El 30 de septiembre, Estados Unidos endureció las sanciones contra Cuba con medidas dirigidas directamente al sector privado. Los bancos bajo jurisdicción estadounidense ya no pueden abrir ni mantener cuentas para empresarios cubanos independientes y deben congelar las cuentas y los fondos existentes, a menos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo autorice específicamente. Esta decisión revierte una apertura aprobada por la administración Biden en mayo de 2024. El acceso a los fondos congelados requerirá una licencia específica de la OFAC.
La autorización bancaria prevista para 2024 nunca llegó a concretarse. Como señaló el economista y empresario Oniel Díaz, pocas empresas privadas habían logrado abrir cuentas en Estados Unidos debido a que los bancos, preocupados por las sanciones, carecían de la orientación suficiente de la OFAC para incorporarlas como clientes.
Este cambio de rumbo frustra las esperanzas de reducir los costos de las transacciones de importación mediante el acceso al sistema bancario estadounidense. Actualmente, los empresarios dependen de intermediarios en terceros países, como Panamá y España, que cobran comisiones por procesar dichas transacciones.
El Grupo de Estudio sobre Cuba instó recientemente al gobierno a que proporcionara a los bancos directrices y garantías claras para que pudieran abrir cuentas a empresarios privados cubanos, tal como lo había autorizado la administración Biden.
«Se termina con una relación tortuosa», dijo Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, en una entrevista con WLRN. «Esta administración quiere llevar a Cuba al límite, pero no empujarla al abismo hacia un colapso total del que sabe que luego será responsable… Así que deja a la isla con soporte vital, con Estados Unidos como principal proveedor de ese soporte, el combustible, el pollo y los productos básicos de higiene, que fluyen a través del sector privado cubano, pero sin hacer más para empoderar o reconocer formalmente a ese sector privado».
Las normas del 30 de septiembre también revocan la autorización para las transacciones de «retorno», que permitían a los bancos estadounidenses procesar ciertas transferencias relacionadas con Cuba que se originaban y finalizaban fuera de Estados Unidos. Asimismo, amplían la prohibición de transacciones financieras directas e indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba, que abarca empresas y organizaciones vinculadas a los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos.
También se retiró la autorización para asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en Cuba, con fecha límite del 30 de octubre para finalizar ciertas transacciones previamente autorizadas. Asimismo, se eliminaron los viajes educativos grupales de intercambio cultural. Las actividades educativas que aún estén autorizadas deben ser supervisadas por una organización estadounidense y, en la mayoría de los casos, acompañadas por su representante.
También se están intensificando los controles en los puertos estadounidenses. El 7 de octubre, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami anunció la incautación de 90 cargamentos que transportaban aproximadamente 615 000 galones de biodiésel, valorados en más de 2,8 millones de dólares, en Port Everglades y el Puerto de Houston. Las autoridades indicaron que el combustible tenía como destino Enetec SA, empresa que, según afirman, el gobierno cubano utilizaba para recibir combustible exportado ilegalmente desde Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. detectó los cargamentos a principios de septiembre mediante análisis de inteligencia y datos comerciales, en colaboración con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
Enetec es una agencia estatal de importación que gestiona el despacho de aduanas, el almacenamiento y la entrega a los usuarios finales. El Departamento del Tesoro la incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) en julio, mediante una orden ejecutiva dirigida a entidades cubanas consideradas una amenaza para la seguridad nacional o involucradas en la represión. Aún no está claro quién compró el combustible. Una persona vinculada a uno de los exportadores declaró al Miami Herald que el combustible se destinaba a empresas privadas con licencia y que Enetec «nunca se hace responsable del producto».
La orden ejecutiva exime las actividades autorizadas bajo las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, y la empresa había recibido una garantía por escrito de la OFAC de que sus transacciones estaban autorizadas, según un documento revisado por el Herald. Si esta versión es correcta, Washington confiscó combustible destinado al mismo sector privado que dice querer fortalecer.
(Tomado de Cuba Review)
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