La vida puede dar muchas vueltas. Algunas francamente casi imprevisibles. Durante décadas, para la gran mayoría de la emigración cubana, Estados Unidos fue el destino por excelencia. La existencia de la Ley de Ajuste Cubano, las sucesivas oleadas migratorias y una comunidad consolidada en Florida reforzaron la idea de que llegar al territorio estadounidense significaba, tarde o temprano, encontrar un lugar donde prosperar. Y en general, así era, pero esa imagen resulta cada vez más difícil de conciliar con las escenas que muestra la actual política migratoria de Washington.
No es secreto para nadie que el Gobierno de Donald Trump ha hecho de las detenciones y deportaciones dos pilares de su política migratoria. Desde la misma campaña presidencial, Trump y su entonces candidato a vicepresidente J. D. Vance advirtieron que iban a deportar migrantes en masa. En julio de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 49.571 arrestos, la cifra mensual más alta de su segundo mandato. Más de la mitad de las personas detenidas en estos casos no tenía condenas penales ni cargos pendientes. Las detenciones han dejado de concentrarse en la frontera y se producen también durante controles de tránsito, comparecencias migratorias rutinarias y operativos en comunidades y espacios públicos.
Al principio, muchos cubanos creyeron que ese discurso no los incluía. Para una comunidad habituada durante décadas a un trato migratorio excepcional, este giro amenaza con romper varios consensos arraigados. Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, tener familiares en Estados Unidos, llevar años viviendo en el país o estar inmerso en un proceso migratorio ya no garantiza quedar fuera del alcance de una detención por parte de ICE.
En cualquier caso, quizás la expresión más extrema de esta política está ocurriendo lejos de Estados Unidos y también muy lejos de Cuba. Washington ha recurrido a acuerdos con terceros países para expulsar a migrantes hacia naciones con las que no mantienen vínculos previos. Naciones africanas como Esuatini, Liberia y Guinea Ecuatorial figuran entre los principales destinos de estas deportaciones.
En agosto de 2026, un grupo de deportados enviado por Estados Unidos llegó a Liberia. Entre ellos viajaban cubanos. Los migrantes se negaron a bajar del avión argumentando que Liberia no era su país y que temían por su seguridad. Las autoridades les dijeron que serían devueltos a Estados Unidos. El avión, sin embargo, terminó en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde fueron obligados a desembarcar. Reuters identificó entre ellos a tres cubanos, mientras El Nuevo Herald informó posteriormente sobre cuatro cubanos dentro del grupo involucrado en el traslado.
El caso forma parte de una práctica más extensa. Washington ha suscrito convenios de este tipo con varios países africanos, entre ellos Esuatini —antes conocido como Suazilandia—, una pequeña monarquía que ha aceptado migrantes de otras nacionalidades, incluidos ciudadanos cubanos. Hasta finales de agosto de 2026, más de 30 personas habían sido trasladadas a ese país bajo este mecanismo.
Las imágenes hablan por sí solas. Personas que abandonaron Cuba buscando protección o mejores condiciones de vida están siendo detenidas en EE.UU. y enviadas después a un país africano donde nunca han vivido, no poseen redes familiares y la gran mayoría ni siquiera habla el idioma.
Las redes sociales se han llenado de testimonios de estas personas o de sus familiares pidiendo ayuda o denunciando las violaciones de derechos humanos del actual gobierno norteamericano.
Las deportaciones son solo una parte del mecanismo. Detrás de ellas funciona una amplia estructura destinada a hacer efectiva esta política. Instalaciones migratorias en condiciones precarias, denuncias por abusos, movimientos de detenidos entre distintos estados sin comunicación previa a ellos ni a sus familiares y trámites legales que pueden extenderse durante meses integran un sistema orientado a incrementar el número de expulsiones. Para muchos migrantes cubanos, la incertidumbre que antiguamente terminaba con la llegada a EE.UU. ahora continúa incluso después de haber cruzado la frontera del país.
Hay, además, una contradicción muy grande dentro del propio exilio cubano. Esta política se ejecuta bajo una administración en la que Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y actual secretario de Estado, ocupa una de las posiciones de mayor poder. En Florida, congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez mantienen un respaldo completo a Trump y a buena parte de su agenda, mientras concentran gran parte de su discurso público en endurecer las sanciones y aumentar la presión sobre el gobierno cubano.
María Elvira Salazar ha cuestionado muy tímidamente aspectos de la política migratoria y ha pedido protección para cubanos con I-220A sin antecedentes criminales. Pero no deja de ser hipócrita que parte de la representación política cubanoamericana denuncie con enorme intensidad cada arresto arbitrario en Cuba, pero esa misma energía es casi invisible cuando cubanos son detenidos por ICE, mantenidos en detención bajo condiciones precarias o enviados a terceros países. Algo similar ocurre en parte del ecosistema de medios e influencers cubanos en EE.UU. Aunque las deportaciones reciben cobertura, con frecuencia predomina una narrativa centrada en los «criminales», mientras queda en segundo plano el impacto de estas medidas sobre personas sin antecedentes delictivos que emigraron en busca de mejores condiciones de vida.
En este contexto, Brasil ofrece una imagen muy diferente.
Un ciudadano cubano que se encuentre o llegue a territorio brasileño puede presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a través del Sisconare, el sistema digital del Gobierno brasileño para registrar y tramitar estas solicitudes. Luego puede formalizarla ante la Policía Federal. Solicitar refugio y ser reconocido como refugiado son dos situaciones distintas. Corresponde al Comité Nacional para los Refugiados (Conare) analizar cada caso. Mientras la solicitud permanece en estudio, el solicitante puede mantenerse regularmente en el país y obtener documentos como el Cadastro de Pessoa Física (CPF) y la Cartera de Trabajo, además de acceder a derechos y servicios previstos por la legislación brasileña.
También el migrante puede circular libremente por todo el territorio nacional y acceder a servicios públicos. El propio Ministerio de Justicia brasileño reconoce el derecho de solicitantes de refugio y refugiados a la salud, la educación, la asistencia social y el apoyo jurídico gratuito. El acceso al Sistema Único de Salud (SUS) y a la educación pública no depende de que el Conare haya decidido reconocer a esa persona como refugiada.
Esto es sumamente importante. Significa que una persona puede llegar al país, solicitar protección, obtener documentación, y vivir como cualquier otro ciudadano brasileño, mientras espera la respuesta del Estado. Y los cubanos están utilizando esa vía de manera amplia y masiva.
En 2025, Brasil recibió 75 599 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. De ellas, 41 919 fueron presentadas por cubanos. Representaron el 55,4 % del total y, por primera vez, Cuba superó a Venezuela como principal nacionalidad entre quienes solicitaron refugio en el país. La cantidad de solicitudes cubanas aumentó un 88,1 % respecto al año anterior.
Los datos de 2026 confirman la continuidad del fenómeno. Este año, cubanos y venezolanos volvieron a figurar entre las principales nacionalidades que solicitaron protección en Brasil. Según el Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra), los cubanos se consolidaron como el grupo nacional con mayor número de solicitudes de refugio en el país. Se estima que hay más de 100 mil cubanos ya en Brasil con distintos tipos de estatus migratorios. Muchos, inclusive, están saliendo de Estados Unidos para aterrizar directamente en el gigante sudamericano.
La ruta, sin embargo, no está exenta de peligros. En junio, la Policía brasileña rescató a 108 migrantes cubanos en Roraima, límite con Guyana, después de que estos atravesaran la frontera norte en condiciones precarias, además fueron detenidos cinco presuntos traficantes de personas. Después del operativo, los cubanos fueron encaminados hacia procedimientos de regularización migratoria y servicios de asistencia.
Es importante aclarar que no es necesario cruzar ilegalmente la frontera con Brasil. Cualquier migrante puede llegar a un puesto fronterizo y pedir refugio a la Policía Federal. No va a ser deportado.
O sea, frente a un migrante irregular o vulnerable, el primer horizonte en Brasil es la regularización. En Estados Unidos, dentro del actual endurecimiento migratorio, incluso una persona que ingresó de manera autorizada mediante programas como el parole humanitario, puede enfrentarse a la detención y a la expulsión a un segundo continente.
Dicho esto, eso no significa que obtener un protocolo brasileño sea la panacea.
La integración es probablemente el punto donde Brasil tiene todavía una deuda considerable. El derecho al trabajo existe sobre el papel, pero conseguir un empleo formal y bien remunerado puede ser más difícil. Los títulos universitarios obtenidos en Cuba necesitan pasar por procesos de revalidación que pueden ser largos, caros y burocráticos. Profesionales formados como médicos, ingenieros, profesores o periodistas pueden pasar años trabajando en actividades completamente alejadas de su capacitación.
El portugués constituye otra barrera. Aunque el español y el portugués comparten numerosas similitudes, afrontar una entrevista laboral, cursar estudios universitarios o aspirar a un empleo cualificado requiere un dominio del idioma que no se adquiere de forma inmediata al llegar al país.
Brasil debería desarrollar programas más amplios de portugués para inmigrantes vinculados directamente con la inserción laboral. También podría crear mecanismos más rápidos y baratos para reconocer competencias y títulos profesionales. Además, sería útil fortalecer la conexión entre solicitantes de refugio y empresas que necesitan trabajadores, ofrecer orientación específica para emprendedores e incorporar mejor a municipios y estados en las políticas de integración.
La migración cubana tiene características que permiten pensar políticas más específicas. Hay profesionales cualificados, con experiencia en servicios, salud, educación, turismo y otras áreas. Existen comunidades cubanas cada vez mayores en distintos estados brasileños y una población que podría integrarse mejor si el Estado pasara de garantizar únicamente documentación a facilitar también movilidad social.
El caso de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), en Curitiba, está siendo un modelo de éxito en ese sentido. Allí varios profesionales cubanos y latinoamericanos están pudiendo obtener un título universitario brasileño a través de trámites de homologación que ofrece esa institución académica. Este es un ejemplo que debería ser replicado en todos los estados del país.
Brasil tiene problemas suficientes como para evitar cualquier idealización. Tiene alta desigualdad, informalidad laboral, racismo, xenofobia y una burocracia capaz de convertir un procedimiento sencillo en meses de espera. El refugio tampoco garantiza por sí solo estabilidad económica ni reconocimiento definitivo de la condición de refugiado. Sin embargo, mientras Estados Unidos intensifica las detenciones migratorias y recurre a terceros países para deportar a ciudadanos cubanos, Brasil permite que miles soliciten protección y permanezcan legalmente en su territorio durante la evaluación de sus casos. Y esa diferencia dice mucho sobre cómo entienden ambos Estados la protección de migrantes, muchos de los cuales huyen de un contexto de profunda crisis que hace prácticamente imposible un proyecto de vida digna.
Un país coloca dentro de una maquinaria cada vez más orientada hacia el maltrato y la expulsión a quienes dice «querer salvar». El otro aún enfrenta serias carencias en materia de integración, pero les proporciona documentos, autoriza su acceso al mercado laboral y reconoce derechos humanos desde el mismo inicio del proceso. Y hasta el momento no tiene que ver con un gobierno de derecha o de izquierda, es una política de Estado. Incluso durante el gobierno anterior, situado en la extrema derecha, los cubanos y otros migrantes encontraron en Brasil condiciones de acogida y regularización.
Para quienes ya construyen su vida fuera de Cuba, o contemplan la posibilidad de emigrar, este contraste merece ser tenido en cuenta.
Pueden decidir entre un destino donde la llegada puede implicar un centro de detención, y otro donde comienza con documentos, acceso al trabajo y derechos reconocidos desde el primer momento.
Todo parece indicar que finalmente nuestro norte está siendo el sur.
Por lo menos por un tiempo.
(Tomado de La Joven Cuba)
Desde las dos aceras 
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