Desde las dos aceras

Ricardo Torres /Washington

Sobre el papel, las 176 medidas aprobadas en junio de 2026 representan el intento más ambicioso de transformación económica desde 1959, y no pueden separarse del contexto en que se adoptan. De ahí la pregunta: ¿era necesaria esta presión externa para que siquiera se consideraran? El presidente Miguel Díaz-Canel admitió en una entrevista esta semana que las medidas tuvieron que acelerarse debido a la presión estadounidense. En cierto modo, muchas de las propuestas dan la razón a los economistas, analistas y ciudadanos que durante años —o décadas— reclamaron cambios que ahora se han presentado y aprobado con gran celeridad. Es evidente que el principal obstáculo fueron las autoridades y su tan invocada voluntad política, más que la viabilidad o la necesidad de las reformas. Lamentablemente, los cambios sensatos que habrían tenido un impacto sustancial hace años ahora se enfrentan a un entorno mucho más adverso.
Se trata de una reforma orientada al mercado. Su objetivo es ampliar el espacio para el sector privado, atraer inversión extranjera, reorganizar las empresas estatales y eliminar los subsidios generalizados, en medio de una profunda crisis caracterizada por la caída del PIB, la alta inflación y los prolongados apagones. ¿En qué medida y de qué manera estas medidas transforman a Cuba, pasando de una economía fuertemente controlada por el Estado a una economía de mercado?
¿Qué proponen las medidas?
El paquete reúne cinco líneas de reforma. En el ámbito empresarial, facilita la creación de PYMES y cooperativas —eliminando el límite de 100 trabajadores—, permite la propiedad de varias empresas y abre la compra de acciones de empresas estatales a particulares, incluidos los cubanos residentes en el extranjero. En el sector estatal, muchas entidades podrán convertirse en sociedades anónimas, se retirarán los subsidios automáticos a las empresas con pérdidas, se introducirá la quiebra y se ampliará su autonomía en materia de salarios y precios. En cuanto a precios y moneda, se pasa de precios administrados a precios de mercado, se anuncia la eliminación gradual de los subsidios a los productos y se rediseña el mercado cambiario con más operadores, más subastas y más devaluaciones. En el ámbito financiero, se autoriza la banca privada y se facilitan las cuentas en moneda extranjera y la entrada de capital extranjero. En materia laboral y de política social, se descentraliza la escala salarial a las empresas, se promete que el salario mínimo se indexará a la inflación y se propone sustituir los subsidios a los productos por apoyo directo a las personas vulnerables a través de un Fondo de Protección Social.
Hacia dónde se dirige el sistema económico: teoría versus práctica.
En la retórica oficial, las medidas se presentan como una forma de salvar el socialismo cubano, y se intenta preservar la propiedad social de los medios de producción esenciales mediante participaciones mayoritarias en empresas de esos sectores. En teoría, el sistema se orienta claramente hacia el mercado en casi todos los aspectos: propiedad, incentivos, competencia y, sobre todo, apertura al exterior.
En la práctica, el movimiento sería mucho menor, al menos a corto y mediano plazo, porque los obstáculos no desaparecen por decreto: escasez de divisas, múltiples tipos de cambio, apagones, monopolios estatales y toma de decisiones discrecional.
El resultado es una brecha entre la norma y su efecto real: el paquete reduce claramente el componente estatal formal del sistema, pero solo parcialmente el de facto . El Estado mantiene la mayoría en los sectores estratégicos y conserva amplios poderes de autorización. Por ello, el destino más probable no es ni un mercado abierto y homogéneo ni el modelo chino o vietnamita que inspira la retórica, sino una economía mixta, segmentada y parcialmente dolarizada, con una apertura desigual.
La dimensión política refuerza esta interpretación de dos maneras. Primero, la credibilidad: sucesivas oleadas de reformas parciales y retrocesos —impulsadas por las mismas autoridades que previamente advirtieron contra cambios de esta magnitud— han erosionado la confianza; y dado que el orden político permanece intacto, el escepticismo tanto de cubanos como de extranjeros es legítimo. Segundo, el enfoque: presentar el paquete como un esfuerzo por “salvar el socialismo” es difícil de sostener porque lo que permanecería intacto, sobre todo, es la estructura política, junto con una mayoría estatal en los sectores estratégicos.
Las señales de alerta
A primera vista, y sin entrar en detalles, destacan cinco tensiones. En primer lugar, y este es el aspecto más delicado, sin garantías legales ni Estado de derecho, varias propuestas podrían convertirse en un caldo de cultivo para el abuso y la corrupción. El punto crítico reside en la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas que posteriormente pueden venderse a particulares y otras empresas: incluso si es parcial, dicha privatización podría favorecer a personas con vínculos internos y distribuir los activos según las conexiones más que según la competencia. Aun desprovistas de capital, las empresas estatales forman parte del (menor) patrimonio de los cubanos y exigen una gestión responsable y transparente.
En segundo lugar, se están liberalizando los precios mientras la oferta sigue restringida. Eliminar los controles y subsidios a los bienes básicos es razonable en teoría, pero la capacidad productiva se ve afectada por la falta de insumos, combustible y divisas. Si los precios se liberan antes de que aumente la producción, el efecto inmediato es un aumento repentino en los precios de los alimentos. Este aumento será un ajuste puntual o el inicio de una inflación sostenida, dependiendo de si está respaldado por el dinero y si existe un ancla nominal que sirva de referencia para las expectativas.
En tercer lugar, los subsidios se recortan antes de que se implementen los mecanismos de protección social, mientras que la dolarización fragmenta el acceso a bienes y servicios. El Fondo de Protección Social se financiaría con los ahorros derivados de la eliminación de los subsidios a los productos: primero se retira la protección universal y solo después se financia la asistencia específica. Al mismo tiempo, una proporción cada vez mayor de bienes y servicios se cotiza en dólares, por lo que el consumo termina estratificado según quién posea divisas. Esto abre un período en el que el costo de vida y la desigualdad podrían aumentar antes de que la nueva protección esté plenamente operativa.
En cuarto lugar, se reforma la moneda y se autoriza la banca privada sin un marco macroeconómico estable, junto con un banco central con capacidad institucional reducida. La introducción de bancos privados y el rediseño del mercado cambiario sin estabilizar previamente el entorno monetario —con reservas agotadas y un peso fuertemente depreciado— generan riesgos de liquidez y confianza. Además, existe una omisión fundamental: la propuesta no define un ancla nominal. El propio rediseño de la moneda —más operadores, subastas y devaluaciones— apunta a un tipo de cambio flexible que, por definición, carece de ancla y no tiene sustituto. Sin fijar expectativas y con la presión de monetizar el déficit en una economía de oferta contraída y reservas escasas, la corrección de precios puede dejar de ser un ajuste puntual y convertirse en inflación sostenida; la indexación salarial prometida, sin un ancla que la contenga, añade inercia a esta dinámica.
En quinto lugar, la descentralización se lleva a cabo sin la capacidad necesaria. A los municipios se les asignan responsabilidades que chocan con su limitada capacidad técnica y fiscal y, sobre todo, pueden convertirse en un caldo de cultivo para mayores disparidades territoriales. En la práctica, esto equivale a delegar problemas y sus soluciones a un nivel de gobierno que no está preparado para asumirlos.
La restricción externa
Aunque estén bien diseñadas y se implementen de forma secuencial, las medidas no son suficientes; las limitaciones externas condicionan todo lo demás. Cuba es estructuralmente una economía pequeña y semiabierta —abierta debido a su dependencia estructural del sector exterior—, en la que la integración internacional no es un complemento de la reforma, sino su condición previa. La dimensión donde el paquete promete mayor apertura es también donde la práctica es más incierta, no por diseño, sino por limitaciones: las sanciones y la incertidumbre cambiaria impiden una integración externa efectiva. Dicha integración se encuentra hoy bloqueada por cuatro elementos que operan como un nudo común y deben resolverse en conjunto.
El primer obstáculo son las sanciones estadounidenses, que restringen el acceso al sistema financiero internacional, al crédito y a gran parte del comercio y la inversión. El segundo es la deuda soberana, que lleva mucho tiempo en mora y que impide la obtención de nueva financiación hasta que se produzca una reestructuración ordenada con los acreedores. El tercero son las reclamaciones pendientes sobre los bienes confiscados, un obstáculo legal tanto para la normalización de las relaciones con Estados Unidos como para la atracción de inversiones seguras. El cuarto es la ausencia de Cuba en las instituciones financieras internacionales —FMI, Banco Mundial, BID, CAF—, lo que la priva de la financiación de la balanza de pagos, la asistencia técnica y el respaldo de credibilidad que suelen acompañar a casi toda transición exitosa.
Sin superar esta limitación externa —es decir, sin reorientar la relación con Estados Unidos (incluida la resolución de las reclamaciones sobre los bienes confiscados), sin una vía de resolución con los acreedores y sin un camino para integrarse en las instituciones financieras internacionales—, resulta difícil imaginar una recuperación sostenida de la economía cubana. Si bien las medidas pueden reorganizar los incentivos internos, la estabilización macroeconómica, la reconstrucción de las reservas y el financiamiento de la transición dependen del acceso externo, algo que el paquete por sí solo no puede generar.
Para concluir la evaluación, cabe hacer una advertencia. El margen de maniobra del gobierno para absorber los efectos macroeconómicos y sociales de estas medidas es muy limitado: con escasas reservas y sin financiación externa, el margen para amortiguar los costes de la transición es reducido. Por ello, la implementación en sí misma será un proceso delicado con enormes repercusiones sociales y políticas.
(Tomado de Cuban Economic Review)