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Pedro Monreal
Mi colega Julio Carranza señaló acertadamente ayer que el gobierno cubano debería considerar “la alternativa de decretar medidas excepcionales y temporales, necesarias para proteger a la población”, y propuso seis acciones concretas. Cuba Transformación aborda este mismo tema desde una perspectiva económica y política diferente.
Al no incluir un eje de emergencia humanitaria en el paquete de 176 medidas, el gobierno cubano parece haber partido de dos premisas problemáticas: una lógica productivista, secuenciada bajo el principio de «la oferta primero», y un enfoque político-ideológico que evita hablar de una «crisis humanitaria» generalizada para preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo económico y político.
La premisa productivista parte del supuesto de que las liberalizaciones estructurales desbloquearán la producción de alimentos y facilitarán los recursos para la salud con la suficiente rapidez y escala como para que la ayuda humanitaria masiva no sea necesaria desde el principio.
La medida 71 del paquete oficial hace referencia a un Fondo de Protección Social como requisito previo para las transformaciones. Sin embargo, dado que se financia con parte de los ahorros generados por la eliminación de los subsidios a los productos, difícilmente estaría operativo antes de dichas transformaciones. Tampoco existe una estimación precisa de la cobertura que permitiría.
Ya existía una emergencia nutricional previa, y el reciente retorno a la regulación de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Dicha inseguridad debe considerarse el punto de partida del conjunto de medidas, y no solo un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios.
La premisa político-ideológica subordina la dimensión social, en lugar de reconocer abiertamente una emergencia humanitaria que podría debilitar el discurso oficial de soberanía o abrir espacio para la crítica sistémica. Incluir un eje humanitario en el paquete de 176 medidas podría interpretarse como una admisión de colapso. Por eso, las medidas de protección social se presentan como una continuación de los logros alcanzados, no como una respuesta a una «emergencia humanitaria».
La intensificación de las sanciones estadounidenses —en particular las restricciones al suministro de combustible desde finales de enero de 2026— fue el detonante inmediato para que las Naciones Unidas clasificaran la situación en Cuba como una emergencia humanitaria sostenida y multifacética.
El problema es que esas sanciones actuaron como catalizador de vulnerabilidades ya existentes, y reconocer oficialmente una emergencia humanitaria implicaría admitir un fracaso más amplio del modelo de protección económica y social.
Desde mi punto de vista, la ausencia de un eje prioritario de “Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud” es una de las principales deficiencias del paquete oficial de 176 medidas, junto con la falta de un eje de “Estabilización macroeconómica”. Por ahora, no hay indicios de que el gobierno esté dispuesto a incorporar ninguno de estos dos ejes. Ya veremos…
(Tomado de el Substack de Pedro)


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