Desde las dos aceras

Imagen generada con inteligencia artificial.

Por Ariel Dacal Díaz

Las propuestas de junio de 2026 resultan el intento de reformas económicas más ambicioso desde los años 90. Ciento setenta y seis transformaciones y veintitrés ejes temáticos que son, ante todo, resultado del agotamiento extremo del modelo productivo y redistributivo anterior, nominalmente socialista.

La escasez crónica de productos básicos en las tiendas estatales, la inflación y el desgaste del pacto social componen la fuerza material que empuja estas transformaciones.

El corazón de las propuestas —transformar la empresa estatal en sociedad mercantil con participación mayoritaria estatal— despierta alarmas justificadas y tensiona el alcance de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción.

El socialismo no se mide por el porcentaje de titularidad estatal, sino por el contenido de las relaciones de producción.

El punto 17 de las medidas es revelador: no establece la autogestión, la cogestión obrera ni controles democráticos del trabajo sobre el capital y la burocracia, limitándose a un cambio de forma jurídica que abre la puerta al capital privado sin contrapeso popular en general, y de la clase trabajadora en particular.

En este caso, el peligro no es la presencia del socio minoritario capitalista per se, sino la ausencia de mecanismos de participación que permitan a los trabajadores y trabajadoras disputar la lógica de rentabilidad financiera, y la concentración de la ganancia, cuando estas entren en conflicto con la función social distributiva de los procesos económicos.

La llamada propiedad socialista de todo el pueblo contrasta en su viabilidad con el punto 33, el que apunta a permitir la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, lo cual, si bien no determina el carácter de la gestión si lo condiciona de manera significativa.

Las medidas permiten la acumulación de empresas privadas, contratación masiva y derechos reales sobre activos. Estas refuerzan las bases materiales para una que una nueva clase emergente obtenga mayor influencia. Es bueno anotar que esta clase no es per se un bloque monolítico destinado de manera infalible a tomar el poder político.

La burguesía naciente es profundamente heterogénea: coexisten pequeños propietarios vulnerables, grupos dependientes de contratos estatales y fracciones vinculadas al capital extranjero. Además, sufre la asfixia del bloqueo, que la subordina al capital global y la vuelve más frágil que autónoma.

El conflicto real que viene con este anuncio en reformas se mueve en un triángulo tenso donde la burocracia estatal, los nuevos actores privados y las necesidades populares pugnan sin un proyecto hegemónico claro.

La historia muestra que el poder económico tiende a traducirse en político, pero en Cuba esa traducción podría encontrar contenciones, lo cual sugiere no esperar un simple «deslizamiento» lineal de actores y modos de gestión política.

En el Eje 3 del documento se propone un modelo de planificación financiera con señales de mercado. Otro asunto de añeja polémica.

El mercado es un espacio político que, con la institucionalidad adecuada y control democrático, podría servir a fines sociales, a condición de que sea una apuesta estratégica y se haga operativa esa posibilidad. Para ello no se debe renunciar a la función reguladora del Estado.

El punto 38, que convierte el encargo estatal en contrato entre oferentes y demandantes, marca una paradoja: el Estado deja de ser rector para volverse un comprador más, pero si ese Estado mantiene el monopolio de ciertos sectores, esa «subordinación» puede ser menos absoluta de lo que parece.

La verdadera complejidad está en que ni el mercado ni la planificación son entidades puras; su articulación será un campo de batalla técnico-político. ¿A qué sectores beneficiará el resultado de esa disputa?

El Eje 16 amplía la dolarización parcial; el Eje 11 abre el sistema bancario al capital privado. Leído de conjunto, podrían suponer la erosión de la soberanía monetaria. En este escenario hay que reconocer que la dolarización es la adaptación a un hecho consumado: la economía ya operaba con divisas en el mercado informal, y el peso se devaluaba sin control.

La pérdida de capacidad de política monetaria es grave, pero la alternativa —mantener la ficción de una moneda fuerte sin respaldo productivo— ya había demostrado su fracaso.

La cesión de control bancario puede ser riesgosa, pero el verdadero núcleo de la soberanía no está en el tipo de cambio, sino en la capacidad de generar producción tangible. Sin eso, cualquier política monetaria es un castillo de naipes.

El Eje 9 elimina subsidios universales para sustituirlos por subsidios directos a personas. Este es, quizás, el punto más delicado, devela riesgo de profundizar las exclusiones.

Al mismo tiempo, también debe mirarse el dato de que la canasta normada ya no garantizaba una protección universal efectiva; era, en la práctica, un subsidio desigual e insuficiente.

Lo cierto es que el paso a la focalización expone a los más vulnerables. El éxito o fracaso de este cambio de concepto dependerá del «Fondo de Protección» prometido (punto 71), cuya opacidad actual es, sin duda, a mí modo de ver, la mayor irresponsabilidad de la reforma.

Creo que asumir la variable pobreza potenciaría un giro significativo en la comprensión del problema y sus potenciales soluciones. Desde esta premisa surgen dos preguntas: ¿los cambios estructurales en curso serán, al mismo tiempo, sedimentación de bolsones de pobreza?; ¿qué propuestas existen para mitigar esa posibilidad?

Un tema tenso es el del usufructo por 99 años, o tiempo indeterminado (que intenta lo contrario a lo estipulado hasta ahora, de solo 10 años y que no es incentivo para hacer producir la tierra), lo cual convierte la tierra en propiedad de facto, al tiempo que contrasta con el punto 58.a., donde se proyecta mantener el principio de propiedad de la tierra de todo el pueblo.

Si bien la crítica a la concentración territorial y la apertura al capital extranjero es pertinente (lo que incluye la licitación de las áreas protegidas), máxime en un contexto de asedio externo, la reforma agraria de 1959 ya no podía sostenerse con el mismo modelo de granja estatal ineficiente; la pequeña producción campesina, abandonada a su suerte, era devorada por la falta de insumos.

La nueva figura jurídica no es necesariamente una restauración latifundista, pero sí exige una regulación antimonopólica y un control popular que no aparece en los decretos. Esa ausencia es su mayor contradicción.

El campesino puede convertirse en actor económico mercantil (empresario o jornalero), pero también podría encontrar en la cooperativa transformada, dígase verdaderamente cooperativa, un vehículo para mejorar productivamente.

La democracia participativa es el eslabón perdido de esta reforma. El centralismo burocrático y el paternalismo no son una novedad de estas medidas, sino un continuum estructural que viene desde el periodo soviético.

La reforma no introduce la limitación a la participación popular; la hereda y la profundiza al privatizar decisiones sin contrapesos. No aparece en la propuesta, como señalé antes, la autogestión, las asambleas obreras vinculantes, ni la planificación participativa.

Solo en su punto 36, se proyecta garantizar la protección de los derechos laborales y sociales sin permitir «explotación indiscriminada». ¿Es una aceptación de facto de las relaciones de explotación laboral? ¿Es esto inevitable?

He aquí el verdadero drama del proceso de reforma en curso: se está moviendo el tablero económico sin empoderar a los trabajadores y las trabajadoras (en la heterogeneidad que los describe como clase), que quedan como meros espectadores de un juego donde la burocracia y el capital pujan por su parte.

Sin democracia, cualquier reforma —estatista o mercantil— es una receta para la desigualdad. Las potencialidades del socialismo mueren por la incapacidad de construir instituciones democráticas que regulen la hibridación en curso.

¿Hacia dónde va Cuba? Lejos de una restauración capitalista plena o de una actualización controlada de la gestión burocrática, el escenario que dibujan estas medidas es el de un campo de fuerzas sin proyecto hegemónico definido.

Los pilares del socialismo histórico —propiedad social, planificación, protección universal, igual salario por igual trabajo— se erosionan, pero no son sustituidos por un capitalismo funcional, sino por un híbrido disfuncional donde coexisten el rentismo burocrático, los nuevos actores privados (fragmentados y débiles), la economía informal, las exigencias populares insatisfechas y una brutal presión externa.

La pregunta no es si el socialismo sobrevivirá, sino bajo qué forma y a costa de qué luchas. Porque la realidad, por ahora, avanza hacia un pantano sistémico donde todos —gobierno y nuevos actores— negocian con la misma crisis.

La alternativa no es un regreso al inmovilismo, sino incluir elementos de un socialismo democratizador que no confunda propiedad estatal con socialización. Al menos, un modelo que incluya dentro de su mixtura, fórmulas que habiliten a los trabajadores y las trabajadoras para la toma de decisiones y ejerzan contrapeso tanto a la burocracia como al capital.

Pero ese camino no está ni siquiera esbozado; se disputará en la práctica cotidiana, en las grietas de una economía dual y dolarizada, donde las certezas se han disuelto.

En este escenario es imprescindible regresar a una vieja pregunta que acompaña a las experiencias socialistas desde principio del siglo XX. ¿La alternativa se mueve solo entre la gestión privada del capital y la gestión burocrática?

¿Por qué no se han incluido dentro del modelo empresas gestionadas democráticamente, ejemplo, voto en inversiones y utilidades, en lugar de solo sociedades accionarias?, ¿por qué no potenciar, en igualdad de condiciones al capital privado, una red de bancos cooperativos y fondos municipales para reinvertir en cada territorio?; ¿qué lugar podrían tener las cooperativas energéticas para solucionar problemas comunitarios?; ¿por qué no crear fondos de inversión para canalizar remesas hacia proyectos productivos con control democrático?

El objetivo de este ajuste apunta a redistribuir el poder económico hacia las bases, fortalecer la producción sin renunciar al control social ni eliminar la propiedad privada, ofreciendo una vía diversa a la acumulación privada de capital.

Desde mi punto de vista, el espejismo de la reforma en curso, potenciado desde la década de los 90, es creer que la alternativa a la crisis cubana se mueve entre el socialismo burocrático o la acumulación privada de capital. Dentro del actual escenario, sería una alternativa incluir en igualdad de condiciones (políticas y legales) formas democráticas, cooperativas y comunitarias para la gestión de los procesos productivos.

(Tomado de la Joven Cuba)