Desde las dos aceras

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Ricardo Torres /Washington
El 22 de agosto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ofreció al diario brasileño Folha de S.Paulo la explicación pública más extensa que ha brindado hasta la fecha sobre las 176 medidas aprobadas en junio. Esta explicación resulta valiosa no tanto por los detalles que revela sobre las medidas, sino por la lógica que las sustenta. En particular, el pasaje en el que explica el proceso que supuestamente hizo posible este paquete expone la ausencia de una revisión genuina y largamente postergada del modelo económico actual, y deja al descubierto las limitaciones de las normas que rigen la inversión privada a gran escala, tanto nacional como extranjera, que Cuba necesita con urgencia.
Al ser preguntado sobre el modelo cubano y los objetivos de las 176 medidas, Díaz-Canel evitó comprometerse con una reforma definitiva de la estructura de la propiedad, la construcción de un régimen fiscal moderado o la consolidación de un marco duradero que proteja a los inversionistas. Sí describió el proceso que, según su versión, dio origen al paquete: esencialmente una década de debate que abarcó desde el sexto congreso del Partido (2011) hasta el octavo (2021), pasando por la conceptualización y el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, ambos adoptados en el séptimo congreso (2016). Lo que omitió es que, incluso cuando esos documentos trazaban un camino hacia una transformación más profunda, fue el propio gobierno cubano —a través de su cúpula dirigente— el que retrasó repetidamente un cambio que se reconocía desde hacía tiempo como inevitable. De hecho, en su discurso de clausura del congreso de 2021, Raúl Castro advirtió explícitamente sobre los riesgos de introducir cambios destinados a ampliar el papel del sector privado en la economía o a poner fin al monopolio estatal del comercio exterior. En ese contexto, es difícil argumentar que las 176 medidas sean producto de una reflexión serena y bien meditada por parte de las autoridades.
Para los posibles inversores que necesitan modelar los flujos de caja a diez o quince años vista, el proceso por el cual se aprobó una medida no sustituye la certeza de si seguirá vigente.
Sobre la expansión del sector privado, Díaz-Canel afirma: “No es un ideal socialista. Es una concesión”. Añade que “en el período de transición” —refiriéndose a la transición del capitalismo al socialismo— “existen relaciones de mercado”. El mercado no es un componente del modelo cubano; es una característica temporal de una etapa en el camino hacia algo más. Cuando el entrevistador pregunta directamente cómo se revierte esa concesión una vez que disminuye la presión externa —“¿cómo se retoma el camino después?”— Díaz-Canel no elude la pregunta. Responde enumerando tres salvaguardias contra una “restauración capitalista”: el control del Partido sobre la implementación, la unidad del pueblo en torno al Partido y la participación popular. Ninguna es una salvaguardia económica o legal; ninguna involucra el derecho de propiedad, tribunales independientes o arbitraje. La reversibilidad no se descarta; se gestiona políticamente, según la magnitud de la amenaza que el gobierno perciba en cada momento.
Esa es la contradicción subyacente. Cuba busca capital extranjero mientras su gobierno describe el marco bajo el cual operaría dicho capital como una concesión condicional, no como una norma permanente, y lo hace eludiendo la comparación que expondría con mayor claridad el problema. Cuando se mencionan China y Vietnam, responde: «China es China, Vietnam es Vietnam», y ahí termina la conversación. Tanto Deng Xiaoping en 1978 como Doi Moi de Vietnam en diciembre de 1986 comenzaron con una admisión pública: la planificación centralizada había agotado su capacidad para generar desarrollo y ya no era la respuesta a los problemas o aspiraciones de esos países. A partir de ese momento, los mecanismos de mercado y la propiedad privada dejaron de ser concesiones tácticas y se convirtieron en componentes permanentes y declarados del modelo, posteriormente codificados en la ley. El gobierno cubano, al parecer, aún no ha llegado a ese punto.
Treinta años después de que Fidel Castro consagrara la fórmula que Díaz-Canel repite casi palabra por palabra, el mercado sigue considerándose la excepción y no la regla.
La consecuencia económica es directa y no depende de si el observador simpatiza o no con el proyecto cubano. El capital que Cuba más necesita —generación de energía, infraestructura, capacidad productiva— es precisamente el que requiere los plazos de recuperación más largos, y la incertidumbre castiga con mayor dureza los flujos de efectivo a largo plazo. Un proyecto que se amortiza en 15 o 20 años es mucho más sensible a un aumento repentino de la prima de riesgo que uno que se amortiza en 2 o 3 años. La lógica de la «concesión reversible» filtra, por diseño, qué tipo de capital puede llegar a Cuba. Penaliza severamente la inversión con mayor potencial productivo y deja la puerta abierta casi exclusivamente al capital de ciclo corto —comercio, servicios vinculados a remesas, pequeños proyectos— que puede entrar y salir con relativa facilidad antes de que cambie el equilibrio interno de poder.
Esto es provisionalidad permanente: ha alejado a Cuba de un modelo ideológico que no funciona en la práctica, sin que surja un modelo coherente y predecible que lo reemplace.
Esto coincide con lo que ya han demostrado evaluaciones anteriores en esta sección: el paquete reafirma el control estatal sobre los sectores “estratégicos” y no crea ninguna autoridad de competencia ni reguladores independientes en ningún sector. La entrevista confirma, a nivel retórico, lo que el texto legal ya había revelado a nivel institucional. El gobierno cubano puede seguir denominando la concesión como quiera. Pero mientras la siga clasificando de esa manera —revocable, condicional, desvinculada de cualquier modelo permanente y funcional— seguirá compitiendo por capital a largo plazo con las manos atadas.

Fuentes: Entrevista de Miguel Díaz-Canel a Mônica Bergamo, Folha de S.Paulo (agosto 2026) | Transformaciones Económicas y Sociales (junio 2026), Cubadebate

(Tomado de Cuba Economic Review)