The Economist publicó este mes un análisis periodístico y un editorial que coinciden en un argumento con respecto a Cuba. El bloqueo de combustible del presidente Donald Trump, concebido para asfixiar al Gobierno cubano hasta provocar su colapso, ha empujado a La Habana a renunciar al monopolio de las importaciones y convertido a Estados Unidos en proveedor directo del sector privado. A juicio de la revista, Trump ha encontrado, casi por accidente, una herramienta muy eficaz para reducir el control del régimen sobre la economía.
Y Washington se apresura a atribuirse el mérito. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que la política sobre el combustible busca colocar al sector privado cubano en una “posición privilegiada”. El Departamento de Estado va más allá y asegura que su “política hacia Cuba ya ha provocado la mayor privatización de la economía cubana de la historia”.
La causa directa tiene su origen en la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington y la posterior presión sobre Caracas que interrumpieron el suministro venezolano, mientras que la amenaza de Trump de imponer aranceles a cualquier país que enviara combustible al Gobierno cubano ahuyentó a otros proveedores, incluido México.
Ante la parálisis, La Habana amplió en febrero las autorizaciones para importar combustible de forma privada y comenzó a arrendar gasolineras estatales a emprendedores. Por su parte, los departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos autorizaron las ventas de combustibles ligeros a compradores ajenos al Gobierno. Los autos han vuelto a circular y la gasolina ha bajado hasta unos 2,50 USD por litro, aproximadamente la mitad de su precio anterior. Sin embargo, el sistema eléctrico sigue siendo un monopolio estatal y ninguna empresa privada puede refinar crudo ni operar una central eléctrica, por lo que los apagones continúan.
Estados Unidos ha pasado de ser el décimo socio comercial de Cuba al primero en tres años y es ahora su principal proveedor extranjero de alimentos. La revista considera que la ley de hidrocarburos del 12 de octubre, que abre la industria petrolera a la participación privada, es una señal de que la presión está funcionando. El premio mayor sería la posible privatización de las centrales eléctricas y de Cupet y, en última instancia, el debilitamiento de Gaesa.
La revista sopesa un riesgo, una oportunidad y una preocupación. El riesgo es la formación de una oligarquía, pues, según se ha informado, algunos de los nuevos importadores de combustible son hijos de la élite gobernante. El editorial sostiene que Washington puede excluir a las empresas pantalla del régimen y cita la incautación, el 7 de octubre, de unos 90 cargamentos destinados a una compañía estatal sancionada. Concluye que para los cubanos es preferible que los hijos de la clase dirigente se concentren en enriquecerse mediante los negocios privados en lugar de reprimirlos.
La oportunidad está en el crudo venezolano. Una nueva licencia estadounidense permite revenderlo al sector privado cubano, lo que podría reactivar la ruta Caracas-La Habana si Cuba abre la refinación y la generación eléctrica a empresas privadas. La preocupación del editorial es que Trump se conforme con una versión de ese comercio basada en “Estados Unidos primero”, siguiendo el modelo de su acuerdo con Venezuela, en la que las empresas estadounidenses se queden con una parte del negocio y Washington tenga interés en mantener el flujo de petróleo, independientemente de que se produzca un cambio político en Cuba.
Aun así, Washington actúa contra sus propios objetivos. El 30 de septiembre, la misma administración que destaca la “posición privilegiada” del sector privado revocó, sin explicaciones, una norma de 2024 que permitía a los emprendedores cubanos tener cuentas en instituciones bancarias estadounidenses. La consiguiente congelación de cuentas afectó precisamente a quienes su política de combustible había fortalecido. La receta de The Economist es restablecer la norma, garantizar una competencia real y reconocer que un bloqueo sin un objetivo final definido es una puerta abierta para el desastre humanitario.
La magnitud de ese comercio requiere una precisión. El 14 de octubre, la Oficina del Censo de Estados Unidos corrigió sus registros de exportaciones de combustible a Cuba después de que, al parecer, los formularios de embarque en Miami y Tampa hubieran consignado litros o galones como barriles. El volumen registrado de los envíos de diésel y petróleo desde ambos puertos en julio se redujo de casi 3,2 millones de barriles a 182 932, mientras el valor de las exportaciones de ese mes se mantuvo en 61,1 millones de USD.
Las exportaciones acumuladas de diésel hasta agosto se revisaron de 3,66 millones a unos 860 000 barriles, lo que elevó el precio implícito a alrededor de 122 dólares por barril, en línea con las referencias del mercado. Los volúmenes de gasolina podrían estar sobreestimados de manera similar. La afirmación de The Economist sobre unos “volúmenes en aumento sostenido” sigue siendo válida, pero se trata de cantidades más modestas de lo que sugerían las cifras iniciales.
Trump ha encontrado una poderosa herramienta de presión. La pregunta que The Economist deja abierta es si su administración sabe cómo utilizarla.
Fuentes: The Economist (1, 2) | U.S. Census Bureau | U.S. Census Bureau statistical corrections
Deja una respuesta