Confío en que estas notas no incomoden a algunos colegas. Mi propósito es comprender los vacíos conceptuales que percibo en el diseño y el marco operativo del paquete de 176 medidas, posiblemente vinculados con la dinámica de trabajo de los economistas de ciencia abierta que publican sus investigaciones de forma accesible y comparten datos, métodos y herramientas para que otros puedan consultarlos, verificarlos y reutilizarlos.
No encuentro evidencia de que el trabajo de los economistas de ciencia abierta, particularmente los residentes en Cuba, haya influido de forma directa y significativa el diseño del paquete de 176 medidas, ni que ahora tenga impacto en su implementación, reproduciéndose una situación muy similar a la de la Tarea Ordenamiento de 2021. Tampoco hay indicios de que hubiera sido efectiva alguna iniciativa académica colectiva en ese sentido y se desconoce si hay interés oficial en crear espacios abiertos para un análisis académico que presumiblemente incluiría críticas a la política económica actual.
¿Volverán los economistas de ciencia abierta que trabajan en Cuba a dejar pasar otra oportunidad para influir de forma directa y significativa en la política económica, como ocurrió con el Ordenamiento?
Obviamente no es algo que depende únicamente de los economistas. Tampoco se trata en modo alguno de que los economistas de ciencia abierta no hagan análisis críticos ni propuestas propias en Cuba. El problema consiste principalmente en las limitaciones que han sido impuestas políticamente a lo que en Sociología se conoce como “agencia”, es decir, a la capacidad para actuar independientemente y hacer elecciones propias de modo libre.
En rigor, esas limitaciones tienen como causa más profunda la no existencia de un Estado democrático de derecho en Cuba que impide el ejercicio de la libertad académica como el derecho inalienable de investigar, enseñar y difundir el conocimiento sin interferencias indebidas de poderes políticos, económicos o ideológicos.
Ello explicaría las limitaciones que enfrentan los economistas de ciencia abierta residentes en Cuba para influir en su propio entorno social, especialmente en temas de “alta política” como es el caso del diseño e implementación de la política económica del país.
Desde hace tiempo, pero sobre todo a partir de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011 se forjó consenso relativamente amplio entre economistas cubanos, dentro y fuera de la isla, sobre la existencia de graves distorsiones que debían eliminarse.
Ese consenso contribuyó a mantener el tema del cambio económico en la agenda nacional, especialmente en cuanto a priorizar la unificación monetaria y cambiaria, pero hasta ahí funcionó la “agencia” de los economistas de ciencia abierta porque el Ordenamiento se diseñó economistas de ciencia abierta criticaron ex post el diseño, el calendario y los desastrosos resultados del Ordenamiento.
El reciente paquete de 176 medidas ha sido el resultado de un proceso interno de consulta y debates a través de los canales institucionales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno y no se dispone de evidencia verificable de que el trabajo público de los economistas cubanos de ciencia abierta hubiera contribuido de manera estructurada al diseño de las “transformaciones”.
Poco antes de la aprobación del paquete se convocó para consultas un grupo de cinco internamente por las autoridades, auxiliados por especialistas, con un formato de grupo de trabajo cerrado y se implementó en el peor momento, desoyendo críticas y propuestas que se hicieron “por fuera” de aquel formato. Naturalmente, no pocos
economistas, un hecho presentado como iniciativa de la Presidencia del país, orientada a proponer reformas que fueran “más allá” de las parcialmente anunciadas hasta ese momento. No existen reportes públicos detallados sobre el contenido de las consultas ni de las recomendaciones específicas que el grupo pudiera haber hecho.
Tampoco los propios economistas que fueron consultados a última hora han revelado lo que comentaron a puertas cerradas ni las medidas concretas del paquete que pudieron haber propuesto. En el mejor de los casos, la participación de estos economistas pudiera haberse situado más en el ámbito de la asesoría puntual. El apresuramiento de la consulta pudiera indicar un ejercicio de relaciones públicas articulado desde el poder político. Quizás fue esencialmente eso.
Tras la aprobación de las 176 medidas, varios miembros del grupo publicaron análisis del paquete valorándolo positivamente en términos generales, pero catalogándolo como un conjunto de medidas insuficientemente integrales, con falta de secuencia, ausencia de estabilización macroeconómica clara, y carencia de un componente de emergencia, entre otras críticas.
Economistas de ciencia abierta y grupos de trabajo.
También es probable que algunos economistas académicos que residen en Cuba hubieran contribuido al diseño del paquete de 176 medidas, pero en el marco cerrado de “grupos de trabajo” o de “comisiones”. Por eso es importante entender la notable diferencia que tal modalidad tiene respecto al trabajo de ciencia abierta.
El trabajo de los economistas de ciencia abierta se difunde de forma accesible y transparente a través de artículos, análisis, blogs, redes sociales, medios independientes o académicos, y queda disponible para el escrutinio de la sociedad, los decisores y otros expertos, a diferencia del asesoramiento restringido a grupos de trabajo cerrados o canales internos.
El trabajo abierto de los economistas académicos es fundamental porque ofrece a los decisores un rango diverso de visiones y propuestas técnicas que pueden enriquecer el diseño y la implementación de la política económica. Como contraste, las invitaciones a grupos de trabajo cerrados pueden ser útiles, pero su alcance es limitado.
El debate público tiene un valor cívico superior porque amplía el escrutinio, genera legitimidad y permite el contraste de ideas, facilitando que se perfeccionen de forma transparente, algo que los espacios cerrados, por sí solos, no logran.
Incluso durante la reforma económica iniciada en China a finales de la década de 1970, probablemente una experiencia “inspiradora” para el PCC, llegaron a coexistir ocho “escuelas de pensamiento” económico que debatieron públicamente. ¿Cuántas “escuelas de pensamiento económico” reformista existen hoy en Cuba? La verdad es que no logro identificar ninguna.
Las fases del ciclo de política económica.
Las fases del ciclo de política económica se refieren principalmente al proceso de elaboración, implementación y evaluación de las políticas económicas. Es decir, una perspectiva del ciclo de las políticas públicas aplicada al ámbito económico que se utiliza en la gestión pública orientada a resultados.
Aunque existen variaciones según autores e instituciones, las fases comúnmente aceptadas son las siguientes:
1. Diagnóstico, identificación del problema y formulación (también llamada fase de diseño)
Identificación del problema, análisis de alternativas y definición de la política (objetivos, instrumentos, indicadores, presupuesto requerido para la política en cuestión, etc.).
2. Implementación (también llamada fase de ejecución).
Puesta en marcha operativa de las acciones, programas o las medidas diseñadas.
3. Seguimiento (también llamada fase de monitoreo).
Proceso continuo y sistemático sobre avances, uso de recursos, resultados y cumplimiento de metas durante la ejecución con el objetivo de detectar desviaciones a tiempo, emitir alertas tempranas y permitir ajustes operativos. Es una fase que funciona de manera simultánea a la fase de implementación.
4. Evaluación.
Análisis más profundo que valora la pertinencia, eficiencia, eficacia, resultados, impactos y efectos no esperados de las medidas. Genera recomendaciones para reformular, continuar o terminar las políticas implementadas.
5. Reformulación, continuación, o terminación de políticas.
Decisión basada en los resultados del seguimiento y de la evaluación que permite ajustar, mantener, ampliar o eliminar las políticas implementadas. Esto cierra el ciclo de las fases de política económica y puede reiniciarlo, en caso de que esa fuese la decisión.
¿En cuáles fases tiene mayor incidencia el trabajo de los economistas de ciencia abierta?
Los economistas académicos suelen tener más incidencia en la fase de “diagnóstico, identificación del problema y formulación”, y también en la de “evaluación”.
En el “diagnóstico, identificación del problema y formulación (diseño)”, es donde usualmente más aportan al enmarcar conceptualmente los problemas, proponer alternativas respaldadas por análisis apoyado en evidencias, e identificar indicadores que los decisores pueden adoptar. Esa influencia es más fuerte al inicio del proceso, sobre todo en contextos de crisis, incertidumbre o cuando el tema se percibe como muy técnico, antes de que se haya comprometido demasiado capital político en una opción concreta.
En la fase de “evaluación”, el aporte de los economistas de ciencia abierta también puede ser considerable debido a que las evaluaciones de impacto requieren una alta capacidad profesional para medir resultados, efectos no deseados y relaciones de causalidad. Esa evidencia acumulada y sistematizada termina, en muchos casos, alimentando ajustes o rediseños posteriores de política económica.
En cambio, el peso del trabajo de los economistas de ciencia abierta es bastante menor en la fase de “implementación”, que suele ser conducida principalmente por las estructuras burocráticas bajo el control de decisores que se ubican en varios niveles de poder. Igualmente, la incidencia de los académicos es baja en el proceso de monitoreo, que es más una tarea de gestión interna.
En cualquier caso, el nivel de impacto real no es automático porque depende de la relevancia de los temas, de que existan canales efectivos de transmisión entre academia y gobierno (incluyendo el propio debate público), y también de la coyuntura política.
¿Cuáles oportunidades pudieran existir ahora para los economistas de ciencia abierta, en medio de la implementación del paquete de las 176 medidas?
En mi opinión existen dos oportunidades notables en estos momentos. Una de ellas es consecuencia del deficiente esquema de seguimiento que se hizo en la fase de diseño, especialmente en el área de estabilización macroeconómica, y la otra oportunidad se deriva del enfoque torcido de normas que debilitan la capacidad del paquete de las 176 medidas para prevenir la captura de activos estatales por parte de actores con acceso a información y cercanía al poder.
Es decir, no habría que descartar la probabilidad de que esas fisuras del diseño probablemente devuelvan al “trabajo de mesa” dos componentes operativos cruciales de las medidas que, además, son importantes para la credibilidad del paquete.
Un paquete económico sin plan de estabilización macroeconómica definido.
El paquete de 176 medidas no establece ni ha informado de manera explícita la adopción de un ancla nominal (cambiaria, monetaria o de meta de inflación) ni tampoco es visible un eje de estabilización macroeconómica que articule política monetaria, fiscal, cambiaria y de precios.
El paquete incluye instrumentos dispersos sobre tipo de cambio, precios, y control de gastos, pero sin quedar subordinado a una referencia central (ancla nominal) que permita ordenar la secuencia de las transformaciones y que establezca condiciones para crear expectativas creíbles.
No se trata de una omisión menor porque deja el paquete de 176 medidas sin un punto de apoyo visible para reducir la incertidumbre y contener riesgos de inflación de costos, devaluaciones descontroladas, o una mayor segmentación cambiaria, con independencia de lo que diga la letra del paquete y sus normas acompañantes.
En síntesis, la ausencia de un ancla explícita para la macro estabilización es probablemente la debilidad más visible del paquete de las 176 medidas. Es un defecto que “se ve a una legua”. Es lo primero que se busca en un programa económico que se diseña en la intersección de decrecimiento económico y de alta inflación y es precisamente, lo primero que no se encuentra en el paquete de las 176 medidas, al menos en lo que se ha hecho público.
Me inclino a pensar que pudiera ser el efecto de haber presentado anteriormente una “Tarea Ordenamiento” que estaba supuestamente bien estructurada, con definiciones claras del ancla nominal principal de la estabilización (tipo de cambio fijo de 1 USD = 24 CUP que representó una devaluación de aproximadamente 24 veces), de sus conexiones con otros indicadores (precios mayoristas, precios minoristas, y fondo de salarios) que contaban con metas cuantitativas precisas según lo que pudiera llamarse la “fórmula Murillo” que preveía un crecimiento del fondo de salarios de 4,9 veces, claramente superior al crecimiento de 1,6 veces de los precios minoristas, mientras que el aumento en 12 veces de los precios mayoristas quedaría por debajo de una devaluación de aproximadamente 24 veces, una fórmula que supuestamente generaría una corrección favorable de precios relativos.
Las ilusiones puestas en aquel diseño se evaporaron muy rápidamente y parece que el temor a repetir aquel ridículo ha prevalecido ahora sobre la necesidad de hacer un diseño robusto del anclaje de política de estabilización macroeconómica que condiciona la viabilidad del paquete de 176 transformaciones.
Una apertura con riesgos de captura de activos públicos y otros actos de corrupción.
Aquí no se trata de una ausencia de definiciones, sino de que las normas legales que ya existen son deficientes. Es un tema que he abordado anteriormente y sobre el que prefiero repetirme a tener que citarme.
El problema con lo que se plantea hacer según las 176 medidas con parte de los activos públicos (venta, usufructo, licitaciones, concesiones) radica en el procedimiento adoptado en una serie de normas ya publicadas porque no se separa a quien decide de quien compra, ni existen concursos verificables o transparencia sobre el beneficiario final. Este marco laxo favorece que los activos públicos sean capturados por quienes ya disponen de información y vínculos con el poder.
En suma, estos procedimientos facilitan la captura privada de activos estatales —empresas, acciones, locales, tierras o derechos de superficie— que, pese a considerarse bienes públicos, terminan bajo el control de personas con acceso previo al sistema, ya sea mediante la propiedad formal o una privatización de facto.
Es preferible una privatización abierta, bien regulada y orientada al interés público que la actual combinación de privatización directa opaca y privatización de facto escasamente regulada.
Están ausentas reglas mínimas como que quien decide no puede comprar, la identidad del comprador debe ser pública, el precio no puede fijarlo unilateralmente el vendedor, y los ingresos no deben permanecer en la entidad que cede el activo. Sin estas garantías, acreditar el origen lícito de los fondos es insuficiente porque no garantiza que la operación esté libre de captura.
No hace falta otra declaración de principios del gobierno cubano, sino reglas estrictas, aplicadas bajo control sistemático, que separen la gestión del activo de quienes poseen información privilegiada o vínculos con los decisores. Solo así cada cesión de activos estatales será verificable y transparente.
¿Qué se observa y qué se necesita?
¿Existe un debate abierto en Cuba entre economistas de ciencia abierta para superar, quizás a tiempo, la endeblez de un paquete de transformaciones sin anclaje explícito de estabilización macroeconómica?
Hasta donde conozco, no existe tal debate, pero si existiera un debate “cerrado”, entonces convendría que se hiciera público porque sin condiciones claras para crear expectativas creíbles sobre inflación y crecimiento económico, los eventuales inversionistas nacionales y extranjeros no dispondrán de una “pantalla de control” que los oriente.
¿Existe un debate abierto en Cuba entre economistas de ciencia abierta -en interacción con especialistas jurídicos- acerca de hasta qué punto las reglas actuales de cesión de activos públicos (venta, usufructo, licitaciones o concesiones) en el marco de las 176 medidas permiten distinguir entre una privatización orientada al interés público y una captura de facto por actores con acceso privilegiado a información y poder, y sobre qué mecanismos mínimos de separación de funciones, divulgación del beneficiario final y control externo serían necesarios para reducir ese riesgo?
Hasta donde conozco, no existe un debate abierto, pero si existiera un debate “cerrado”, sobre el tema entonces convendría que se hiciera público porque desestatizar activos públicos sin normas anticorrupción robustas no solamente crea incentivos para el expolio de activos “de todo el pueblo”, sino que pudiera ser el camino más corto entre el actual modelo económico y un capitalismo de compinches.
Son dos temas cruciales sobre los que considero que los economistas académicos en Cuba tienen la capacidad para hacer valiosos aportes. Es solamente una cuestión de si deciden tomar la iniciativa.
Una vez que se ha publicado el paquete de las 176 medidas y sus normas acompañantes, las críticas que señalan de manera general su falta de integralidad, su insuficiente profundidad o el hecho de que debió haberse adoptado antes, entran en una dinámica de “rendimientos decrecientes” porque esas limitaciones son ya conocidas por los decisores, aunque no las reconozcan públicamente.
Una vez definido y publicado el marco operativo del paquete, la contribución de los economistas de ciencia abierta pasa a centrarse en identificar sus fisuras y carencias prácticas, analizar los problemas que generan y formular propuestas específicas y viables para corregirlos.
El análisis de la falta de integralidad debe concretarse porque ahora es preciso identificar qué componentes del marco operativo ya existen, pero no se conectan ni se refuerzan entre sí, y proponer los elementos y vínculos ausentes. En este sentido, los dos temas señalados -el ancla de estabilización y el riesgo de captura de activos públicos- ofrecen oportunidades claras para examinar la falta de coherencia y de lógica sistémica.
(Tomado de El Substack de Pedro)
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