Cuba aprueba 176 reformas para abrir la economía, pero enfrenta serios obstáculos para llevarlas a la práctica

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La Asamblea Nacional de Cuba aprobó un ambicioso paquete de 176 reformas, el intento más amplio del Gobierno por transformar la economía en décadas. La administración del presidente Miguel Díaz-Canel afirma que las medidas buscan hacer frente a la profunda crisis económica de la isla, agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la escasez de combustible y el deterioro de los servicios públicos.

El paquete supone una apertura sin precedentes de la economía cubana. Entre las principales medidas figuran la ampliación del papel del sector privado, la autorización para que una misma persona pueda ser propietaria de varias MIPYMES, la reducción de la lista de actividades prohibidas para el sector privado, la apertura de los mercados cambiarios a operadores privados, la concesión de licencias para casas de cambio privadas y la apertura de sectores estratégicos —como los combustibles, el turismo, el comercio y la inversión— al capital nacional y extranjero. Los inversionistas también podrán adquirir participaciones en empresas estatales, mientras que los gobiernos provinciales y municipales recibirán mayores facultades para gestionar los asuntos económicos locales.

Washington reaccionó con un profundo escepticismo. Un portavoz del Departamento de Estado calificó las reformas como “modestas, largamente demoradas y, en última instancia, señales superficiales del régimen”.

La administración Trump sostiene que las medidas responden a un patrón ya conocido: La Habana anuncia reformas para proyectar una imagen de apertura y luego las revierte cuando comienzan a amenazar el control político del régimen. La Casa Blanca aseguró que seguirá presionando para lograr reformas económicas y políticas “mucho más sustanciales”.

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, quien ha estudiado procesos similares de reformas de mercado en China y Vietnam, explicó al Miami Herald que, en los países comunistas que abrieron sus economías, el Estado de derecho no se consolidó de inmediato, sino que las reformas constitucionales llegaron después de que los cambios económicos fueran impulsados por quienes ejercían el poder.

“La verdadera prueba será comprobar si los dirigentes cubanos son capaces de implementar estas reformas con la urgencia que exige la crisis”, afirmó.

La mayoría de los analistas, sin embargo, mantiene el escepticismo. José Azel declaró a CNN que el principal obstáculo es la falta de seguridad jurídica para los inversionistas. «Ese capital simplemente no llegará mientras no se ofrezcan garantías mucho más sólidas que las proporcionadas por el Gobierno cubano», señaló. Además, las sanciones estadounidenses continúan desincentivando la inversión al afectar a numerosas entidades estatales cubanas.

Los desafíos también radican en la propia estructura de la economía cubana. Aunque las reformas amplían el espacio para el mercado, buena parte de la economía sigue bajo control estatal, incluido el conglomerado militar GAESA, actualmente sancionado por Estados Unidos. Como resume Azel, invertir en Cuba sigue significando, en gran medida, “invertir con el Gobierno cubano”, lo que limita la autonomía del sector privado y aumenta el riesgo para los inversionistas.

Otra preocupación expresada por Herrero es que la venta de acciones y activos de empresas estatales pueda convertirse en “una piñata”, en la que compañías estadounidenses y extranjeras adquieran activos cubanos a precios de remate, de forma similar a las rápidas privatizaciones ocurridas tras la caída del comunismo en Rusia. “Dado el énfasis de esta administración en la política de America First, es previsible que las empresas estadounidenses sean las primeras en intentar obtener licencias e invertir en algunos de estos activos en dificultades”, declaró al Miami Herald.

Las reformas constituyen el reconocimiento más claro de La Habana en años de que su modelo económico necesita cambios profundos. Sin embargo, su éxito dependerá de mucho más que la aprobación parlamentaria; dependerá de la capacidad del Estado para implementarlas, del acceso a financiamiento externo, de la confianza de los inversionistas y de la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, mientras la isla atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea.

Fuentes: CNN | Miami Herald CiberCuba Infobae

(Tomado de Cuba Review)

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