Desde las dos aceras

 Jorge Gómez Barata/La Habana
Cuando el conflicto israelo-palestino sigue en curso, arrecia la guerra en Europa que involucra a unos 50 países, 32 de ellos parte de la OTAN y cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, poseedores de armas nucleares y la confrontación de Estados Unidos contra Irán se incrementa, como cada año desde 1901, se ha entregado el Premio Nóbel de la Paz.
A pesar del visible retroceso experimentado por el movimiento por la paz en Europa y otros países, todavía existen millones de críticos de las guerras y miles de pacifistas, 287 de los cuales fueron nominados para el Premio Nóbel de la Paz. Seguramente muchos cuentan con méritos suficientes para ostentar la distinción.
Una de ellas, la magistrada sudafricana Navanethem “Navi” Pillay (1941), a juicio del Comité Nóbel del Parlamento de Noruega, reúne las calificaciones necesarias para recibir la presea en 2026, otro año aciago para la paz en el mundo.  
La galardonada, primera mujer negra en ser jueza y parte del tribunal supremo de Sudáfrica. Hija de un conductor de autobuses y desde su juventud defensora de Nelson Mandela, fue la primera en poseer un gabinete de abogados y desempeñarse como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) (2003-2008) y ostentar la condición de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008-2014).
Desde tales cargos, tomó parte en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y genocidios en Ruanda y Palestina (2021-2025), participó en los trabajos de una comisión de investigación de la ONU sobre Territorios Palestinos Ocupados, la cual concluyó que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant estuvieron entre los incitadores de aquella barbarie.
En fecha reciente, formó parte del equipo de jueces de la Corte Internacional de Justicia que investigó las denuncias a líderes de Myanmar acusados de genocidio.
En Washington y Tel Aviv la asignación del Nobel a Pillay, ha provocado reacciones de ira y desdén. Inmediatamente la administración de Donald Trump promovió nuevas y severas sanciones contra la CPI y sus integrantes.
   Fundada el 17 de julio de 1998 a partir del Estatuto de Roma como tribunal de justicia internacional competente para conocer denuncias, investigar y juzgar a personas (no países ni instituciones) acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio, agresión y lesa humanidad. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos.
El antecedente más directo de esta institución fueron los tribunales internacionales establecidos para juzgar a los criminales de guerra de la II Guerra Mundial, constituidos en Núremberg, Alemania y Tokio, Japón en 1945 y 1948, respectivamente.  
Los estudios y debates respecto a la pertinencia de una organización semejante, maduraron al calor de los crímenes, tildados de genocidio cometidos en la ex Yugoslavia durante los disturbios políticos ocurridos allí entre 1991 y 1995.
En 1998 fue adoptado el Estatuto de Roma, así nació la Corte Penal Internacional (CPI), el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de juzgar y condenar crímenes cometidos por individuos, en contra del derecho internacional.
En 1998  y en 2000, la Asamblea General de la ONU endosó el acuerdo que, una vez ratificado por 60 países entró en vigor en 2002. A la altura de 2026, 125 países suscribieron el Estatuto de Roma.
El gobierno de los Estados Unidos procura impedir que sus ciudadanos sean juzgados en tribunales extranjeros, rechaza cualquier acuerdo al respecto y en 2002 retiró a su país del Estatuto de Roma. También lo han hecho Filipinas, Burundi, la Venezuela post bolivariana anunció su salida y Colombia evalúa su permanencia en ella
A pesar del número de países que la integran, la situación de la CPI nunca fue de solvencia absoluta pues países muy importantes como Estados Unidos, Rusia, China, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de India, Israel, Irak y otros no han firmado o ratificado el Estatuto. Ello implica que no sólo no acatan sus decisiones, sino que algunos son críticos de la entidad y otros como Estados Unidos han sancionado a algunos de sus jueces, funcionarios y a la propia Corte.
Este año, el paso está dado. El máximo galardón en materia de lucha por la justicia y la paz ha sido entregado; para muchos esta vez se ha hecho justicia. Enhorabuena por la agraciada. Allá nos vemos.
(Tomado de el diario ¡Por esto! )