Notas a partir del Último Jueves de Temas.
La relación entre mercado y planificación fue el segundo tema debatido en la sesión de “Último Jueves” del 24 de septiembre, dedicada a “Partiendo los nudos de la política económica: las alternativas”.
Los organizadores formularon así la tesis de debate: “Un mercado libre regulado: que funcione hacia adentro y hacia afuera, de manera coherente, y que guarde una relación nueva con la planificación, de carácter estratégico”.
Mi primera observación es que, en reformas dirigidas por un partido comunista, la comparación útil no es la habitual entre “plan y mercado”, sino entre “plan de comando” y “plan orientativo más mercado bajo tutela política”.
La fórmula es simple: el mercado asigna la mayoría de los flujos, el plan orienta y el Estado conserva los nodos estratégicos.
En otras palabras, el Partido fija el rumbo, el mercado organiza la actividad cotidiana y
el Estado interviene donde juzga que el mercado es insuficiente o inconveniente.
Mi segunda observación es que el término “mercado” no figura en la denominación oficial del modelo económico que podría surgir de la aplicación de las 176 medidas.
La definición oficial no habla de “mercado regulado”, sino de una economía socialista de dirección planificada, con predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales, que admite y regula el mercado sin convertirlo en principio organizador del sistema.
Por ello, usar “mercado” como etiqueta del modelo cubano contradice la nomenclatura oficial. El documento rector presenta una actualización del socialismo cubano, no un tránsito declarado hacia un régimen mercantil.
Una interpretación es que el Gobierno cubano intenta adoptar de China y Vietnam el rumbo práctico —más mercado y menos asignación física— sin incorporar “mercado” a la denominación oficial de su modelo. Emula acciones y orientaciones, pero evita esa palabra al definir la reforma.
China y Vietnam “siguen planificando”, pero el plan ya no sustituye al mercado: orienta la estrategia, la industrialización y el control político sin distribuir insumos fábrica por fábrica. Sus fórmulas —economía de mercado socialista o de orientación socialista— preservan la continuidad política y reconocen el cambio de mecanismo. En Cuba, en cambio, “mercado” no forma parte de la denominación oficial del modelo.
Mi tercera observación parte de una visión de sociedad distinta de la compatible con el modelo oficial cubano. Propongo una transformación política e institucional capaz de sostener una economía social de mercado en un Estado democrático de Derecho.
Entiendo la economía social de mercado en sentido amplio —mercado, regulación, competencia y protección social—, no como una réplica del modelo alemán de posguerra. Se apoya en tres premisas. Primera: el mercado es el principal mecanismo de coordinación, pero requiere un marco jurídico que garantice libertad económica, propiedad privada, competencia, protección al consumidor y límites claros a la discrecionalidad estatal. Segunda: sus fallas justifican una intervención pública acotada, regulaciones eficaces e instituciones independientes que protejan la competencia. Tercera: el objetivo superior es el bienestar social; la eficiencia del mercado es un medio, no un fin.
Un Estado democrático de Derecho exige libertades de expresión, asociación y prensa; elecciones libres, competitivas, pluripartidistas, inclusivas, periódicas y transparentes; y la sujeción de gobernantes y poderes públicos a la Constitución y la ley. Estos principios someten el poder al control democrático y a la rendición de cuentas. No hay Estado de Derecho pleno si un partido monopoliza la dirección estatal, define lo permitido y no puede ser desplazado por vías constitucionales ordinarias.
Aspirar a un Estado democrático de Derecho en Cuba no implica copiar el presidencialismo débil, la captura judicial ni el caudillismo electivo que han fracasado en varios países de la región. Significa exigir un mínimo: una Constitución por encima del Partido, jueces independientes y la posibilidad de cambiar pacíficamente de gobierno sin represalias. Cabe debatir qué contrapesos harían viable esa transición, pero no descartarla por analogía o fatalismo.
Mi cuarta observación es que las 176 transformaciones no deben tratarse como un catálogo de intenciones sujeto al criterio de quienes las aplican o comentan. Son decisiones de política pública y su cumplimiento puede verificarse.
No corresponde opinar si las medidas “avanzan” o “se sienten en la práctica”, sino medir cada medida o eje mediante indicadores de proceso y resultado, plazos y umbrales mínimos. Así, la evaluación deja de depender de interpretaciones y pasa a comprobar si se cumplió, en qué grado, en qué plazo y con qué evidencia.
Qué dice el paquete de 176 medidas.
El Eje 3, dedicado a transformar el sistema de planificación, aborda la relación entre plan y mercado. Sin embargo, “mercado libre regulado” no es una denominación oficial de las 176 medidas. El texto menciona señales de mercado, planificación financiera y abandono gradual de la distribución física de recursos, aunque el Estado mantiene balances de alimentos, energía, divisas y presupuesto.
Asimismo, “estratégica”, aplicada en la tesis a la planificación, no aparece oficialmente como rasgo sustantivo del conjunto del sistema económico.
En el Eje 5, el término solo aparece como una competencia municipal.
El Eje 3 —el principal para la relación entre plan y mercado— emplea otro vocabulario: “mediano y largo plazo”, “diseño del desarrollo”, “equilibrios macro”, “planificación financiera”, “PNDES 2030”, “estrategias territoriales” y “balances fundamentales”. Calificarlo de “estratégico” es una interpretación analítica, no su denominación oficial.
En la práctica, las 176 medidas amplían el mercado bajo la tutela del PCC y del Estado.
Amplían el espacio para precios, contratos, agentes privados y compras, pero no modifican quién conduce la actividad cotidiana.
Ese mercado opera solo donde el Estado lo autoriza: actividades permitidas por el Decreto 160, licencias, reservas estratégicas y mayoría estatal en los sectores definidos como estratégicos.
El paquete anuncia una transición hacia la “planificación financiera”, pero mientras los cuellos de botella sigan bajo control administrativo, el plan de “comando” no habrá sido sustituido: solo se habrá aligerado y rodeado de mercado.
Requisitos para juzgar las 176 medidas por resultados, no por enunciados.
Problema medible
Coexisten precios libres y referenciados, cupos, licencias de comercio exterior y un plan de indicadores. No está claro qué asigna el mercado y qué asigna el plan, ni en el ámbito interno ni en el externo.
Encuadre oficial
La planificación sigue siendo el componente central; el mercado se reconoce, regula y controla. Se propone una relación “nueva” y coherente entre ambos, tanto en el ámbito interno como en el externo.
Umbral (6–12 meses)
Más de la mitad de una canasta de seguimiento —alimentos, insumos intermedios y fletes internos— se rige por una norma única y estable.
El plan publica una lista negativa que precisa qué actividades no planifica.
Si un mismo producto cambia de régimen cada trimestre, el umbral no se cumple.
Comprobación
¿Hay un catálogo vigente de regímenes de precios y comercio?
¿Disminuyó el número de productos que pasan de precios topados a “referenciados” y luego vuelven a estar topados?
¿Las empresas adquieren insumos nacionales y extranjeros por el canal previsto en la norma?
¿El plan anual distingue entre metas estratégicas y cupos operativos?
Si falta el umbral
El mecanismo permanece esencialmente igual: asignación administrativa y un mercado residual.
Conclusiones.
Si el umbral no se alcanza en doce meses, habrá evidencia de que el cálculo económico sigue incompleto. Sin precios de acceso comparables ni series de costos, ventas y empleo, las empresas no pueden identificar la escasez ni el costo de oportunidad de invertir. El plan puede fijar prioridades, pero no sustituir esa información.
Los incentivos premiarían el acceso a licencias estatales, cuotas o tasas de cambio preferentes, en vez de reducir costos, cumplir contratos o reinvertir.
La innovación quedaría limitada, porque no podría escalar si el acceso a recursos depende de un permiso estatal y no de la demanda.
Quedar por debajo del umbral equivaldría a conservar el envoltorio de la “planificación financiera” y las “señales de mercado”, sin sustituir la planificación centralizada como hicieron China y Vietnam.
El modelo que podría surgir de las 176 medidas calcularía mal —al plan le faltan precios y datos— y disciplinaría poco —al mercado le faltan acceso equitativo y sanciones por pérdidas—. Se invertirían tiempo y recursos en una reforma normativa incapaz de crear un sistema económico que informe, premie y renueve.
Cinco normas podrían aumentar la probabilidad de alcanzar el umbral en doce meses:
1. Reglamento cambiario que establezca y publique las reglas de subasta y acceso. Sin él, el Eje 3 no puede convertirse en planificación financiera: las empresas no pueden calcular costos en una moneda creíble.
- Decreto de encargo y compra estatal abierta y registrable.
- Resolución estadística trimestral por forma de propiedad.
- Reglamento de salida y utilidades de las SRL mixtas.
- Régimen de insolvencia para estatales competitivas y privadas con vínculos cruzados.
En suma, no corresponde opinar si las 176 medidas del Eje 3 “avanzan” o “se sienten en la práctica”, sino darles seguimiento y evaluarlas con evidencia verificable.
Sin esas normas, el paquete puede seguir generando gacetas, pero no un mecanismo en el que el plan oriente y el mercado informe, remunere e impulse la innovación.
(Tomado de El Substack de Pedro)
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