Desde las dos aceras

Foto: El Pais
CUBA STUDY GROUP
La crisis humanitaria en Cuba ha alcanzado un nivel alarmante. Los apagones crónicos y la escasez de combustible, alimentos, medicinas y otros bienes básicos imponen una carga extraordinaria sobre las familias cubanas y limitan severamente la capacidad de iglesias, organizaciones humanitarias, empresas privadas y otros actores para responder.
El gobierno cubano tiene una gran responsabilidad por los fallos estructurales, económicos y políticos que han dejado al país tan vulnerable a la presión externa. Pero Estados Unidos también tiene responsabilidad por un bloqueo de facto al combustible y otras nuevas políticas de sanciones destinadas a extraer concesiones de La Habana o precipitar un cambio político, las cuales no han logrado esos objetivos, sino que han agravado el sufrimiento del pueblo cubano.
La asistencia humanitaria nunca debe utilizarse como moneda de cambio. Si el objetivo de Estados Unidos es presionar a quienes son responsables de la represión o cuyas actividades representan una amenaza para los intereses nacionales estadounidenses, debe crear exenciones más viables y consistentes que permitan que alimentos, medicinas, energía, financiamiento y otros recursos esenciales lleguen de manera efectiva al pueblo cubano. Los más de 100 millones de USD en asistencia humanitaria del gobierno de Estados Unidos, que entregan de forma gradual en coordinación con organizaciones religiosas en el terreno, son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades de la isla.
Los Departamentos del Tesoro y de Comercio cuentan con las herramientas necesarias para crear exenciones humanitarias más amplias, incluidas las facultades para autorizar transacciones que canalicen recursos directamente al pueblo cubano y a actores independientes fuera del sistema estatal. El gobierno cubano, por su parte, debe eliminar los obstáculos regulatorios, financieros y logísticos que impiden que la asistencia disponible llegue a quienes la necesitan. En conjunto, estas medidas también contribuirían a movilizar una mayor asistencia internacional, al reducir la incertidumbre regulatoria y crear canales más claros y confiables para hacer llegar la ayuda.
Avanzar en esta dirección resulta aún más urgente ante la ausencia, por el momento, de perspectivas de una solución política que permita aliviar la crisis en el corto plazo. Declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses apuntan a que no se prevén cambios sustanciales en el actual curso de la política hacia Cuba, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas humanitarias inmediatas que reduzcan su impacto sobre la población.
El alcance de estas recomendaciones se limita deliberadamente a las necesidades humanitarias inmediatas; no sustituyen las posiciones que el Cuba Study Group ha mantenido durante años sobre cómo mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Nuestra organización insta a ambos gobiernos a actuar de inmediato para que las sanciones y los obstáculos burocráticos dejen de impedir que la ayuda que el pueblo cubano necesita con urgencia llegue a sus destinatarios. Todas estas medidas pueden implementarse mediante acciones ejecutivas y regulatorias, sin necesidad de nueva legislación.

Recomendaciones al gobierno de Estados Unidos:

Establecer una exención humanitaria para el combustible donado por la comunidad internacional, con salvaguardas contra su desvío
Estados Unidos debe eximir de las sanciones estadounidenses y de las medidas económicas secundarias las donaciones de buena fe de petróleo, diésel, gas licuado de petróleo y otros combustibles hacia Cuba por parte de terceros países y otros miembros de la comunidad internacional, junto con el financiamiento, el transporte, los seguros y demás servicios necesarios para entregarlos.
La energía es esencial para prácticamente toda actividad humanitaria en la isla. Los hospitales necesitan electricidad; el agua se debe bombear; las medicinas y los alimentos requieren refrigeración; y las iglesias, organizaciones humanitarias, agricultores, empresas privadas y transportistas necesitan combustible para entregar asistencia y bienes esenciales. Estados Unidos no debería disuadir a gobiernos u otros actores internacionales legítimos de donar combustible destinado a aliviar estas condiciones.
Esta exención puede incluir salvaguardas firmes contra el desvío. Las personas extranjeras que compren, intermedien, financien, transporten o faciliten a sabiendas la exportación o reexportación comercial desde Cuba de petróleo suministrado como asistencia humanitaria pueden quedar expuestas a las sanciones de bloqueo de Estados Unidos, incluida la posible designación en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Estas restricciones pueden dirigirse al desvío deliberado y al lucro indebido, sin obstaculizar la distribución y el consumo legítimos dentro de Cuba.
Crear una autorización general para las donaciones médicas humanitarias a Cuba
Estados Unidos debe sustituir el sistema de licencias caso por caso del BIS para donaciones genuinas de medicinas, dispositivos médicos, equipos de diagnóstico, suministros médicos, repuestos y equipos relacionados por una exención de licencia amplia. Si el gobierno estadounidense ya mantiene una política de aprobación general para este tipo de exportaciones, los donantes no deberían tener que solicitar una autorización individual antes de brindar asistencia médica urgente.
Esta autorización debe cubrir no solo los bienes donados, sino también las transacciones y los servicios razonablemente necesarios para entregarlos, incluidos pagos, envíos, seguros, logística, instalación, mantenimiento y repuestos. OFAC y el BIS deben emitir directrices coordinadas para que donantes, exportadores, bancos, transportistas y otros proveedores de servicios puedan determinar con claridad qué transacciones humanitarias están autorizadas.
Ampliar la asistencia médica humanitaria financiada por Estados Unidos para incluir a las instituciones públicas de salud
Ampliar la asistencia humanitaria financiada por Estados Unidos para incluir medicamentos, dispositivos médicos, equipos de diagnóstico y otros suministros médicos constituye un paso clave. Se debería permitir que esta asistencia llegue a hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios y otras instituciones públicas de salud en Cuba cuando estas sean los destinatarios legítimos de la ayuda.
Dado que el sistema de salud cubano es predominantemente estatal, una política que excluya de manera categórica a las instituciones públicas corre el riesgo de impedir que la asistencia médica financiada por Estados Unidos llegue a los centros donde la mayoría de los cubanos recibe atención. La política estadounidense debería distinguir entre proporcionar medicamentos y equipos médicos a instituciones públicas de salud para la atención médica de la población civil y brindar apoyo financiero o material sin restricciones a entidades vinculadas al aparato militar y de inteligencia cubano.
Deberían mantenerse requisitos adecuados de verificación del uso final, documentación y prevención del desvío de recursos. Sin embargo, estas salvaguardas deberían estar diseñadas para facilitar la asistencia humanitaria legítima, en lugar de hacerla prohibitivamente difícil. La pregunta fundamental debería ser si los bienes donados se utilizan para fines médicos civiles legítimos, no simplemente si la institución receptora es de propiedad estatal.
Crear un corredor financiero humanitario y para el sector privado que funcione en la práctica
El golpeado sector privado cubano aporta la mayor parte de los alimentos disponibles en la isla. Sin él, la crisis humanitaria en Cuba ya habría alcanzado proporciones desastrosas. Washington debe garantizar que la actividad humanitaria autorizada y el comercio legítimo con el sector privado independiente de Cuba tengan acceso a la infraestructura financiera y logística necesaria para operar.
OFAC debe ofrecer directrices claras de debida diligencia y cumplimiento, junto con los refugios seguros (safe harbors) correspondientes, para las instituciones financieras estadounidenses y extranjeras que atienden a emprendedores cubanos autorizados, iglesias, organizaciones humanitarias y otros actores elegibles. Los bancos deben contar con estándares claros para verificar y aprobar a emprendedores cubanos independientes, abrir cuentas, procesar pagos y facilitar transacciones autorizadas sin asumir un riesgo de sanciones desproporcionado.
Las licencias generales deben cubrir toda la cadena de servicios necesarios para las transacciones lícitas, incluida la banca corresponsal, el procesamiento de pagos, el financiamiento comercial, los seguros, el transporte y los servicios profesionales. La autorización legal tiene poco valor humanitario si los bancos y otros intermediarios se rehúsan a facilitar las transacciones necesarias para entregar la asistencia debido a la incertidumbre sobre una posible exposición a sanciones y medidas de cumplimiento por parte de Estados Unidos.
El objetivo debe ser un canal transfronterizo formal y funcional a través del cual las organizaciones humanitarias y las empresas cubanas independientes puedan recibir fondos, adquirir bienes y servicios, y realizar operaciones comerciales autorizadas de manera lícita.
Extender las vías existentes para el suministro de combustible a instituciones públicas de salud con fines humanitarios
Los Departamentos de Comercio y del Tesoro han establecido vías para suministrar combustible en apoyo al pueblo cubano. El Departamento de Comercio permite, bajo la Excepción de Licencia para el Apoyo al Pueblo Cubano (SCP), la exportación y reexportación de gasolina y otros productos derivados del petróleo de origen estadounidense a entidades elegibles del sector privado cubano y consumidores individuales, sin necesidad de una licencia individual. El Departamento del Tesoro también ha establecido una política favorable para solicitudes de licencias específicas relacionadas con la reventa de petróleo de origen venezolano para transacciones destinadas a apoyar al pueblo cubano, incluyendo usos humanitarios y del sector privado.
La administración debería ampliar estas políticas mediante una excepción humanitaria cuidadosamente delimitada que permita a importadores y distribuidores elegibles del sector privado vender combustibles ligeros a hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas estatales para la generación de electricidad y otras necesidades esenciales.
Dado que el sistema de salud cubano es predominantemente estatal, excluir a las instituciones públicas puede impedir que el combustible suministrado legalmente llegue a instalaciones donde un suministro eléctrico confiable es esencial para la atención médica. Deberían mantenerse requisitos adecuados de documentación, verificación del uso final y prevención del desvío para garantizar que el combustible suministrado bajo esta excepción se utilice para fines médicos civiles legítimos.
Respaldar públicamente al sector privado independiente de Cuba y facilitar los viajes legítimos
Dado que el sector privado cubano provee gran parte de los alimentos, el transporte, la logística y otros servicios esenciales en la isla, Estados Unidos debería reconocer públicamente su papel e incorporar el apoyo al sector privado independiente como un componente explícito de su respuesta humanitaria.
Una mayor flexibilidad en materia de visados para actores independientes reforzaría tanto el esfuerzo humanitario a corto plazo como el desarrollo, a largo plazo, de una economía cubana más libre.
Designar a un funcionario de alto nivel para coordinar la política humanitaria de Estados Unidos hacia Cuba
La administración debería designar a un alto funcionario responsable de coordinar, dentro del gobierno de Estados Unidos, las excepciones humanitarias aplicables a Cuba y garantizar que los canales autorizados funcionen eficazmente en la práctica.
En coordinación con los Departamentos del Tesoro, Comercio y Estado, este funcionario debe asegurar que las licencias, preguntas frecuentes, directrices, cartas de conformidad y demás garantías regulatorias que necesitan donantes, bancos, exportadores, transportistas y organizaciones humanitarias se emitan con prontitud, de modo que la asistencia autorizada pueda llegar al pueblo cubano con la escala y la rapidez que exige la crisis.

Recomendaciones al gobierno cubano:

Crear un canal financiero protegido y denominado en dólares para fondos humanitarios
Cuba debería permitir que las iglesias, ONG independientes, distribuidores privados y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria en Cuba reciban, mantengan, transfieran y utilicen fondos humanitarios en dólares estadounidenses u otras monedas de libre convertibilidad, sin exigir su conversión a pesos cubanos a un tipo de cambio desfavorable.
El gobierno cubano también debería fomentar y agilizar la autorización y el desarrollo de proveedores independientes de servicios financieros y de pago dentro del sector privado, incluyendo instituciones con capacidad para recibir, transferir y gestionar fondos en nombre de organizaciones humanitarias y otros actores legítimos. A medida que estas nuevas instituciones comiencen a operar, se les debería permitir facilitar pagos por bienes y servicios destinados a fines humanitarios.
Un canal transparente, protegido y verificable para fondos humanitarios a través de estas nuevas instituciones financieras del sector privado permitiría preservar el poder adquisitivo de esos fondos, diversificar los canales disponibles para la asistencia humanitaria y facilitar que los recursos lleguen a sus destinatarios de manera más rápida y eficiente.
Ampliar la importación y distribución directa de ayuda humanitaria
Las iglesias, ONG independientes, distribuidores privados y otras organizaciones que brindan asistencia humanitaria en Cuba continúan enfrentando importantes obstáculos logísticos, aduaneros y de almacenamiento.
El gobierno cubano debería ampliar la capacidad de las iglesias, ONG independientes, distribuidores privados y otros actores humanitarios calificados para importar directamente bienes destinados a la asistencia humanitaria, sin exigir que los envíos pasen por empresas importadoras estatales u otros intermediarios innecesarios.
Las organizaciones legitimas también deberían poder recibir, almacenar, transportar y distribuir directamente suministros humanitarios, con requisitos aduaneros y de documentación simplificados y trámites acelerados para productos perecederos, medicamentos y otras formas de asistencia que requieran entrega urgente. El gobierno también debería establecer procedimientos transparentes para las importaciones humanitarias y salvaguardas creíbles contra el desvío de recursos, el favoritismo y la discriminación política.
Facilitar la importación, el almacenamiento y la distribución independiente de combustible para fines humanitarios
El gobierno cubano debería permitir que las iglesias y otras organizaciones humanitarias calificadas, que cuenten con la capacidad adecuada y cumplan con las salvaguardas necesarias, puedan importar, almacenar y distribuir directamente combustible para sus operaciones humanitarias, sin tener que contratar a CUPET como intermediario.
Esto debería incluir procedimientos claros para que las organizaciones calificadas puedan operar instalaciones centrales de almacenamiento debidamente certificadas y abastecer puntos de distribución autorizados de menor escala que presten servicio a iglesias, organizaciones humanitarias y sus socios locales en todo el país. Deberían mantenerse requisitos adecuados de seguridad, transparencia y prevención del desvío de combustible, al tiempo que se permite a organizaciones humanitarias y aliados del sector privado desarrollar la capacidad de distribución necesaria para transportar alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Incentivar una mayor participación del sector privado en la asistencia humanitaria
El gobierno cubano debería incentivar una mayor participación de las empresas privadas en las labores de asistencia humanitaria, permitiendo que las MIPYMES deduzcan íntegramente de su base imponible los gastos debidamente documentados y directamente relacionados con actividades humanitarias legítimas, incluyendo el suministro o la distribución de alimentos, medicamentos, transporte, logística, almacenamiento y otros bienes y servicios esenciales.
Cuba también debería establecer un marco legal para empresas privadas sin fines de lucro o con fines sociales, dedicadas a atender necesidades humanitarias, benéficas y comunitarias. En conjunto, estas medidas permitirían movilizar mayores recursos y capacidades del sector privado, al tiempo que fortalecerían el papel de los actores cubanos independientes en la atención de las necesidades de sus comunidades.

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Las medidas propuestas no resolverán las causas subyacentes de la crisis cubana. Pero contribuirían a asegurar que ni las sanciones estadounidenses ni las restricciones del gobierno cubano se interpongan en el camino del alivio humanitario que se necesita con urgencia. En un momento de dificultades extraordinarias, ambos gobiernos deben actuar ahora para facilitar que el pueblo cubano satisfaga sus necesidades más básicas.

(Tomado de Cuba Review)