¿Qué factores explican que, desde la implementación de la Tarea Ordenamiento en 2021, el salario medio estatal en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler haya pasado de superar apenas el promedio general a situarse cerca del 146 %, mientras que los salarios de educación y de salud pública y asistencia social han caído por debajo de ese promedio?
Los datos de salario medio publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) evidencian una marcada divergencia entre los salarios estatales sectoriales y el promedio general desde 2021, año de la Tarea Ordenamiento. El salario en «servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler» pasó de representar alrededor del 103-104 % del promedio estatal en 2020 al 146,4 % entre enero y septiembre de 2026. En cambio, educación descendió de cerca del 104 % al 79,2 %, y salud pública y asistencia social, de aproximadamente el 107 % al 95,3 %.
La brecha responde en gran medida a las diferencias estructurales entre los sistemas empresarial y presupuestado. Las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales —con unos 100.000-120.000 trabajadores— se concentran en el ámbito empresarial, que ofrece mayor flexibilidad para aplicar pagos por resultados, distribuir utilidades y vincular la remuneración a la eficiencia o a actividades de mayor valor. Por el contrario, educación y salud dependen sobre todo del presupuesto estatal, con escalas salariales más rígidas y menor capacidad para generar ingresos propios.
Además, la inversión y la asignación de recursos han favorecido claramente a los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y el alquiler, en buena medida vinculados al turismo y la hotelería pese a su declive. Educación y salud, en cambio, han recibido proporciones muy bajas, aunque reúnen a varios cientos de miles de trabajadores —cerca de un tercio del empleo estatal— y absorben una parte importante del fondo salarial. Esto ha ampliado la desigualdad dentro del sector estatal, en un contexto de alta inflación que ha reducido el poder adquisitivo general, con mayor impacto en ámbitos esenciales para el desarrollo social, como la salud y la educación.
No está claro cómo el paquete de 176 medidas de las “Transformaciones Económicas y Sociales”, que incluye ajustes salariales recientes en el sector presupuestado, corregirá esta divergencia estructural. Aunque se han anunciado aumentos en sus escalas salariales, se desconoce si incorporan mecanismos para acortar la brecha entre las actividades empresariales con mayor flexibilidad remunerativa —como los servicios empresariales e inmobiliarios— y los sectores sociales. También persisten dudas sobre su sostenibilidad ante las restricciones fiscales, la inflación y unas prioridades de inversión que siguen favoreciendo otras áreas.
(Tomado de El Substack de Pedro)
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