Terminal de contenedores de Mariel. Foto: Otmaro Rodríguez / Archivo.
El Departamento de Estado incluyó además en su lista negra a la comercializadora de misiones médicas, tres empresas del sector energético y entidades vinculadas a GAESA acusadas de haber transferido el puerto de Mariel para evadir sanciones previas.
El ministro de Salud Pública de Cuba José Ángel Portal Miranda y la Terminal de Contenedores de Mariel fueron incluidos a la nueva lista de personas e instituciones sancionadas por el Departamento de Estado. En total, nueve entidades y dos funcionarios del gobierno cubano.
Portal Miranda fue designado por supervisar las entidades que administran las misiones médicas cubanas en el exterior, a las que Washington califica como “sistema de trabajo forzado”.
En tanto, la Terminal de Contenedores de Mariel, principal infraestructura portuaria de Cuba, fue sancionada por haber transferido el control del puerto a una empresa llamada Coral Marítima S.A. a mediados de junio en lo que el Departamento de Estado describe como una maniobra para eludir las sanciones previas contra el conglomerado militar GAESA.
Las designaciones abarcan tres frentes. En el sector energético, fueron sancionados el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), brazo de investigación de la ya designada Cupet; la Empresa de Energía S.A. (ENERSA); y EINARBO S.A., importadora de gas y lubricantes con proveedores en México e India.
En el ámbito financiero, fueron incluidos Ceiba Investments Limited, firma con sede en Guernsey que invierte en bienes raíces cubanos y cuya subsidiaria panameña asumió activos de una empresa conjunta de GAESA tras su designación, y Orbit S.A., un procesador de remesas que Washington considera controlado por GAESA.
Las sanciones contra el sistema de misiones médicas son las de mayor alcance en términos de política exterior cubana. Junto a Portal Miranda, fueron designadas la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), que gestiona las misiones y genera más divisas que cualquier otro sector de la economía cubana, con decenas de miles de médicos desplegados en más de 50 países; la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), encargada de reclutar profesionales para esas misiones; y su directora, Gretza Sánchez Padrón.
Washington acusa al gobierno cubano de confiscar entre el 50 y el 95 por ciento de los salarios pagados por los países receptores a esos trabajadores.
Las designaciones de hoy constituyen la quinta ronda significativa que Washington aplica contra entidades y funcionarios cubanos desde la firma de la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo.
La primera, el 18 de mayo, incluyó a nueve funcionarios cubanos, entre ellos Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo y el ministro de Energía Vicente de la O Levy, además de la Dirección de Inteligencia, la contrainteligencia militar y varios mandos del Ejército.
A inicios de junio, Washington amplió la lista con sanciones contra el propio presidente Miguel Díaz-Canel, su familia, Alejandro Castro Espín, los Comités de Defensa de la Revolución, el ICAP y Amistur Cuba S.A. Días después, Cupet fue incluida en la lista de la OFAC, lo que paralizó el proyecto petrolero de la empresa australiana Melbana Energy en Cuba y forzó a la firma estadounidense Vanguard Energy a suspender un envío de 250 mil barriles de combustible a la isla.
La semana pasada, Washington abrió un nuevo frente en Panamá, país que ha funcionado históricamente como plataforma para operaciones internacionales de entidades cubanas, apuntando a redes de influencia vinculadas a GAESA y al coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
Fuera del ámbito estrictamente económico, Rubio también revocó el estatus legal en Estados Unidos de un exfuncionario cubano vinculado al ICAP y ordenó su deportación, con la advertencia de que otros ciudadanos extranjeros relacionados con esa organización podrían enfrentar procesos similares.
Washington y su “paciencia” con Cuba
Ayer, el Secretario de Estado dijo a la prensa que Washington está dispuesto a ser “paciente” y “realista” en el proceso que conduzca a un cambio en la isla.
“Estamos preparados para ser muy realistas sobre cómo se logra eso, y pacientes respecto al proceso serio que conduce a ello. Hemos interactuado con ellos ocasionalmente al respecto; conocen nuestra postura sobre este asunto y esperamos que finalmente se llegue a ese punto”, afirmó Rubio.
El Secretario de Estado reiteró que “el sistema económico de Cuba no funciona” porque “sencillamente no existe en ninguna otra parte del mundo” y es “totalmente anacrónico y no da resultado”.
El lunes, el Departamento de Estado publicó el informe “Cuba: The Capital of 21st Century Communism”, un documento de cerca de cien páginas que sostiene que La Habana ha impulsado durante décadas una red de influencia política dentro de Estados Unidos, respaldando movimientos de izquierda desde el Black Power hasta el activismo propalestino, e infiltrando instituciones del gobierno estadounidense.
En respuesta, el gobierno cubano rechazó de inmediato las acusaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel apeló a un refrán popular para ironizar sobre el informe y arremeter contra su promotor: “Cree el ladrón…“, escribió, en alusión a Rubio.
Mientras, la Cancillería cubana calificó el documento como parte de una estrategia para justificar nuevas agresiones contra el país.
(Tomado de OnCuba)
Desde las dos aceras 
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