Desde las dos aceras

Ricardo Torres /Washington

Cuba Transformación: una propuesta para transformar la economía cubana (Versión 1, julio de 2026) plantea un marco integral para transformar la economía cubana. En 2025, el país todavía no había recuperado el nivel de producción de 2014, y entre 2022 y 2024 acumuló una inflación anual promedio de 32%, frente al 5,6% de América Latina y el Caribe.
El documento presenta un diagnóstico estructural de la crisis y propone, como objetivo estratégico, la construcción de una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho.
Esta primera entrega se centra en la fase inicial —estabilización y transformación de emergencia, a lo largo de unos tres años— organizada en 20 objetivos específicos distribuidos en seis áreas:
• política macroeconómica y de precios;
• energía;
• agricultura y turismo;
• derechos de propiedad y transformación empresarial;
• inserción externa y financiamiento internacional; y
• protección social y reforma administrativa.
Cada área incluye medidas prioritarias, secuencias de implementación e indicadores verificables para su seguimiento.
Aunque el gobierno cubano anunció un paquete de 176 medidas económicas mientras se elaboraba este trabajo, la propuesta no constituye una respuesta a dicho programa. Sigue su propio método de priorización, basado en criterios como la urgencia, la coherencia macroeconómica y la viabilidad institucional. Su propósito declarado es aportar argumentos técnicamente fundamentados al debate público y dejar claro, además, que ninguna estrategia de estabilización tendrá éxito sin un apoyo internacional sustancial.
Sus objetivos y medidas comparten mucho con otras transformaciones que dejaron atrás economías centralmente planificadas y estatizadas: restituir al sistema de precios su papel en la asignación de recursos, y convertir al sector privado en el motor principal del crecimiento y la producción. Cada uno de estos cambios exige reglas que se construyen sobre la marcha, por lo que conviene descartar desde el inicio cualquier expectativa de una transición inmediata, libre de tropiezos y costos.
La primera fase de la propuesta se aparta un poco de los programas comparables. Más allá de la estabilización habitual y de los primeros pasos hacia una economía de mercado, suma varios objetivos orientados a superar la emergencia económica y social que atraviesa la isla. Son particularmente intensivos en energía, agricultura, turismo y política social, con la meta de reducir —y eventualmente eliminar— las carencias más urgentes, sobre todo las que atraviesan todo lo demás: los apagones, la escasez de combustible y la casi nula protección de los grupos vulnerables.
El frente doméstico es decisivo, pero ese motor necesita un complemento externo, y aquí la propuesta es explícita: la economía cubana es, por naturaleza, una economía abierta, y no existe transformación sostenible sin aliviar las restricciones externas; es decir, sin asegurar el capital que la economía necesita y, a mediano plazo, los mercados para reconstruir las exportaciones. Por eso una orientación hacia el exterior recorre toda la propuesta. Una isla pequeña, con un mercado interno limitado y una larga historia de dependencia del comercio exterior, no tiene la opción de aislarse. Nada de esto implica esperar a que las condiciones externas sean ideales para iniciar el cambio estructural. Al contrario: un programa económico creíble puede, por sí mismo, ayudar a crear las condiciones que faciliten conseguir apoyo externo.
Un pilar es la reinserción gradual de Cuba en las instituciones financieras internacionales: el FMI, el Banco Mundial y el BID. La propuesta le otorga un papel central por tres razones. Primero, la membresía en las IFI funciona como ancla del desarrollo institucional: fija reglas que, de otro modo, serían fáciles de abandonar bajo presión política. Segundo, estas instituciones ofrecen asistencia técnica afinada a lo largo de decenas de transiciones previas. Y tercero, es un canal real de recursos para una transformación que Cuba no puede financiar por sí sola. Programas de este tipo suelen requerir financiamiento externo para cubrir los costos sociales y productivos mientras maduran los cambios institucionales.
Esta arquitectura descansa en supuestos externos que son, en buena medida, ambiciosos y optimistas, y la propuesta los expone como condiciones de trabajo. Son cuatro:
• Que las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos avancen de manera sustantiva; de lo contrario, las sanciones vigentes seguirán encareciendo cualquier intento de estabilización.
• Que Cuba reconstruya su posicionamiento internacional sobre una base distinta de la vieja dependencia de la Unión Soviética o de Venezuela: diversificada y competitiva, no apoyada en patrones excepcionales.
• Que se materialice el financiamiento internacional de emergencia, porque la primera fase no puede pagarse solo con recursos domésticos, y el alivio de las sanciones no bastará por sí solo para cubrir los faltantes inmediatos.
• Y que surjan condiciones políticas internas para empezar a sustituir el modelo centralmente planificado.
Ninguna de las cuatro está garantizada hoy, y la primera —la negociación con Estados Unidos— es a la vez la más decisiva y la que menos depende de Cuba. La propuesta no lo oculta: es una apuesta hecha con los ojos abiertos, y decirlo así define el terreno con honestidad en lugar de debilitar el argumento.
Las condiciones de partida son abrumadoras
Cuba no sería el país más pobre al emprender una transformación de este tipo. China, Vietnam y Laos partieron de niveles materiales mucho más bajos. Pero hay una diferencia crucial. En esos países, la pobreza y los servicios públicos débiles eran la línea de base histórica, por lo que la reforma podía presentarse como una mejora. Cuba llega después de tres décadas y media de erosión de su capacidad productiva y de deterioro de los servicios que su población recuerda haber tenido antes. Su transformación se juzgará no solo como un progreso desde un punto bajo, sino también como una reconstrucción tras una caída.
Para dimensionar cuán difícil es ese punto de partida, evaluamos a Cuba frente a siete condiciones que la literatura comparada identifica como decisivas —De Melo et al. sobre desequilibrios macroeconómicos, restricciones estructurales, capacidad institucional y entorno externo, y Svejnar sobre las instituciones legales y financieras que exige la estabilización. Se agrupan en tres bloques:
• Macroeconómico: inflación elevada y desalineamiento cambiario
• Productivo y demográfico: suministro eléctrico poco confiable y ausencia de bono demográfico
• Institucional y externo: sin acceso a las instituciones financieras internacionales, sanciones, y reclamos de propiedad sin resolver
Cuba está en desventaja en las siete. Ninguna otra economía en transición lo ha estado. Vietnam es el caso más cercano, con seis. Cuando lanzó el Doi Moi en diciembre de 1986, enfrentaba inflación alta, una amplia brecha cambiaria, electrificación limitada, aislamiento financiero, sanciones integrales y reclamos estadounidenses sin resolver. Lo único que tenía y que a Cuba le falta era una población joven. Incluso esa comparación favorece a Cuba: el embargo estadounidense que cubría a todo Vietnam llevaba once años vigente cuando comenzaron las reformas, y duró diecinueve en total; las sanciones sobre Cuba se han acumulado por más de seis décadas. Vietnam del Sur había sido socialista solo once años, y pese a la nacionalización conservaba la agricultura familiar, el comercio privado, redes empresariales y una memoria viva de los mercados. Los reclamos eran mucho menores: la Comisión estadounidense de Liquidación de Reclamos Extranjeros resolvió 534 reclamos por Vietnam y otorgó compensación a 192 reclamantes, 99,5 millones de dólares en principal, y Washington y Hanói los saldaron en 1995 como parte de la normalización. Cuba tiene 5 913 reclamos certificados por más de 1 900 millones de dólares, antes de intereses.
Vietnam además tuvo un colchón. El Doi Moi comenzó mientras la URSS y el bloque socialista todavía existían. La ayuda soviética ya se reducía —esa caída ayudó a impulsar las reformas—, pero no desapareció de golpe. Continuó durante la primera fase y terminó recién con el colapso del bloque entre 1989 y 1991, lo que le dio a Vietnam algunos años para reformarse antes de perder a su principal socio.
Europa del Este lo tuvo todavía más fácil. La mayoría de esas economías tenían sistemas eléctricos funcionales, enfrentaban sanciones limitadas, y se incorporaron o reincorporaron pronto al FMI y al Banco Mundial. Muchas también recibieron apoyo institucional y financiero de la Unión Europea, que se volvió especialmente generoso tras la adhesión —en 2004 para ocho países, y en 2007 para Bulgaria y Rumania.
La posición de Cuba no es la de ocupar el último lugar en un solo indicador. Es que todas las desventajas llegan a la vez, y cada una dificulta resolver las demás. Sanciones aún vigentes, reclamos de propiedad sin resolver —incluidos los de cubanos cuyos bienes fueron confiscados sin compensación—, deuda soberana en impago y más de seis décadas fuera de las instituciones financieras internacionales, desde que Cuba dejó el Banco Mundial en 1960 y el FMI en 1964: nada de esto puede desmontarse por partes. Es un solo paquete y hay que tratarlo como tal. Por eso Cuba Transformación exige tanto una transformación doméstica integral como apoyo internacional —financiamiento de emergencia, asistencia técnica, alivio de deuda, acceso a las instituciones financieras internacionales y una vía negociada para reducir las sanciones y resolver los reclamos. Frente a un punto de partida tan adverso, incluso las reformas domésticas mejor diseñadas lograrían poco por sí solas.
Fuentes: Martha de Melo, Cevdet Denizer, Alan Gelb y Stoyan Tenev | Jan Svejnar | Richard E. Feinberg / Brookings | FMI, 25 Years of Transition | Ilzetzki, Reinhart and Rogoff | cálculos y notas del autor con ayuda de AI (Claude)

(Tomado de Cuba Economic Review)