Desde las dos aceras

Por Julio César Guanche
Una cosa es la historia y otra un inventario. Si 1959 fue historia, 2026 parece inventario. El paquete de 176 medidas en 23 ejes, presentado el 18 de junio ante la Asamblea Nacional, es la transformación hacia el mercado más importante desde 1959: más de 148 disposiciones jurídicas afectadas, casi ninguna zona de la economía sin tocar.
Buena parte de esas medidas se exige hace mucho, desde un espectro amplio: descentralización, fin de la doble moneda, pequeña propiedad, mercado, autonomía municipal. Lo que sigue no argumenta contra ellas, sino se preocupa por sus impactos.
Primero, un sencillo análisis textual, puesto que se presenta como “ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo”.
La palabra «Obrero» no aparece en los 23 ejes del documento. «Sindicato» aparece una vez, solo para topar el salario a «la capacidad económica-financiera» de la empresa. «Socialismo» se concentra en lo retórico; en las medidas técnicas sobrevive como etiqueta de la «Empresa Estatal Socialista», que el documento ordena «transformar… a sociedad mercantil por acciones». El significante queda, pero el referente cambia.
El referente que ocupa su lugar tiene nombre, aunque el documento no lo use: ajuste estructural, aunque se pretende de tipo heterodoxo. Sus medidas cardinales —liberalización de precios, banca privada, IVA, devaluaciones sucesivas con liquidación de empresas que «no soporten» el ajuste, eliminación de subsidios universales, apertura irrestricta a inversión extranjera— son las que, normalmente, recomiendan las instituciones monetarias globales en sus programas de estabilización.
La diferencia declarada está en el ritmo y en el mantenimiento nominal de la propiedad estatal sobre los medios «fundamentales», categoría que el documento no define. Sí define el mecanismo de su transferencia: separar propiedad —que sigue siendo «social»— de gestión —que pasa a ser «no estatal»—. En los hechos, es un dispositivo similar al que en China y Vietnam permitió la acumulación privada dentro de estructuras formalmente públicas.
«Mercado» aparece unas veinte veces en el cuerpo del texto. Los candados sociales que lo acompañan —un fondo con «una parte» del ahorro de eliminar subsidios, responsabilidad social delegada a privados, indemnización de tres a seis salarios por despido— tienen, de nuevo, más allá de la letra, un problema de secuencia: la eliminación de subsidios a energía y transporte generará inflación inmediata, que erosionará el Fondo antes de que funcione.
De ahí se abren tres caminos hipotéticos.
El primero es una “renovación” del socialismo, mejor si con control obrero, como reclaman sectores de izquierda marxista. Cuba alcanzó en los 1970-80 indicadores de salud y educación muy por encima de su ingreso. Envió tropas a Angola y en Cuito Cuanavale y contribuyó a la derrota militar del apartheid —«la decisiva derrota de las fuerzas agresoras del apartheid destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco», dijo Mandela en 1991, cuando viajó a la Isla a agradecerlo en persona—. Esa potencia forma parte de la memoria del socialismo cubano, pero el control obrero en Cuba es una fantasía. Antes de 1959 hubo una izquierda con base obrera real: el anarcosindicalismo dominó el movimiento laboral hasta los años veinte; comunistas, trotskistas y el PSP sostuvieron luego sindicatos y huelgas. Tras los 1960 triunfó el socialismo de Estado —planificación desde arriba, soberanía del poder central, autoorganización limitada—. Cuando la jerarquía del partido no colapsa sino que se reorganiza, no nace el control obrero: nace la conversión del poder administrativo en propiedad.
El segundo camino posible es la transición pactada desde arriba: élites del régimen negociando con los sectores económicos crecidos a su sombra, sin ruptura, con aperturas graduales. El límite de ese modelo —documentado en otro tipo de transiciones poscomunistas— es que sin reforma política, la apertura se frena o revierte. Cuba tiene, además, una grieta específica, común a la vez a esos procesos: la corrupción. El exviceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández fue destituido en febrero de 2024 por «graves errores» e investigado por espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. Con goteras de ese tamaño, la pregunta no es si el pacto resiste, sino también con cuáles lealtades.
El tercer escenario hipotético es la transición subordinada a Washington. Cuba no es Venezuela —no tiene petróleo a esa escala ni fuerzas armadas comparables—, pero el bloqueo, el corte de combustible desde enero, la imputación a Raúl Castro y las sanciones sobre Gaesa empujan desde EEUU hacia una salida dependiente. Venezuela mostró el guion: el cambio de régimen no mejoró de facto salarios ni cortó la crisis eléctrica; lo que cambió de inmediato fue la ley, con reformas de hidrocarburos y minería que abrieron el modelo al capital extranjero —formalización, según el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, de la «economía de expolio y despojo»—. Gaesa, los puertos y el níquel son el nodo cubano de esa operación hemisférica.
Los tres caminos tienen una base común: el documento crea las condiciones para actores económicos privados con intereses propios cuya representación el sistema unipartidista no puede procesar sin transformarse. El pacto implícito es el del autoritarismo desarrollista —libertad económica a cambio de obediencia política—. Lo dice Díaz-Canel, acaso sin proponérselo: «Lo primero que hay que hacer es producir. Si no producimos, si no generamos riqueza […] ¿qué justicia social vamos a defender?» Subordinar la justicia social a la producción de riqueza como condición previa es la tesis del capitalismo liberal desde hace dos siglos. Que se enuncie como fundamento del socialismo cubano en 2026 no es una contradicción en el discurso, es una estructura que recorre el documento.
Detrás de los tres escenarios hay un problema más viejo: una economía política democrática exige dos cosas que Cuba no ha logrado combinar. La primera es ausencia de exclusión política. La segunda, capacidad estatal real de acumular para distribuir derechos sociales. Cuba ha probado, en sus tres últimas constituciones, tres maneras de fallar en ambas.
La de 1940 prometió una democracia social sin Estado capaz de cumplirla: de setenta leyes complementarias previstas, solo se dictaron diez en una década, Así, generó inclusión política pero no pudo sostener la redistribución efectiva prometida (el golpe de 1952 también contribuyó a reprimir esa posibilidad)—.
La de 1976 construyó capacidad distributiva —salud, educación, seguridad social— pero sobre la base del partido único como «fuerza dirigente superior»: generó redistribución y estructuró exclusión política. Aunque en 2018 se anunció que no sería imprescindible ser del PCC para ocupar cargos políticos, el partido y su juventud sumaban el 14 % del padrón electoral, pero el 95 % de los diputados eran sus militantes.
La Constitución de 2019 reconoció la propiedad privada y el mercado sin los derechos políticos que permitieran decidirlos, sin mecanismos fiscales efectivos que los ataran a la redistribución, y sin un patrón de acumulación —entre empresas estatales, privadas e inversión extranjera— capaz de convertirlos en fuente de derechos sociales. Más de cinco años después de su entrada en vigor, los tribunales cubanos siguen sin reconocerle fuerza normativa directa —“exactamente como ocurrió con su predecesora”—, y de más de ciento cuarenta recursos de amparo presentados, solo dos habían sido admitidos a trámite.
El mercado que hoy se amplía no redistribuye: concentra. En el primer trimestre de 2021, más de la mitad de la inversión estatal fue a turismo e inmuebles, y apenas el 1 % a innovación. El documento de las reformas no menciona la pobreza ni la desigualdad: las llama «vulnerabilidad multidimensional» y delega su corrección a los actores económicos —estatales y privados— “como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario”.
A esa exclusión se suman otras. El cuidado no remunerado sigue cayendo sobre las mujeres: casi una de cada dos cubanas en edad laboral está fuera de la fuerza de trabajo formal, y aunque hay más mujeres universitarias que hombres, tienen menor autonomía económica y menos presencia en los sectores mejor pagados. Los 23 ejes no dicen nada de esto; lo trasladan, como los demás candados sociales, a la responsabilidad voluntaria de empresas y comunidades. La estratificación racial sobrevive en la riqueza, el reconocimiento simbólico y el poder institucional. La diáspora de las remesas y el capital para los nuevos negocios privados es, por la historia migratoria de Cuba, desproporcionadamente blanca. Un mercado abierto sin corregir esas exclusiones no reparte: añade capas a la desigualdad de siempre.
Nada de esto ocurre de modo aislado. El mundo donde Cuba negocia su apertura es el mismo donde los neofascismos se institucionalizan en gobiernos electos, el racismo vuelve a ser política de Estado y la desigualdad extrema se celebra como mérito. Cuba es una pieza de ese panorama, no su centro: ni su socialismo es la excepción redentora que a veces se pretende, ni su eventual recolonización sería un caso aparte de lo que le pasa hoy a buena parte de América Latina.
Es bastante claro que las reformas llegan tarde. El bono de tiempo que el socialismo cubano tuvo tras 1959 se consumió en postergación, inmovilismo y persecución de toda organización independiente. El 11 de julio de 2021 lo dijo: muchos cubanos certificaron como roto el contrato social de la Revolución. La sociedad llega a este momento desempoderada, sin organización política propia, y sin poder aguantar una penuria material más.
También, la asfixia tiene otras cifras: la mortalidad infantil subió de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos entre 2018 y 2025; la supervivencia infantil al cáncer cayó del 85 % al 65 % por falta de citostáticos; más de doce mil niños esperan cirugía sin insumos; más de la mitad de los medicamentos esenciales está en falta. Ese sufrimiento —con historia propia, agravado por la «máxima presión» de Washington— es la materia con que se negocia más de un escenario: el dolor convertido en moneda de cambio geopolítica.
Los escenarios pueden ser hipotéticos. La tragedia de la crisis, su explotación interesada y la falta de capacidad del pueblo cubano para intervenir en sus desenlaces no lo son.
Tomado del Facebook del autor)