Propiedad, usufructo y futuro del agro cubano.

Cuba Transformación frente a las 176 medidas del gobierno cubano.

Pedro Monreal

as 176 medidas oficiales y las propuestas de Cuba Transformación difieren sustancialmente en materia agropecuaria. Las primeras se apoyan en un usufructo ilimitado que funciona como privatización encubierta; Cuba Transformación, en cambio, combina usufructo limitado y privatización bajo reglas claras.

El modelo agropecuario cubano muestra una fuerte discrepancia entre la propiedad de la tierra, su tenencia, sus formas de gestión y los resultados productivos asociados a cada modalidad.

Los datos más recientes disponibles para analizar tenencia, gestión y resultados (2021) muestran que el sector privado es decisivo en la producción nacional de alimentos. En conjunto, propietarios y usufructuarios privados concentraron más de tres cuartas partes de la producción de viandas, hortalizas, frijol, maíz y frutales, y superaron el 35% en arroz y carne de cerdo.

La evidencia económica muestra que, pese a poseer una proporción relativamente pequeña de la tierra, el sector privado domina la producción agropecuaria nacional.

La insistencia de las 176 en mantener el predominio abrumador de la propiedad estatal en el agro cubano —amparada en la idea de que pertenece a todo el pueblo— ha derivado en un usufructo que apenas disimula una privatización de facto opaca (transformación n.º 58 del paquete oficial).

En el usufructo ilimitado propuesto oficialmente, el Estado conserva la propiedad formal, pero el usufructuario recibe derechos casi plenos y el control efectivo pasa al sector privado sin reconocimiento jurídico explícito.

Las decisiones sobre contratos, prórrogas, revocaciones y conflictos quedan sujetas a la discrecionalidad administrativa, lo que aumenta el riesgo de clientelismo, corrupción y captura regulatoria de la tierra agrícola pública.

Cuba Transformación, por el contrario, propone una privatización con reglas previamente definidas, lo que reduce la incertidumbre y la discrecionalidad. Ciudadanos e inversores sabrían con claridad qué esperar, conforme a un Estado democrático de derecho.

Además, el usufructo casi perpetuo propuesto oficialmente mantiene un riesgo latente de revocación ante situaciones imprevisibles. Esa inseguridad puede desalentar inversiones a largo plazo, porque el usufructuario no tiene plena certeza de poder capitalizarlas o transmitirlas libremente.

En contraste, convertir parte de la tierra agrícola estatal en propiedad privada, como propone Cuba Transformación, generaría incentivos más fuertes: el propietario asume mejores los beneficios y costos. También facilitaría el acceso al crédito formal mediante el uso de la tierra como garantía hipotecaria. En un país donde la tierra estatal ociosa y el bajo rendimiento son problemas crónicos, ampliar la propiedad privada incentivaría la recuperación de suelos, la adopción tecnológica, el aumento de rendimientos y productividad, y una mayor estabilidad de la seguridad alimentaria.

La tabla siguiente compara de forma sucinta los aspectos de propiedad y usufructo en las 176 medidas oficiales y en Cuba Transformación.

En síntesis, el usufructo ilimitado del paquete oficial de 176 equivale a una privatización encubierta: reducir el control estatal efectivo sin otorgar plena seguridad jurídica al productor. La privatización con reglas claras propuesta por Cuba Transformación reconoce el predominio privado en la producción agropecuaria y disminuye los riesgos de arbitrariedad y corrupción.

No se trata de “entregar todo”, sino de transferir de manera ordenada lo que corresponde al sector privado, con límites contra la concentración, normas anticorrupción, mecanismos de inclusión social y protección laboral, para que la tierra agrícola nacional cumpla plenamente su función económica y social.

(Tomado del substack de Pedro)

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