Desde las dos aceras

Sherritt International confirmó el 10 de agosto la recepción de una propuesta de recapitalización condicional, no vinculante y «actualmente no ejecutable», presentada por un consorcio rival integrado por la firma londinense Kyma Capital, el inversionista Trifon Natsis, la comercializadora Glencore y un inversionista estadounidense aún no identificado. La oferta, revelada públicamente el 11 de agosto a C$0,12 por acción con derecho de participación para accionistas actuales, compite con el preacuerdo que Sherritt negocia desde mayo con Gillon Capital —el family office de Ray Washburne— para adquirir hasta el 55% de la minera canadiense.

La aparición de un segundo pretendiente confirma el interés creciente por los activos cubanos de Sherritt; y es probable que surjan más ofertas: la empresa concentra entre el 70% y el 75% de la producción niquelífera de la Isla y un tercio de Energás, que entrega aproximadamente el 15% de la electricidad.

Ambas propuestas deben sortear el mismo obstáculo: las reclamaciones certificadas sobre esos activos, entre ellas los 88,3 millones de dólares de Moa Bay Mining Company (antecesora de Freeport Sulphur, expropiada en 1960), los 267,6 millones que reclama Cuban Electric Company por su exposición a Energás, y la demanda de un ingeniero jubilado de Miami que alega que Sherritt operó fuera de los límites de la concesión original de su familia. En ambos casos, cualquier transacción exigirá, además, la autorización de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos. Para Cuba, esta trama apunta a un escenario inesperado e incómodo. La inversión extranjera en sus sectores estratégicos ya no se decide solo en La Habana, sino también en Washington.

(Tomado de Cuba Economic Review)