 Pedro Monreal Doctor en Economía por la Universidad de La Habana Mauricio De Miranda Profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia) |
| El carácter estructural de la crisis económica que sufre Cuba, más allá de la combinación de políticas económicas fallidas y de los efectos de las sanciones económicas estadounidenses, responde —esencialmente— a la persistencia de un modelo de planificación centralizada, cuyo fracaso ha sido probado por la historia. En Cuba, las reformas económicas parciales y lentas han fallado repetidamente. La secuenciación excesiva genera inercia y obstaculiza la respuesta de la oferta, lo que impide una estabilización macroeconómica exitosa. Un programa de transformación económica debe establecer una visión clara del modelo económico y político para guiar su implementación desde el principio. Esto nos lleva a considerar que, no solo para salir de la crisis, sino para recuperar una senda de crecimiento sostenido que permita mejorar el nivel de vida de la población, es necesario construir las bases de una economía social de mercado, bajo un Estado de derecho democrático. |
| Modelo económico, mecanismos clave y coherencia intertemporal El modelo económico es una versión simplificada del sistema real en el que un país debe organizar la producción, la distribución y el consumo de bienes, servicios y factores productivos. La llamada planificación centralizada ha conducido a problemas tales como: errores sistemáticos en la asignación de recursos; rigidez ante cambios tecnológicos o de demanda; incentivos perversos para las empresas estatales que no enfrentan competencia, riesgos de quiebra ni se ven obligadas a una disciplina financiera efectiva con severos costos económicos y sociales para toda la sociedad; distorsiones de precios que, al no considerar las reglas del mercado, producen escasez, baja calidad de la producción, colas y racionamientos, fomento de los mercados subterráneos y desequilibrios macroeconómicos e intersectoriales. En el caso de Cuba, esto se ha convertido en un fenómeno crónico. La administración centralizada de la economía y el predominio de un sistema político totalitario permiten la fusión entre el control del poder económico y el político. Si la sociedad no dispone de opciones reales de elección y el Estado —en manos de una clase burocrática— controla los medios de producción, el empleo, los precios y los salarios, así como la asignación de recursos y la distribución de bienes, desaparece la autonomía de la sociedad civil, lo que favorece la consolidación de formas autoritarias de gobierno. Este sistema se traduce en la ausencia de pluralismo político, la imposibilidad de ejercer un control democrático efectivo sobre las decisiones del gobierno, la censura informativa, la consolidación de una clase burocrática que se apropia del poder, así como la desaparición de la independencia de las organizaciones sindicales y sociales. Por ello, resulta imprescindible que la transformación del modelo hacia una Economía Social de Mercado (ESM) se produzca también en el marco de una transformación del sistema político e institucional que conduzca a la conformación de un Estado democrático. El modelo de ESM se fundamenta en el predominio de la empresa privada, sin desestimar la participación de la empresa pública, y demanda un marco institucional sólido que lo regule, así como un enfoque orientado a la distribución equitativa de los beneficios derivados del crecimiento económico. El marco institucional de este modelo se basa en las reglas de una economía de mercado, el respeto y las garantías de la propiedad privada, la defensa de la competencia, la regulación de los mercados para evitar conductas que vulneren la justicia y la igualdad de oportunidades, y normas para el uso de las políticas macroeconómicas. En resumen: competencia, más crecimiento económico, más progreso social para todos. La ESM se fundamenta en tres premisas esenciales. La primera establece que el mercado es una realidad económica cuya operatividad requiere la implementación de normas jurídicas coherentes que permitan el intercambio mediante los precios de mercado. Entre estos principios destacan la libertad económica, la propiedad privada, la libre competencia, la protección de los derechos del consumidor y la limitación del intervencionismo estatal excesivo en la economía. La segunda premisa reconoce que el mercado puede fallar y requiere corrección mediante la autorregulación asociativa y la regulación estatal. La tercera noción alude a la posición que se concede a las relaciones mercantiles en la economía, destacando que estas deben estar orientadas al bienestar social y no únicamente al mercado. Es fundamental que un mercado competitivo se subordine al objetivo primordial de la economía: promover el bienestar colectivo. Existen al menos tres funciones esenciales para que un sistema económico sea eficiente y dinámico: el cálculo económico, los incentivos y la innovación. Cálculo económico: es la capacidad de evaluar costos, valores y la escasez para asignar recursos de manera eficiente. En las economías de mercado, los precios, determinados principalmente por la oferta y la demanda, facilitan este cálculo. Incentivos: son motivaciones que llevan a personas y empresas a actuar de forma productiva, como trabajar, invertir o arriesgarse. Pueden ser recompensas materiales y morales, así como incentivos negativos que desestimulen comportamientos como el fraude, la evasión fiscal y la corrupción. Innovación: es la capacidad de impulsar avances tecnológicos, desarrollar productos novedosos, optimizar procesos y adoptar estructuras organizativas que contribuyan al incremento de la productividad y del bienestar. Las tres funciones se relacionan entre sí: un cálculo preciso ofrece datos útiles para decidir, los incentivos impulsan la acción basada en esa información, y cuando ambos mecanismos funcionan correctamente, favorecen la innovación, el desarrollo y la capacidad de adaptación. Resulta esencial que las medidas de emergencia y las estrategias a largo plazo estén alineadas para impulsar la transformación hacia el modelo de ESM. Controlar variables como la inflación, el tipo de cambio y el déficit fiscal es clave para lograr estabilidad macroeconómica y resolver problemas urgentes, pero no debe obstaculizar las reformas estructurales. Estas reformas impulsan el crecimiento y mejoran el desarrollo económico. |
| El régimen político para una transición hacia una economía social de mercado El régimen político es clave para el éxito de una reforma económica, ya que determina la negociación del conflicto distributivo, la credibilidad y la creación de instituciones sólidas. Las reformas no solo consisten en medidas técnicas o en políticas públicas; también son procesos políticos que alteran la distribución de recursos, poder y oportunidades en la sociedad. Modifican los incentivos y determinan quiénes ganan y quiénes pierden. Ignorar el contexto político suele conducir al fracaso o a la inestabilidad de las reformas. Diversos sistemas políticos pueden propiciar la transición de una economía centralmente planificada a otra de mercado. Ejemplos como los de China y Vietnam muestran que el partido comunista puede permanecer en el poder durante este proceso. No obstante, consideramos que la evolución de Cuba hacia una economía social de mercado debe realizarse bajo un Estado de Derecho democrático. Los partidos comunistas de China y Vietnam encabezaron sendas reformas económicas profundas y coherentes desde el punto de vista estratégico que se tradujeron en un crecimiento económico sostenido, mejoramiento de la inserción internacional y del bienestar material de sus respectivas sociedades y llevan varias décadas en esos procesos, si bien esto no ha significado un incremento de las libertades civiles ni el establecimiento de un sistema democrático y, por esas razones, no existe un verdadero control social de la gestión gubernamental. Esto significa que, en las condiciones de ambos países, es posible revertir los procesos desarrollados hasta el momento, sobre todo si un bloque conservador o un dirigente autocrático consolida sus posiciones políticas. En Cuba, la dirigencia optó por medidas económicas tardías, parciales y, con frecuencia, reversibles, en un contexto institucional de notable inseguridad jurídica, falta de garantías y restricciones a la propiedad privada. El mantenimiento del control estatal impide el funcionamiento adecuado de los mercados y la asignación eficiente de recursos. La actual generación de dirigentes ha expresado claramente que es “continuidad” y, en tal sentido, ha mantenido el carácter extractivo de las instituciones, por lo que no se espera de ellos el cambio estratégico que el país necesita. Elegir un Estado de Derecho democrático para el cambio económico en Cuba descarta el argumento utilitarista que justifica los modelos chino o vietnamita solo por sus resultados. La democracia se valora no solo por los beneficios que aporta, sino también por ser el sistema más adecuado para salvaguardar la libertad individual. Considerada como un objetivo en sí misma y no solo como una herramienta, ofrece una protección superior de las libertades individuales frente a los regímenes de partido único. |
| A manera de resumen En resumen, consideramos que el modelo adecuado de transformación para Cuba pasa por una Economía Social de Mercado que funcione en un Estado de Derecho democrático, en el que el Estado cuente con capacidad institucional para actuar de forma coherente, autónoma y estratégica para promover el desarrollo del sistema, corregir las fallas del mercado y alinear los recursos hacia objetivos nacionales de largo plazo, sin que su intervención derive en ineficiencia o captura por intereses personales o de grupo. Ese Estado democrático debe tener la capacidad de diseñar, ejecutar y controlar las políticas económicas claves, así como regular los mercados de factores productivos, garantizar la competencia, establecer normas antimonopolio, desarrollar la infraestructura, trazar la estrategia de desarrollo y fomentar el desarrollo social. En especial, la política social debe enfocarse en la erradicación de la pobreza y en el desarrollo humano. El mercado, por su parte, debe tener un papel decisivo —aunque no exclusivo— en la asignación de recursos y en la formación de precios, basados predominantemente en la oferta y la demanda, con espacios para intervenciones selectivas. Finalmente, resulta crucial el reconocimiento de las diversas formas de propiedad y de su igualdad ante la ley. No tiene sentido establecer límites al desarrollo de la propiedad privada y/o cooperativa, ni mecanismos discrecionales para definir cuáles se autorizan y cuáles no. Lo que Cuba necesita es más emprendimiento y más emprendedores, en igualdad de condiciones legales y de acceso a los mercados. |
(Tomado Cuba Review)
Desde las dos aceras 
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