Desde las dos aceras

Aunque no se podían comprar libremente, las balitas de gas licuado vendidas a precios subsidiados eran una fuente estable de energía para cocinar sobre todo para los segmentos con ese acceso en las ciudades.Foto: Archivo IPS-Cuba

IPS/La Habana

La privatización parcial del gas licuado en mayo muestra el posible rumbo de servicios básicos brindados por el Estado, que acentúa diferencias sociales en Cuba.

La comercialización de cilindros de gas licuado en dólares estadounidenses ya casi cumple un mes desde que comenzara a finales de mayo en esta capital, como una alternativa para paliar la profunda crisis energética que atraviesa el país.

Ahora el paquete de medidas sociales y económicas, aprobadas el 18 de junio por el parlamento unicameral, incluye la eliminación de “subsidios a productos transformándolos en subsidios a personas”, en un orden prioritario que comenzaría por los “combustibles, electricidad, transporte de cargas y pasajeros y tarifa de agua”.

El objetivo será, indicó el reporte del oficial diario Granma sobre la sesión parlamentaria, “trasladar los costos reales (de estos productos) a los precios mayoristas y minoristas”, es decir, aumentará el costo para las personas consumidoras finales.

Y esto ya sucede en La Habana con las llamadas “balitas de gas”, que hasta mayo último solo se vendían a precios subsidiados en pesos cubanos, mediante contrato y a través de la cartilla de racionamiento.

El Mercado Digital de Derivados del Petróleo sirve de soporte para la distribución ycomercialización de combustibles importados en Cuba así como otros productos derivados.

Infraestructura estatal pasa a privados

A diferencia del gas distribuido tradicionalmente por la estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet), este combustible en dólares es importado por operadores privados autorizados, que ahora utilizan parte de la infraestructura establecida de distribución para hacerlo llegar a las y los consumidores.

La medida se suma a otros cambios significativos en la gestión de un sector históricamente controlado por el Estado. Durante décadas, la importación y comercialización de combustibles estuvo en manos estatales, que se comprometían con garantizar un grupo de servicios y productos subsidiados a la población local.

Sin embargo, la disminución de los suministros externos, las dificultades para acceder a financiamiento internacional, las presiones de Estados Unidos y las crecientes restricciones para adquirir combustibles en el mercado extranjero, obligaron a las autoridades a flexibilizar parcialmente el esquema en mayo y mucho más en junio.

La apertura al sector privado en la importación de combustibles forma parte de una estrategia más amplia para captar divisas y aliviar la presión sobre las finanzas estatales.

No obstante, la solución en el caso del gas licuado trajo un costo evidente, pues el acceso al servicio queda condicionado a la capacidad de pago en moneda extranjera, en un país donde la mayoría de las y los trabajadores reciben sus salarios en los devaluados pesos cubanos.

Y estos cilindros se usan para cocinar en un país con apagones de más de 45 horas, con un creciente número de familias preparando sus alimentos a base de carbón vegetal o leña.

Tecnología y conectividad

El proceso de compra de una “balita” está dividido en dos etapas y depende completamente de herramientas digitales. Se debe reservar primero el cilindro a través de sitio web oficial KM CERO.

Una vez completado el formulario con los datos personales, el sistema genera un código QR y un comprobante que permite recoger el cilindro de 10 kg al día siguiente en el punto de venta correspondiente al municipio de residencia.

Para completar la operación, la persona usuaria debe presentarse con un cilindro vacío para el cambio y efectuar el pago de 24 dólares mediante la tarjeta Clásica, una modalidad financiera diseñada para operar con divisas extranjeras.

Sin embargo, la digitalización del proceso ha generado nuevas dificultades para una población que enfrenta serios problemas de redes y conectividad. Los prolongados apagones afectan tanto la cobertura móvil como el acceso a internet, provocando retrasos y largas esperas en los puntos de venta.

“Estuve más de seis horas para comprar. Había una larga cola y el proceso de venta era muy lento a causa de la conexión”, relata Aymé Ceballos, vecina del municipio periférico de Guanabacoa.

“La dependienta tenía que recoger diez carnet de identidad y códigos de la cola. Después subía a un tercer piso, que era donde entraba la señal. Allí escaneaba y comprobaba la reservación; luego bajaba y despachaba. Así lentamente avanzaba la cola”, explicó.

La experiencia pone de manifiesto una contradicción cada vez más frecuente en Cuba: la digitalización de servicios esenciales en un contexto marcado por la inestabilidad eléctrica, la baja conectividad y las dificultades tecnológicas que afectan a buena parte de la población.

Otros sitios de compra desde el exterior y entrega en Cuba como SuperMarket23 y Katapulk también ofertan gas licuado de petróleo, solo en La Habana, a precios superiores en moneda libremente convertible a los de KM CERO.

Hasta ahora se han habilitado cinco puntos de recogida en instalaciones de Cupet de la capital, ubicadas en los municipios de Guanabacoa, San Miguel del Padrón, La Lisa, Boyeros y Arroyo Naranjo.

Exclusión y supervivencia

La venta de gas licuado en dólares se suma a una serie de transformaciones económicas que han modificado sustancialmente la relación entre el Estado y los servicios básicos.

En los últimos años, la apertura de tiendas que operan exclusivamente en divisas, la expansión de actores privados en sectores estratégicos y la creciente dependencia de mecanismos de mercado han introducido dinámicas tradicionalmente asociadas a economías más liberalizadas.

Según especialistas, estas medidas evidencian las dificultades del modelo económico cubano para garantizar el acceso universal a bienes esenciales bajo las condiciones actuales, que fueron reconocidas de alguna manera por el parlamento, en su sesión extraordinaria del pasado 18 de junio.

Los efectos de las medidas parciales ya han profundizado las desigualdades existentes entre la población.

La posibilidad de acceder a productos básicos depende cada vez más de la disponibilidad de moneda extranjera, las remesas familiares enviadas desde el exterior o la vinculación con actividades económicas mejor remuneradas.

Mientras tanto, quienes dependen exclusivamente de salarios estatales encuentran crecientes obstáculos para satisfacer necesidades de vida fundamentales.

Con una sociedad cada vez más segmentada, la comercialización de gas en dólares aparece como la antesala de que las soluciones para enfrentar la crisis terminarán trasladando el costo a los segmentos más vulnerables del país. (2026)

(Tomado de IPS/Cuba)