Desde las dos aceras

El gobierno de Cuba ha puesto a correr un programa que conduce a una reforma más profunda de su modelo económico y social.Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Las 176 medidas son el giro más profundo que proyecta el gobierno cubano en la reforma de su modelo económico y social entre debates y dudas de la sociedad.

Ariel Terrero, profesor y periodista especializado en economía 

El Plan de 176 medidas presentado por el gobierno cubano en junio promete acelerar la reforma económica y social emprendida en Cuba desde hace más de una década. La apuesta oficial emerge entre debates recalentados sobre los destinos del socialismo cubano y hasta las dudas sobre la viabilidad de estas transformaciones en una economía asediada por Estados Unidos.

A la par, una sintomática recuperación del peso cubano en el mercado cambiario informal le ha dado aparente respaldo a las nuevas propuestas.

El diálogo social se inclinó de inmediato hacia las lecturas políticas polarizadas que suele suscitar la Revolución Cubana. Los temores de unos a la brújula ideológica de los cambios compartieron espacio con las críticas de otros a las demoras para emprenderlos. Afloraron criterios al respecto en las redes sociales, en la prensa global, en el parlamento unicameral y en las reflexiones de economistas y de otros expertos.

Las nuevas medidas recibieron luz verde en lo que parece, ciertamente, el peor momento posible, pese a que una gran parte ya estaba en la letra de documentos bendecidos por la mayor autoridad política del país, los congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC), desde hace década y media. ¿Demasiado tarde?

Aunque la respuesta a esa pregunta absorbió los primeros debates, uno de los economistas críticos desde hace años, Juan Triana, optó por recordar una vieja sentencia china: “el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años; el segundo mejor momento es ahora”.

El presidente Miguel Díaz-Canel mencionó el 27 de junio pasado: “la autocrítica que debemos hacernos todos, comenzando por los máximos dirigentes del país y de sus organizaciones e instituciones, por la dilación en el tiempo en espera de una mayor conciencia colectiva con respecto a la necesidad de los cambios y de un contexto más favorable”.

Esta idea, admitida ante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la reiteró en otras tribunas.

¿Despegará esta vez una reforma que plantea como primera complejidad la vulneración de un modelo de planificación centralizada que, durante seis décadas, constituyó pilar del Estado? El rediseño del poder estatal en la economía requerirá saltar sobre viejas polémicas ideológicas en las que se empantanó el consenso político de escalar la reforma presentada bajo títulos diversos desde los años 90 del siglo XX.

“Ese error no nos está permitido repetirlo en esta circunstancia”, remató Díaz-Canel ante el congreso sindical.

Obstáculos en contra

Las 176 medidas incorporan novedades que no eran esperadas, pero le da continuidad en lo esencial a líneas concebidas en programas anteriores. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La resistencia ideológica y las lecturas ortodoxas de abandono o traición del socialismo reemergieron con la presentación del nuevo programa. Pero más alcance para obstaculizarlo pudiera esperarse, esta vez, de otras condiciones objetivas del contexto, en primer lugar, las presiones geopolíticas de EE.UU.

Las órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Donald Trump este año le han bloqueado totalmente el petróleo a Cuba, así como el acceso al sistema bancario y financiero transnacional, frentes imprescindibles ambos para garantizar la vitalidad de cualquier economía.

Parte importante de las 176 medidas corren el riesgo de tropezar por falta oportuna de recursos energéticos, materiales y financieros. Consecuencia similar puede tener la insuficiencia de otro recurso vital, el capital humano, debilidad de muchos de los municipios y empresas convocados para emprender las transformaciones. Sin recursos para invertir y sin cabezas para encontrarlos, el riesgo de quiebra pesa sobre esos actores de la economía y, por extensión, sobre el nuevo programa.

Paradójicamente, este espinoso contexto incuba condiciones que favorecen a la par un mejor momento para acelerar las transformaciones que el gobierno antes posponía una y otra vez.

Obstáculos a favor

Los largos apagones se han convertido en uno de los símbolos de la crisis y en fuente de tensión social. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El plan titulado escuetamente Transformaciones económicas y sociales, comienza la enumeración de medidas casi de manera directa, sin la abigarrada introducción ni las pesadas narrativas ideológicas de otros programas, lineamientos y conceptualizaciones anteriores.

De la buena voluntad o del apuro para implementar el programa hablan tanto el estilo directo como la celeridad, inusual también, con que se aprobó el documento. La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) le dio luz verde el 18 de junio, después de anunciarlo el presidente a la prensa el 12 de junio. En el interín, pasó la criba del Buró Político y del Comité Central, ambos del PCC, definido en la Constitución como la “fuerza dirigente superior de la sociedad”. La versión definitiva la publicó el Consejo de Ministros el 26 de junio.

El parto tomó solo dos semanas, aunque tenía simiente y abono en los debates públicos levantados en 2025 por el programa económico anterior. Aquel plan, a diferencia de la nueva estrategia, demoró en publicarse casi todo el año y hasta cambió de nombre, luego de enunciarlo ante el parlamento el primer ministro, Manuel Marrero, en diciembre de 2024.

Las tensiones extremas que vive la sociedad, con largos apagones y otras carencias básicas, han llevado a Cuba a un callejón del que solo pudiera salir mediante la transformación profunda y diligente del modelo económico y social. El gobierno lo ha comprendido. Apuesta a una economía con más participación de formas privadas y del mercado y un redimensionamiento real del sector estatal, a fin de hallar las alianzas y el escape comercial y financiero que EE.UU. le bloquea a este país del Caribe en el entorno global.

La existencia de tal comprensión puede sospecharse tanto por la celeridad de gestación del nuevo programa como por su pragmatismo e integralidad.

Nueva lógica empresarial

El gobierno de EE.UU. ha adoptado este año nuevas órdenes ejecutivas con el fin declarado de asfixiar económicamente a Cuba.

Las 176 medidas resultan abarcadoras en tal magnitud que han motivado dudas sobre la capacidad del gobierno para aplicarlas. No faltan opiniones de economistas, como Ileana Díaz y Triana, que han recomendado definir prioridades o una secuencia inteligente en estas transformaciones.

El nuevo plan propone una visión integral que puede marcar una diferencia con el pasado, si consigue implementarse con fluidez similar a la de su gestación. El gobierno evitó dejar en el tintero cambios que fuesen necesarios, como ha ocurrido tantas veces. Proyectos quirúrgicos previos, que se enfocaron a algún ámbito -industria azucarera, ordenamiento monetario, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y bancarización, entre otros-, fracasaron total o parcialmente al no encontrar acompañamiento y sostén en reformas simultáneas de otros sistemas de la economía y la sociedad.

Aunque agrupadas en 23 ejes temáticos diferentes, las 176 medidas muestran líneas de convergencia y conexión más estrecha que en el pasado. La mano y neurona expertas asoman esta vez en la letra del plan. Las propuestas tienen la mirilla en un punto común: la reforma de los actores económicos. Evita así la dispersión de medidas y promesas que ahogó a documentos programáticos anteriores en largas enumeraciones, que intentaban quedar bien con cada sector de la economía y de la burocracia estatal.

El primer eje temático, referido a los actores económicos, postula ideas que tienden a igualar el marco jurídico, comercial y financiero en que se mueven tanto las empresas estatales como las privadas y las cooperativas. “En lo adelante, lo que se apruebe al resto de los actores se aplicará a la empresa estatal socialista”, reza la primera medida, un enfoque nuevo.

Desde hace décadas la capacidad del país para articular encadenamientos productivos e innovaciones se ha visto empantanada en diferencias de las reglas a que están sujetas las formas estatales, las privadas y las cooperativas. La desigualdad abismal en tasas de cambio, espacios comerciales, opciones bancarias y normas salariales para unas u otras horadan la sostenibilidad del modelo. Era difícil hallar quién era la niña privilegiada en el socialismo cubano: si la empresa estatal, la cooperativa, las formas privadas o los inversionistas extranjeros.

Las transformaciones para los actores económicos funcionan como eje transversal del plan. Es a donde miran otros ejes temáticos: el 2, relacionado con un tratamiento más osado de las formas de propiedad; el 3, pensado para el sistema de planificación de la economía; el 7, que con los incentivos de la producción agrícola adopta cambios solicitados desde hace años por las cooperativas; el 10, con transformaciones de las políticas laborales y salariales, vitales para cualquier empresa; y el 14 y el 15, que abren respectivamente las puertas de la inversión extranjera y del comercio exterior a las formas privadas y cooperativas.

Las reglas propuestas en otros ejes temáticos, como el del turismo (17), el transporte (18) y el comercio, la gastronomía y los servicios (19), proponen nuevas oportunidades para las formas no estatales de gestión económica, nacionales y foráneas, incluida la diáspora, y formulan alianzas de las mismas con las empresas estatales.

Continuidad y ruptura

Desde su primer anuncio por Díaz-Canel, el programa Transformaciones económicas y sociales demoró solo dos semanas en ver la luz en versión final. Imagen: Tomada de Internet

Las transformaciones prometidas en el nuevo plan portan un signo de continuidad de estrategias y programas de años anteriores, algunos de vieja data como la Conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista, acuñado por el VII Congreso del Partido en 2017 y revisado en 2021 por el VIII Congreso. Al igual que la estrategia adoptada en 2025, son documentos que fundamentaron la diversificación de formas de propiedad en el ámbito empresarial y pidieron una mayor interrelación entre todos los actores de la economía.

También soñaron con una descentralización más profunda en la gestión empresarial y en la administración de los territorios y orientaron una transformación integral del sistema de planificación centralizada, a fin de reconocer y lograr una conexión más atinada con el mercado.

La intención de otorgar una participación protagónica mayor a las inversiones extranjeras se venía articulando desde el año pasado, en planes que anticipó en la Feria Internacional de La Habana de 2025 el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva.

Sin embargo, el Plan de 176 medidas incorpora giros más atrevidos, inesperados algunos, que conducirían, según se implementen, a un diseño del modelo de socialismo cubano impensado años atrás. Una de las primicias poco esperadas es la medida 33: “permitir la compra de acciones de empresas estatales por personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como por personas naturales”.

Junto a otras medidas que flexibilizan o eliminan regulaciones impuestas antes a los empresarios privados y las cooperativas, son medidas que anticipan un reordenamiento del tablero económico que integraría de manera más fluida las piezas estatales y no estatales, con participación incluso de la diáspora.

Nuevas banderas en la banca

El gobierno parece más decidido en igualar reglas del juego entre las formas estatales y no estatales del modelo económico y social. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El paso más osado del nuevo programa, a mi juicio, puede llegar con el eje temático 11, referido a la modernización del sistema bancario y, junto con él, del sistema cambiario. Son propuestas orientadas también en función del eje transversal del plan, los actores económicos.

Inesperada en alcance al dar entrada a la banca privada, es una maniobra evidente para garantizar el sostén financiero del que han carecido muchas veces la inversión y producción de las empresas de cualquier signo, tanto privadas como estatales. Aunque parecían las más fuertes y protegidas, las empresas del Estado tenían mucho menos libertad que las privadas para administrar sus cuentas bancarias.

Mientras la medida 84 propone “fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria”, la 89 se compromete con “recuperar el papel del crédito bancario como función esencial en la economía”. Son espacios, acciones y participaciones que abrirían oportunidad para que la banca privilegie de forma real la eficiencia empresarial.

Este eje, sin embargo, puede ser el de desarrollo más espinoso o difícil, tanto por las debilidades endógenas del sistema bancario en Cuba, como por las presiones de EE.UU., que históricamente ha aplicado multas millonarias a bancos europeos cuando abren cuentas a empresas cubanas o acompañan negocios de Cuba con terceros países.

Las medidas asociadas a la banca incluyen la ampliación de caminos emprendidos ya para el tratamiento de la deuda externa. Según el consenso de estudios económico-financieros, es un objetivo prioritario para hallar las fuentes o canales de capital externo.

Este eje profundiza igualmente transformaciones en marcha en el mercado cambiario, que rompen incluso con el concepto tradicional de un Estado sobreprotector del plan más que de la eficiencia empresarial. La medida 100 promete ser una de las más polémicas y difíciles de aplicar, en tanto orienta “devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipo de cambio. Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”.

Signos de viabilidad

El plan en marcha promete devaluaciones sucesivas de la moneda nacional, en un esfuerzo por reordenar el debilitado sistema monetario y cambiario. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Pese a las dudas, sorpresas y debates generados en la sociedad, lo cierto es que una parte de las transformaciones será de fácil implementación. En la práctica, solo llegan para legalizar ajustes adoptados de facto por los actores de la economía y, de manera gradual, por el propio gobierno durante el mandato de Miguel Díaz-Canel.

Es el caso de la titularidad de varias empresas privadas por una persona natural (medida 21). El empresario resolvía la propiedad de varias mipymes compartiendo sus titularidades con algún familiar o agente de confianza. Por vías parecidas saltaba sobre el límite de contratación de 100 trabajadores, que tenían las mipymes, condición que desaparecerá legalmente con el nuevo programa (medida 20).

Otro caso típico es la autorización a actores económicos no estatales para participar como agentes en el mercado cambiario (medida 99). La medida aparece para ordenar un servicio que ya existe al margen de la ley. Ante las urgencias de una demanda que la banca estatal y las Casas de Cambio (Cadeca) no alcanzan a cubrir, ha proliferado un mercado informal de compra-venta de dólares y demás monedas.

El gobierno, a su vez, ha dado pasos graduales, aunque a veces con cautela manifiesta, para reordenar el sistema empresarial: desde la entrada de las privadas con las mipymes hasta el otorgamiento de mayor autonomía a las empresas estatales. El reto ahora será homogeneizar y administrar con flexibilidad y visión estratégica las reglas del juego para el conjunto de formas empresariales, estatales, privadas y cooperativas, así como extranjeras.

Otras viejas propuestas que tropezaron antes con trabas múltiples, políticas, burocráticas y culturales, encuentran hoy un contexto contradictoriamente más favorable.

La eliminación del subsidio a productos (eje temático 9) podrá aplicarse con menos dramatismo en momentos en que la canasta familiar normada ha perdido centralidad en el consumo, sin los valores comerciales y simbólicos que tuvo alguna vez. Su sustitución por el subsidio a personas gana fundamento con el reconocimiento público de sectores sociales pobres o en situación de vulnerabilidad.

De la determinación del gobierno para acelerar estos cambios y deudas políticas, habla el que haya definido ya 148 acciones jurídicas con ese objetivo, divididos entre 32 nuevas normas de rango superior y más de 50 resoluciones, unido a la derogación de 15 normas y la modificación de 101, según informó el primer ministro a los diputados.

Habla el mercado

La inflación es uno de los síntomas más torturantes de la crisis económica. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El mercado cambiario informal – el menos afín a las banderas del socialismo-, envió, entretanto, un polémico signo de confianza en las medidas presentadas y, sin quererlo quizás, de confianza en la capacidad gubernamental para implementarlas.

El peso cubano, desangrado por una fuerte inflación desde hace varios años, se recuperó sorpresivamente en ese mercado. Tras llegar a 700 pesos por dólar el 24 de junio, en medio de una crisis extrema este año, se apreció hasta 630 pesos por dólar una semana después de publicar el gobierno la versión definitiva de las transformaciones. Aunque esta brusca reacción puede interpretarse lo mismo como una coincidencia políticamente vulgar que como el rebote típico que sigue a los derrumbes de valor en un mercado.

Tal pareciera que el mercado se tomó en serio el discurso oficial esta vez. Queda por ver hasta cuándo y dónde le dura la confianza al mercado y hasta dónde el gobierno reposiciona la suya en el mercado, quizás su giro ideológico más difícil en esta reforma del modelo económico y social del socialismo que sigue defendiendo, sin saber a ciencia cierta cómo es. (2026)

(Tomado de IPS/Cuba)