una parte creciente de la vida cotidiana funciona bajo una lógica cada vez más individual, en la que cada familia debe procurarse en el mercado, en las remesas, en una red solidaria o mediante sus propios recursos aquello que dejó de estar garantizado colectivamente.
El socialismo ha tenido tradiciones muy distintas, pero comparte la aspiración histórica de que una parte sustancial de las condiciones materiales de la vida se resuelva mediante mecanismos colectivos, y que el acceso a bienes fundamentales dependa lo menos posible de la riqueza acumulada por cada individuo.
Las experiencias socialistas del siglo XX llevaron muchas veces esa lógica demasiado lejos, extendiendo la intervención estatal hacia espacios de autonomía personal y concentrando un poder económico y político excesivo. Esa crítica sigue siendo válida, pero también lo es preguntarse qué ocurre cuando el movimiento va en la dirección contraria, y necesidades que afectan a toda la sociedad terminan convertidas en problemas que cada familia debe resolver según sus propios recursos.
El contrato social cubano se sostuvo durante mucho tiempo en una combinación particular entre salarios relativamente bajos y una extensa red de transferencias sociales. El ingreso monetario era solo una parte de lo que recibía un trabajador: salud y educación gratuitas, alimentos y medicamentos subsidiados, electricidad, transporte y otros servicios públicos completaban indirectamente su capacidad de consumo. La propia Constitución de 2019 conserva esa concepción cuando establece que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos para garantizar condiciones de vida dignas y que esa remuneración se complementa con servicios sociales universales y otras prestaciones. También mantiene el principio de distribución socialista según el cual cada persona debe recibir de acuerdo con su trabajo.
Ese equilibrio cambia profundamente cuando las transferencias sociales se reducen y una parte creciente de las necesidades debe satisfacerse mediante relaciones mercantiles. El dinero pasa entonces a ocupar un lugar mucho más central en la reproducción cotidiana, y con él también debería cambiar el papel del salario. Una economía puede incorporar mercados dentro de un proyecto que se defina socialista —China y Vietnam llevan décadas haciéndolo de maneras distintas—, pero esa incorporación exige articular las reglas del mercado con políticas salariales, fiscales y sociales capaces de preservar determinados objetivos de igualdad y protección.
En Cuba, el mercado ha avanzado ocupando los espacios que quedan abiertos cuando el Estado pierde capacidad para sostener determinadas garantías. Ha funcionado, en buena medida, como una respuesta práctica a la escasez y como un mecanismo para movilizar recursos que el sector estatal ya no consigue ejecutar. Pero esa expansión ha ocurrido con mayor rapidez que la transformación del sistema salarial y de protección social. El resultado es una economía en la que buena parte de los precios y del acceso a bienes esenciales responden cada vez más a lógicas mercantiles, mientras una parte importante de los ingresos continúa estructurada bajo las condiciones de un modelo en el que el Estado asumía una proporción mucho mayor del costo de reproducir la vida.
Esa fractura deja a un grupo considerable de personas en una posición especialmente precaria. Trabajadores estatales, jubilados y profesionales de sectores esenciales participaron durante décadas de un sistema que les ofrecía pocas posibilidades de acumulación privada porque buena parte de su seguridad económica descansaba precisamente en las garantías colectivas. Ahora enfrentan una realidad en la que pesan mucho más factores que guardan poca relación con el trabajo realizado: disponer de remesas, recibir ingresos en divisas, poseer una propiedad susceptible de alquilarse, contar con capital previo o estar situado en alguno de los segmentos mejor remunerados de la economía.
Ahí se concentra una de las contradicciones centrales de la transformación cubana actual. El país conserva salarios, pensiones y estructuras de protección diseñados en buena medida para una sociedad donde las transferencias sociales tenían un peso decisivo, mientras el acceso efectivo a una parte creciente de los bienes necesarios para vivir se desplaza hacia el mercado. El mercado aparece, por un lado como forma dinamizadora de la economía, y por otro como parche para la supervivencia cotidiana.
Entre el debilitamiento de las antiguas garantías y la ausencia de mecanismos capaces de redistribuir las oportunidades creadas por esa nueva economía, una parte de la sociedad queda expuesta a unas reglas para las que sus ingresos, su trayectoria laboral y su patrimonio nunca estuvieron preparados. La guerra económica estadounidense explica una parte decisiva del estrechamiento de las posibilidades cubanas, al reducir al mínimo los recursos disponibles, pero una redistribución que proteja a los vulnerables de manera efectiva, es algo que sigue pendiente. Y la soberanía de un país también se juega en la capacidad de sus ciudadanos de no depender de otro país, de un familiar emigrado o de cientos de dólares inalcanzables para satisfacer sus necesidades más elementales.
Tal vez el futuro cubano no dependa de reconstruir el Estado que pretendía hacerlo todo ni de terminar de desmontarlo. Una sociedad puede sobrevivir mucho tiempo aprendiendo a «resolver», somos ejemplo de ello. Pero Cuba necesita dejar de «resolver» y empezar a construir.
(Tomado de La Joven Cuba)
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