Desde las dos aceras

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Seis meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en una redada nocturna, el secretario de Estado Marco Rubio se ha convertido en el gobernante de facto de Venezuela, según una extensa investigación del New York Times firmada por Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev. Apodado «virrey» por funcionarios venezolanos, Rubio supervisa ahora desde Washington las finanzas, los recursos naturales y el aparato de gobierno del país; un nivel de autoridad directa sobre otra nación que, según el Times, no tiene precedente en Estados Unidos desde que Paul Bremer gobernó el Irak ocupado en 2003.

El arreglo tuvo lugar pocas horas después de la captura de Maduro, cuando Rubio llamó a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, y le planteó sus opciones sin rodeos: alinearse con Washington o presenciar un ataque más amplio contra objetivos militares y gubernamentales venezolanos. Ella optó por cooperar y Trump anunció que Estados Unidos «dirigiría el país» hasta lograr una «transición segura, adecuada y prudente».

El mecanismo financiero es el núcleo del poder de Rubio. El Tesoro estadounidense recauda ahora la mayor parte de los ingresos por exportaciones de Venezuela y los devuelve a través de la banca del país bajo las condiciones que fija el equipo de Rubio. Esto le otorga control sobre todo, desde las nóminas públicas hasta la moneda, ya que Rodríguez depende de ese dinero para pagar salarios y sostener el bolívar. Además, Rubio también decide cómo se aplican las sanciones estadounidenses, determinando quién puede hacer negocios en Venezuela, y ha impulsado una reestructuración del sector petrolero para ampliar el acceso de empresas estadounidenses. Rodríguez, por su parte, consulta con él los nombramientos de alto nivel —incluido el ministro de Defensa—, coordina con Washington sus declaraciones públicas antes de emitirlas, y ha facilitado la extradición de aliados de Maduro buscados por fiscales estadounidenses.

El Times presenta esto como un giro llamativo para Rubio, un histórico defensor del cambio democrático en América Latina que ha construido su estrategia hacia Venezuela en torno a una figura heredada del gobierno de Maduro, antes que a la líder opositora exiliada María Corina Machado. El secretario de Estado ha descrito el plan de la administración en tres fases —recuperar la economía, estabilizar el país y luego transitar hacia la democracia— y, antes de los terremotos del mes pasado, funcionarios estadounidenses afirmaban haber llegado ya a la segunda fase, trabajando para abrir Venezuela a la inversión internacional. En este sentido, altos funcionarios viajaron a Caracas para cerrar acuerdos energéticos y mineros, aunque los resultados hasta ahora han sido más bien esbozos optimistas que compromisos firmes. Mientras tanto, Rodríguez no ha fijado fecha para las elecciones y Rubio ha minimizado su papel y negado que Estados Unidos esté ocupando el país; no respondió a la solicitud de comentarios del Times.

Los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 4,300 muertos, han puesto en duda ese cronograma y han congelado los acuerdos de inversión que eran el eje del proyecto. Algunos legisladores han cuestionado la base legal del control de Washington sobre los activos estatales venezolanos, presentando el episodio como una prueba de hasta dónde puede extenderse el poder estadounidense sin un mandato democrático.

En cuanto a Cuba, es difícil pasar por alto el paralelismo de la situación. Si el modelo de Washington para un adversario derrotado consiste en una figura afín que administra una economía bajo control estadounidense mientras la democracia espera, ese es el tipo de arreglo que una Habana acorralada puede esperar razonablemente que le ofrezcan.

Fuente: The New York Times

(Tomado de Cuba Review)