Podría tratarse de un problema con la redacción de la nota informativa, pero se observaron inconsistencias notables en la presentación de la nueva ley de tierras de Cuba. Para empezar, dicha ley no tiene como objetivo principal atraer inversiones, sino contribuir a solucionar la inseguridad alimentaria del país.
La inversión en tierras no ha sido segura porque no ha sido una prioridad para el gobierno cubano. De hecho, la evidencia indica que la acelerada contracción de la inversión agrícola se debe a una política de inversión estatal inconsistente. La inversión turística fue tres veces mayor que la agrícola como porcentaje de la inversión total en 2014, pero esa diferencia aumentó a casi diez veces en 2025. Los datos sobre la inversión sectorial como proporción de la inversión total siempre reflejan una decisión sobre las prioridades de inversión.
El lema del Ministro de Agricultura, «lo que se necesita es ir a la tierra y producir», resulta problemático, ya que muchas personas se dedican a esa tarea. En realidad, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura constituyen el principal sector empleador del país. En 2023, según los últimos datos disponibles, este sector absorbía el 16,8% del empleo nacional total.
Si bien aumentar el empleo en la agricultura puede ser racional a corto plazo para resolver la grave crisis de producción de alimentos, a mediano y largo plazo equivaldría a fomentar un modelo de agricultura extensiva. Esto no solo sería un problema sectorial, ya que concentrar un alto porcentaje de la fuerza laboral del país en una zona de baja productividad frenaría el crecimiento económico.
La nueva ley no resuelve la principal incongruencia del modelo agrícola cubano: el mayor propietario es un productor minoritario, y la pequeña propiedad privada es la líder de la producción.
La concesión de tierras estatales en usufructo con plazos indeterminados y extensión indefinida a todo tipo de agentes económicos (equivalente a una privatización encubierta), en lugar de privatizar de forma transparente parte de las tierras estatales a los propietarios privados y usufructuarios que actualmente producen, es una de las decisiones que el gobierno debería explicar en detalle.
En ese punto en particular, el artículo periodístico dice algo que no logro descifrar: “aproximadamente el 80% de la tierra en Cuba es propiedad del Estado socialista y está administrada por empresas estatales, mientras que el resto corresponde a productores privados, una realidad que también se contempla en la nueva legislación”. ¿De qué manera, exactamente, se “contempla” eso en la nueva legislación? ¿Quizás manteniendo el 80% de la tierra en manos del actor que menos sabe cómo trabajarla?
La nota informativa destacó seis objetivos de la ley: regular el uso sostenible de la tierra; actualizar la normativa sobre propiedad y usufructo; establecer disposiciones sobre transmisión de tierras, herencia y contratos agrícolas; regular la agricultura por contrato; fortalecer las comisiones de asuntos agrarios; y crear procedimientos administrativos sancionadores y mecanismos para la resolución de controversias en materia agraria.
Resulta llamativo que no se mencione cuál debería ser el objetivo inmediato: producir a nivel nacional más alimentos a precios asequibles para los ciudadanos del país.
¿Qué sentido tiene mencionar los objetivos burocráticos (comisiones y procedimientos administrativos) y no priorizar el objetivo de mejorar el bienestar social?
En caso de que alguien no comprenda qué es lo que debe resolverse con urgencia, el cuadro 3 podría resultarle útil.
La nota informativa destacó seis objetivos de la ley: regular el uso sostenible de la tierra; actualizar la normativa sobre propiedad y usufructo; establecer disposiciones sobre transmisión de tierras, herencia y contratos agrícolas; regular la agricultura por contrato; fortalecer las comisiones de asuntos agrarios; y crear procedimientos administrativos sancionadores y mecanismos para la resolución de controversias en materia agraria.
Resulta llamativo que no se mencione cuál debería ser el objetivo inmediato: producir a nivel nacional más alimentos a precios asequibles para los ciudadanos del país.
¿Qué sentido tiene mencionar los objetivos burocráticos (comisiones y procedimientos administrativos) y no priorizar el objetivo de mejorar el bienestar social?
En caso de que alguien no comprenda qué es lo que debe resolverse con urgencia, el cuadro 3 podría resultarle útil.
Concluiré diciendo esto: no puedo ser optimista. Esta ley ha sido elaborada por el mismo equipo gubernamental que en abril de 2021 nos presentó las “63 medidas para estimular la producción agrícola”. ¿Qué resultó de aquello?
(Tomado de el substack de Pedro)
Desde las dos aceras 
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