Los recientes debates en las redes sociales sobre propuestas alternativas para transformar la economía cubana han puesto de manifiesto la confusión con la que a veces se relaciona la visión de estas propuestas con sus supuestos de viabilidad, ya sean explícitos o implícitos.
El paquete de 176 medidas se contrapone a Cuba Transformación, presentando esta última como un instrumento de la estrategia de máxima presión y cambio de régimen de Washington. El argumento es que supuestamente “legitima” las exigencias de la política estadounidense —un sistema democrático liberal en la isla— y que su viabilidad “depende” de una negociación con Estados Unidos, en lugar de constituir un proyecto “soberano”.
También se afirma que las 176 medidas constituyen un proyecto “soberano”, capaz de generar resiliencia y adaptación mediante la “actualización” del modelo, la liberación de las fuerzas productivas y la protección social específica, incluso en un entorno externo adverso y sin renunciar al socialismo ni a los “logros de la Revolución”.
Lo explícito y lo ausente.
El problema, sin embargo, es más complejo. No basta con atribuir a Cuba Transformación, sin pruebas y mediante juegos argumentativos, un supuesto dilema entre viabilidad y soberanía, para contrastarlo con una retórica de adaptación soberana exitosa de las 176 medidas que elude sus propios supuestos de viabilidad.
El paquete de 176 medidas y el Programa Económico y Social 2026 que lo enmarca proyectan un modelo flexibilizado de economía de planificación centralizada y un sistema socialista de partido único, liderado por el Partido Comunista de Cuba y sostenido por la preservación de su monopolio político. Sin embargo, los documentos oficiales no explicitan los supuestos que harían viables los resultados previstos.
La propuesta oficial desarrolla su visión en profundidad, pero deja sus supuestos prácticamente sin especificar. Cuba Transformación, en cambio, expone claramente tanto su “visión” como sus supuestos de viabilidad. Si bien estos pueden ser discutibles, están formulados de manera explícita.
La “visión” expresa una alternativa con respecto al destino deseado.
La “visión” de una propuesta de transformación describe, de forma clara y concisa, el modelo económico al que aspira —por ejemplo, una economía social de mercado, una economía mixta regulada o un socialismo de mercado— y el régimen político bajo el cual funcionaría, ya sea un Estado democrático basado en el Estado de derecho o la continuación de un sistema de partido único. En resumen, responde a dos preguntas inseparables: qué tipo de economía se construirá y bajo qué reglas políticas e institucionales operará.
La “visión” de una propuesta de transformación expresa una elección deliberada y una preferencia normativa con respecto a la sociedad y la economía que se consideran deseables.
Esa preferencia se nutre de elementos ideológicos, marcos teóricos y experiencias prácticas —tanto exitosas como fallidas— procedentes de la historia nacional y de otros países.
La “visión” no es un diagnóstico técnico ni una proyección neutral de lo que “funciona” o podría “funcionar”, sino una postura sobre los valores, las prioridades y el orden institucional que aspira a construir.
Por lo tanto, la “visión” no está necesariamente vinculada a supuestos sobre la viabilidad de medidas específicas. Una misma “visión” puede sustentarse en supuestos optimistas o pesimistas respecto a las condiciones externas, los pilares macroeconómicos o la capacidad institucional; y, a la inversa, supuestos de viabilidad realistas pueden servir a “visiones” políticas muy diferentes.
La “visión” define el destino deseado; los supuestos de viabilidad especifican las condiciones y el camino a seguir para intentar alcanzarlo.
Los supuestos explícitos de Cuba Transformación .
Si bien el supuesto de Cuba Transformación que se menciona de forma más crítica es el primero de los cuatro identificados en la propuesta, que se refiere a un «progreso sustancial en una negociación diplomática entre Cuba y Estados Unidos», existen otros tres supuestos relevantes: una rearticulación de la integración internacional de Cuba diferente a la experimentada durante las etapas de estrecha dependencia de la Unión Soviética y Venezuela; la disponibilidad de financiación internacional de emergencia; y las condiciones políticas internas para comenzar a reemplazar el modelo político actual.
El gobierno cubano no especificó de forma transparente los supuestos en los que se basaría el eventual éxito de las 176 medidas, lo cual concuerda con el estilo típico de presentación oficial de las políticas económicas en Cuba en la etapa posterior al «ordenamiento», que está más orientado a la orientación política y regulatoria que a la proyección económica detallada.
En ausencia de una identificación explícita, podría considerarse que el gobierno adopta supuestos implícitos en forma de una cadena causal general en la que una mayor autonomía para las entidades estatales, más mercado, más inversión y una focalización social serían capaces de generar una recuperación económica dentro del modelo socialista.
El paquete de 176 medidas se formula como viable en sí mismo gracias al éxito asumido de las transformaciones internas, sin identificar cambios en el entorno externo para lograr los resultados positivos anunciados.
Se trata de una narrativa coherente con la línea discursiva de soberanía y resistencia contra el embargo, pero también es la mayor debilidad argumentativa de las 176 medidas, ya que la afirmación oficial de que estas generarán resultados positivos sostenidos en un entorno internacional restrictivo (embargo, sanciones reforzadas, acceso limitado al crédito, la tecnología y los mercados) es incompatible con la magnitud de las restricciones estructurales que enfrenta la economía cubana.
La autonomía formal no equivale a un crecimiento real.
La idea de que las 176 medidas puedan generar resultados positivos manteniendo un entorno internacional restrictivo es incompatible con la magnitud de las limitaciones estructurales que enfrenta la economía cubana.
Las decisiones sobre asuntos internos amplían los márgenes de autonomía, permiten una mayor participación de actores privados e inversiones, y reorientan los subsidios, pero se basan en una escasez crónica de divisas, infraestructuras deterioradas, deuda externa impagada y dependencia energética.
Sin un alivio externo significativo, la atracción de capital (incluido el procedente de la diáspora) sigue estando gravemente limitada por el riesgo país, las sanciones secundarias y la ausencia de garantías creíbles de convertibilidad y protección de activos.
El resultado previsible no es un despegue productivo, sino una apertura parcial e incompleta que redistribuye la escasez, genera distorsiones duales (oficiales/informales) y concentra los beneficios en segmentos con acceso privilegiado a divisas, mientras que la mayoría se enfrenta a una inflación residual, apagones y estancamiento en el suministro básico.
Históricamente, paquetes de «actualización» similares, sometidos a restricciones externas, han producido mejoras marginales o temporales, no transformaciones de trayectoria.
Sin condiciones externas que reduzcan el coste del capital y abran los mercados, las medidas internas carecen de la magnitud de los recursos necesarios para convertir la autonomía formal en un crecimiento real y sostenible.
Confundir la apertura formal con la credibilidad efectiva de los retornos de capital.
La idea de que una mayor autonomía empresarial, un mercado más amplio, un sector privado expandido, la descentralización, la flexibilidad en el comercio exterior y unas normas más abiertas para la inversión extranjera crean automáticamente incentivos suficientes para atraer capital extranjero, especialmente de la diáspora cubana, confunde la apertura formal con la credibilidad efectiva de los rendimientos.
La inversión responde a las expectativas de rentabilidad ajustada al riesgo, no a listas de permisos. En ausencia de derechos de propiedad seguros y predecibles, convertibilidad real de la moneda, independencia judicial, normas estables a lo largo del tiempo y escasa discrecionalidad administrativa, estas medidas generan oportunidades hipotéticas, pero no reducen significativamente la prima de riesgo político e institucional.
La diáspora, en particular, evalúa no solo el marco jurídico escrito, sino también la probabilidad de una revocación arbitraria, la seguridad personal y familiar, la posibilidad efectiva de hacer cumplir los contratos y la comparación con destinos alternativos de menor riesgo.
El mantenimiento, y la posible intensificación, de las sanciones estadounidenses, incluido un mayor riesgo de sanciones secundarias, aumentan aún más el coste de oportunidad y la incertidumbre jurídica para los inversores extranjeros en Cuba, incluida la diáspora.
El tema tabú en relación con las 176 medidas.
El documento público que presenta las 176 medidas sobreestima gravemente la capacidad transformadora de los cambios organizativos y normativos internos.
Sin una modificación del restrictivo entorno internacional que Cuba experimenta actualmente, lo máximo a lo que se puede aspirar son flujos limitados, selectivos y a corto plazo (enclaves o proyectos con bajo compromiso de capital), en lugar de un flujo amplio y sostenido de inversión productiva.
Por lo tanto, la relación automática entre la apertura regulatoria interna y los incentivos reales para un aumento sustancial de los flujos externos es una suposición demasiado optimista.
Esto nos lleva a considerar el tema tabú donde se ubican las 176 medidas:
¿Podría explicarse desde el lado del gobierno exactamente cómo, sin negociar con Estados Unidos, se evitaría que el riesgo político e institucional siguiera siendo elevado, limitando los recursos en divisas y desincentivando la inversión externa, incluida la de la diáspora?
Por lo tanto, el problema no radica tanto en la incertidumbre respecto a los supuestos de viabilidad utilizados por Cuba Transformación para delimitar el escenario base de la propuesta (que no es una previsión), sino más bien en que hay que considerar que el supuesto implícito de autosuficiencia transformadora en el paquete de 176 medidas es empíricamente frágil.
La experiencia histórica de aperturas parciales bajo restricciones similares confirma que la adaptación interna sin fundamentos institucionales y externos suficientes no altera significativamente la trayectoria del estancamiento.
En esas condiciones, parece haber una probabilidad significativa de que el paquete de 176 medidas tienda a producir, en el mejor de los casos, una reconfiguración parcial de la escasez —con posibles mejoras sectoriales o para grupos con acceso privilegiado a los recursos—, pero no una recuperación generalizada ni una mejora sostenida del bienestar de la mayoría.
NOTA: Enlace al texto completo de la propuesta Cuba Transformación y su Resumen Ejecutivo.
https://cubatransformacion.com
(Tomado de El Substack de Pedro)
Desde las dos aceras 
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