Desde las dos aceras

Actualización de la canasta básica alimentaria

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

El reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) acaba de corroborar, lo que cualquier cubano que tenga que comprar productos de la canasta básica sabe: los precios no paran de subir.

Las cifras formales publicadas ponen de relieve que la inflación interanual en el mercado formal en Cuba repuntó más de dos puntos porcentuales en julio y se situó en el 20,70 %, mientras que la mensual subió un 2,56 % respecto al mes anterior. Por cuarto mes consecutivo, el aumento acumulado de los precios al consumidor en julio de 2026 superó el registrado en igual período de 2025, es decir de 8,79 % en 2025 a 15,12 % en el 2026 casi que se duplica.

Estas cifras muestran que la inflación no solo se mantiene alta, sino que además vuelve a acelerarse; los precios crecen cada vez más rápido. Eso significa una pérdida sostenida del poder adquisitivo y una mayor dificultad para que hogares y empresas puedan planificar sus gastos, ahorrar o invertir. Cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios, las familias se ven obligadas a reducir su consumo —ya de por sí deprimido—, sustituir productos o prescindir de bienes y servicios básicos. Una inflación persistente de esta magnitud también genera incertidumbre, distorsiona las decisiones económicas y termina profundizando el empobrecimiento y las desigualdades.

Los datos no son novedosos ya que, desde comienzos del 2026, las cifras se mantienen altas y es demostración de la situación económica nacional, agravada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, especialmente el cerco petrolero implantado por ese país a la Isla desde enero de 2026.

El incremento de los precios vuelve a cierta normalidad en el sentido que son las categorías de alimentación, bebidas no alcohólicas y en cierto sentido el transporte las que más crecen.

Algunos economistas hemos planteado que la realidad puede ser peor de lo que muestras las cifras oficiales, ya que esta más normalizado la captación de las cifras en entidades estatales, y en el sector privado abundan precios falsos en productos topados o estos se venden de manera informal.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (32,57 %), seguido de los Alimentos y las Bebidas no Alcohólicas (26,36 %), el Transporte (24,96 %), la Educación (23,32 %) y los Servicios de la Vivienda (20,83 %)

Ya no suena a novedoso que el país viva una espiral inflacionaria o hiperinflación. Desde el 2021, con la reforma monetaria que se intentó poner en vigor, la moneda nacional en las entidades estatales de 1 dólar igual a 1 peso, se devaluó a de 25 pesos por dólar. Sin embargo, en la calle el aumento fue mucho mayor, y ese se ha mantenido hasta hoy. El Banco Nacional de Cuba reconoce hasta el 25 de agosto, una tasa de 636 pesos por un dólar, mientras que los monitoreos realizados por elToque lo sitúan en 670.

Cualquiera de las dos cifras que se tome es altísima en relación al salario mínimo que, luego de la última actualización, se situó en 3 210; por lo que un trabajador que tenga ese sueldo ganaría solo 5 dólares según la cifra estatal, y 4.7 según la cifra informal. En términos nominales, esto colocaría al salario mínimo cubano entre los más bajos de América Latina. Incluso teniendo en cuenta las cada vez más insuficientes prestaciones sociales —salud, educación, y la libreta de abastecimiento— deja a los trabajadores en una desprotección total ante la subida de precios constante.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética desde hace más de cinco años —catalogada por los expertos como la peor de las últimas décadas— visible en la escasez de insumos básicos como alimentos, medicinas y combustible, una elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios y lo más interesante que aún no se vislumbra la salida a esa crisis al menos en el corto plazo.

El aumento persistente de precios tiene causas estructurales, pero es indudable que en el corto plazo el factor geopolítico ha sido crucial. El endurecimiento de las sanciones de EE. UU, que incluye el bloqueo petrolero a las entidades estatales agrava las insuficiencias de un modelo de planificación centralizada que dejo de funcionar hace mucho tiempo.

Un indicador que demuestra las afirmaciones del aumento sistemáticos de los precios es el índice de precios al consumidor.

En otro ejercicio ya realizado, pero actualizado con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información, puede observarse que, solo para La Habana —donde se concentra una parte importante de la población cubana—, una canasta alimentaria representativa para dos personas muestra un incremento de precios de casi un 60 % en apenas un año. Su costo actual, estimado en 47 135 pesos, equivale a unos 74 dólares mensuales si se utiliza la tasa oficial de 636 CUP por dólar, y a unos 70 dólares si se toma como referencia la tasa informal de 670 CUP.

Fuente: Elaborado por el autor en base ANEXOS ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR BASE DICIEMBRE 2010 República de Cuba Edición julio 2026

El contraste con los ingresos es aplastante. Los 47 135 pesos que cuesta esta canasta para dos personas equivalen a casi 15 salarios mínimos mensuales. Un trabajador que perciba ese salario podría cubrir apenas el 6,8 % de su costo; incluso en un hogar donde dos personas cobren el salario mínimo, sus ingresos conjuntos —6 420 CUP— alcanzarían para solo el 13,6 % de la canasta. Una madre soltera con un hijo, sin ingresos adicionales y que perciba únicamente el salario mínimo, necesitaría destinar casi 15 meses de su sueldo íntegro para cubrir el costo de un solo mes de esa canasta alimentaria.

A esa canasta habría que sumar, además, gastos que durante décadas estuvieron cubiertos o fuertemente subsidiados por el Estado y que hoy recaen cada vez más sobre los hogares. Un ejemplo son los medicamentos, la reciente autorización de farmacias privadas constituye un avance para ampliar una oferta que se mueve hoy solo en el mercado informal, pero hasta ahora no se ha anunciado un mecanismo que subsidie las compras realizadas en esos establecimientos, pues los precios subsidiados y la asistencia social continúan circunscritos a la red estatal, precisamente la que enfrenta mayores problemas de abastecimiento.

Algo similar ocurre con la electricidad, ante apagones que en 2026 han llegado a superar las 20 horas diarias, garantizar un mínimo de autonomía supone adquirir plantas de combustible o baterías y paneles solares, ofertas que se adquieren solamente en divisas, superan en cualquier caso los 1000 dólares —para una pequeña estación con un panel—  y que, de hecho, han aumentado considerablemente su precio en los últimos meses a partir de la dificultad de los barcos de encallar en puerto cubano por las sanciones de la Casa Blanca.

A ello se añade un transporte público reducido a mínimos por la falta de combustible, que obliga a caminar largas distancias o recurrir a alternativas privadas mucho más costosas. En consecuencia, el problema trasciende la alimentación —ya de por sí incosteable con salarios bajos— y se traslada a servicios básicos que el sistema público ya no logra garantizar de manera regular.

En general, la familia cubana se encuentra en una etapa de sobrevivencia, y una parte importante del deterioro reciente responde a factores sobre los cuales el Gobierno cubano tiene un margen de actuación limitado. El cerco petrolero impuesto por Estados Unidos, no solo ha restringido la disponibilidad de combustible, sino que ha encarecido prácticamente toda la economía: producir, transportar alimentos, mover pasajeros o mantener funcionando una empresa cuesta más cuando el combustible escasea. A ello se ha sumado la presión sobre el transporte marítimo. Grandes navieras han suspendido o reducido sus operaciones con Cuba ante el riesgo de sanciones estadounidenses, disminuyendo las alternativas para importar mercancías y añadiendo costos, demoras e incertidumbre a productos que finalmente paga el consumidor.

Pero esas restricciones externas no implican que dentro del país no exista margen para actuar. Intentar contener la inflación mediante topes administrativos no resuelve el problema. Si vender un producto al precio fijado deja de ser rentable, el producto desaparece del mercado —generando escasez— y luego reaparece en el sector informal a un precio mucho más alto. La propia experiencia cubana reciente con los topes a alimentos importados mostró esas dificultades, al punto de que fueron eliminados a nivel nacional, aunque posteriormente varios gobiernos locales volvieron a recurrir a ellos, pese a que el mismo discurso oficial reconoció que no funcionan.

La respuesta más elemental, por tanto, sigue siendo aumentar todo lo posible la producción nacional de alimentos, es decir, potenciar el incremento de la oferta nacional, para el cual habría que analizar qué factores en las nuevas circunstancias entorpecen o frenan el desarrollo agrícola.

Debe reconocerse que varias de estas decisiones aparecen ya en las transformaciones económicas anunciadas en 2026 —entre ellas la agilización de la entrega de tierras, la eliminación de límites al usufructo y nuevas vías de financiamiento agrícola—, pero su efecto dependerá de que se implementen con rapidez y sin reproducir la misma burocracia que pretenden eliminar.

Cuba no puede decidir cuándo terminarán las sanciones estadounidenses, pero sí puede evitar añadir al precio de cada libra de alimento el costo de restricciones, controles y trabas internas que hoy hacen todavía más difícil producir y vender.

(Tomado de La Joven Cuba)