Desde las dos aceras

Por Julio César Guanche

Circula en diversos medios una consigna con rango de programa político renovado: Cuba será una democracia el día en que se restituya la Constitución de 1940. La fórmula es un atajo histórico: borra más de 80 años de historia entre aquella constitución y el hoy.

Dicho rápido, primero: el estado de derecho, las elecciones libres, los límites al poder, no son banalidades de manual. La Constituyente de 1940 salió de las urnas del 15 de noviembre de 1939, en una elección disputada entre nueve partidos que negociaron, artículo por artículo, un texto que ninguno controló por completo.

El pluralismo —la idea de que ningún grupo debía monopolizar el poder— fue un valor defendido entonces por todo el espectro político, de los comunistas a los liberales más conservadores. Ese consenso, esa forma de hacerlo, sería hoy un punto de partida imprescindible para pensar cualquiera sea la “cosa que venga después” en Cuba.

Pero este texto no va por ahí. Es más puntual: va a la ironía de lo que se defiende sin conocerlo, a lo que se esconde detrás de una celebración acrítica del 40 que nunca toma nota real de sus contenidos.

Esa Constitución se aprobó el 5 de julio de 1940. No en 1959. No en 1976. No en 2026.

En el mismo año de su nacimiento, sus enemigos la atacaron, a fondo, por «socialista». El Diario de la Marina la despidió como el final de una época de degradación de las ideas. Orestes Ferrara la llamó totalitaria. Guas Inclán denunció que un movimiento socialista en marcha había hecho sucumbir la vieja constitución individualista de 1901. El semanario Avance anunció una Cuba comunista, con retratos de dirigentes obreros en cada casa y una plaza roja en cada pueblo. El diario Alerta llamó monstruosidad a la sección dedicada al trabajo. Eusebio Mujal —el mismo que años después entregaría los sindicatos a Batista— juzgó que el país estaba ya en el límite de socializar la propiedad.

No exageraban del todo.

La Constitución de 1940 prohibió el latifundio y sentó la base jurídica de una reforma agraria que la república, luego, dejó sin hacer casi dos décadas. Resolvió, con una disposición transitoria que generó enorme reacción de banqueros y acreedores, la moratoria de las deudas hipotecarias y de colonos, el gran tema socioeconómico de la década de los 1930 en Cuba. Consagró la jornada de cuarenta y cuatro horas, el descanso retribuido buscando no dejar resquicio legal para el fraude, el derecho de huelga, el seguro social, la protección a la maternidad, la limitación del latifundio bajo el principio de la función social de la propiedad: un catálogo de derechos laborales que ninguna otra constitución latinoamericana igualaba entonces, ni siquiera la mexicana.

Esa Constitución declaró ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, color o clase —artículo 20, tras una batalla en la Asamblea donde hubo delegados que propusieron sustituir la palabra discriminación por la palabra «molestia», y otros que sostenían que el racismo no existía en Cuba, que si los negros cubanos no progresaban era porque no usaban sus derechos. Borró la distinción entre hijos legítimos e hijos naturales, estigma que pesaba sobre todo en las familias negras, donde el matrimonio formal era privilegio menos frecuente que entre las blancas.

La Constitución de 1940 tuvo enemigos con nombre y apellido. La embajada de Estados Unidos juzgó inconstitucional la transitoria de la moratoria y acusó a la Asamblea de tiránica y contraria a la democracia. La Cámara de Comercio de Cuba y de los Estados Unidos protestó de inmediato. También la Havana Clearing House. También la Lonja del Comercio de La Habana. La oligarquía cubana —banqueros y latifundistas— vio en cada artículo una amenaza real, no una pose. Y en plena Asamblea hubo quien, con la mejor conciencia liberal, negó que el racismo fuera un problema cubano.

No hace falta aburrir con el inventario de derechos que hoy vuelven antigua a esa Constitución: el constitucionalismo avanzó, como tenía que avanzar. Basta saber qué fue la del 40 en su tiempo. Hija de la ola antifascista que llegó de Europa a América tras 1939, que en América latina elaboró significados propios. Keynesiana en su fe en el Estado como árbitro entre capital y trabajo. Intervencionista, sin complejo alguno. Garantista hasta donde la correlación de fuerzas de 1940 lo permitía. Un hito de su época. Nada más, nada menos.

Ahí hay una paradoja, más bien una ironía. Muchos de los que izan la Constitución del 40 como reliquia sagrada de una futura transición liberal llaman comunismo, todos los días, a la intervención estatal en la economía, a la función social de la propiedad, a la sindicalización obligatoria, a cualquier reforma agraria, a cualquier política que reparta antes de que acumule. Y llaman «resentimiento» o «ideología importada» a hablar de racismo en Cuba, el mismo argumento de quienes en 1940 se opusieron a declarar la discriminación como delito, convencidos de que el problema no existía o de que bastaba con que cada cual hiciera uso de sus derechos. Defienden un fantasma y le temen a su sombra. Piden que regrese la carta magna y maldicen, con el mismo entusiasmo, todo lo que esa carta magna defendía: tanto su intervencionismo económico como su antirracismo legal. Que vuelva el cadáver, piden, pero ya pedirán que no resucite.

(Tomado del Facebook del autor)