Los escucho con atención.
Desde hace dos meses escuchamos críticas a una visión de Cuba basada en una economía social de mercado y un Estado democrático de Derecho. El cuestionamiento es legítimo, pero resulta difícil de entender porque sus autores no precisan qué alternativa proponen.
Tal vez prefieran un modelo económico socialista —propiedad estatal de los principales medios de producción, planificación central y subordinación del mercado al plan— y una dictadura del proletariado —partido único de vanguardia, concentración del poder y primacía del partido sobre el ciudadano soberano—. Digo «tal vez» porque esa corriente explica lo que rechaza, pero no define lo que propone.
Uso la expresión «dictadura del proletariado» porque describe el modelo con más franqueza que el lenguaje oficial adoptado desde comienzos de la década de 1990. Fórmulas como «Estado socialista de obreros y campesinos», poder del «pueblo trabajador» y PCC como «vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera» fueron sustituidas por «Estado socialista de Derecho», «socialismo irrevocable» y partido único como «fuerza política dirigente superior».
Dejó de nombrarse la dictadura del proletariado, pero cambió el léxico, no el modelo.
¿Qué alternativa económica consideran los críticos que es superior a una economía social de mercado con estos componentes?
– Iniciativa empresarial privada y precios determinados por la oferta y la demanda.
– Competencia, protegida frente a monopolios y carteles, como motor de eficiencia e innovación.
– Un Estado que no dirige detalles de la producción, sino que establece reglas estables: competencia, estabilidad monetaria, libertad contractual y responsabilidad por las decisiones.
– Intervención estatal para corregir fallos del mercado, no para sustituirlo.
– Políticas que garanticen un mínimo de dignidad —seguridad social, educación y protección frente a riesgos— sin eliminar la responsabilidad individual.
– Distribución de la riqueza compatible con la cohesión social.
¿Qué alternativa política consideran los críticos que es superior a un Estado democrático de Derecho con estos componentes?
– Gobernantes, partidos y ciudadanos están sometidos al Derecho.
– Separación de poderes y control judicial: Legislativo, Ejecutivo y Judicial se limitan entre sí. Un poder judicial independiente e imparcial revisa las decisiones del Estado, protege los derechos y evita la captura partidista de las instituciones.
– La soberanía reside en el pueblo.
– Los partidos representan a la ciudadanía, pero no son titulares del poder ni pueden apropiarse del Estado.
– El poder se ejerce mediante mandatos temporales obtenidos en elecciones libres y multipartidistas.
– La mayoría no puede suprimir la dignidad, la igualdad ante la ley ni las garantías que protegen a las minorías.
– Las libertades inalienables no son concesiones del gobierno, sino derechos que el poder no puede abolir, aunque pueda regular su ejercicio. Entre ellas:
o Integridad física y moral.
o Libertad y seguridad personales, sin detenciones arbitrarias.
o Privacidad, honra e inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones.
o Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
o Libertad de opinión y expresión.
o Libertad de buscar, recibir y difundir información.
o Libertad académica y de creación.
o Libertad de reunión pacífica.
o Libertad de asociación, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones civiles.
o Sufragio libre y participación en los asuntos públicos.
o Igualdad ante la ley y no discriminación.
o Debido proceso, derecho de defensa y juez independiente e imparcial.
o Libertad de trabajar y emprender.
o Derecho de propiedad, con función social y límites legales, sin confiscación arbitraria.
o Libertad contractual.
La lista es extensa, aunque no exhaustiva, porque conviene contrastarla con precisión con los detalles del modelo político que proponen quienes cuestionan un Estado democrático de Derecho en Cuba.
Tres consideraciones finales:
– La economía social de mercado, entendida aquí de modo más amplio que el caso alemán de posguerra —un modelo con componentes comunes y precisables—, no es privilegio de países ya ricos. Quien lo afirma confunde el fruto con la semilla. Ese orden no nace hecho: se edifica con instituciones, y eso exige tiempo.
– No es razonable presentar los problemas de las democracias de la región como prueba de que Cuba no debe intentar construir un Estado democrático de Derecho. Los errores ajenos no justifican restringir libertades y derechos en Cuba. Ese razonamiento descarta la opción por analogía o fatalismo, no por sus méritos.
– Quienes cuestionan un Estado democrático de Derecho en Cuba no discuten un detalle técnico. Hay derechos inalienables que ni la mayoría, ni un partido, ni el Estado pueden abolir. Solo pueden limitarse por ley, de manera proporcional y bajo control judicial. Sin esas garantías no hay soberanía popular, sino poder partidista sin límites.
Por tanto, vuelvo a preguntar: ¿pueden quienes rechazan para Cuba una economía social de mercado y un Estado democrático de Derecho identificar con precisión los componentes de los modelos económicos y políticos que proponen?
Los escucho con atención.
(Tomado de El Substack de Pedro)
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