Desde las dos aceras

Imagen: AP/Ramón Espinosa.

La crisis actual de Cuba no expresa solo el derrumbe de indicadores económicos, sino también el agotamiento de una forma de organizar la economía, administrar el poder y sostener la promesa igualitaria. El problema ya no es cómo preservar el modelo, sino qué tipo de cambio puede evitar su descomposición caótica.

Ricardo Torres

Para cualquier persona familiarizada con la vida cotidiana en Cuba, la crisis actual no constituye una sorpresa. Lo distintivo, en este caso, no es el constante deterioro, sino su intensidad, su extensión y las crecientes dificultades para disimularlo. De acuerdo con cifras oficiales, el PIB acumula una contracción de más de 15% respecto de 2018; las exportaciones de bienes se redujeron a menos de la mitad; la generación eléctrica cayó 25% entre 2019 y 2025; y el turismo -sector estratégico de la economía cubana- pasó de 4,6 millones de visitantes en 2017 a apenas 1,8 millones en 2025. A ello se suma el desplome del transporte público, la escasez persistente de alimentos y medicamentos, y una crisis demográfica sin precedentes: la población bajó de 11,1 millones en 2020 a 9,6 millones en 2025. No se trata, por tanto, de otra «mala racha». Cuba vive una crisis sistémica.

El empeoramiento observado desde 2019 responde tanto a factores de largo recorrido como a una sucesión de choques externos frente a los cuales la economía cubana carecía de reservas, flexibilidad y mecanismos de adaptación. Pero sería un error presentar la situación actual como el simple resultado de las sanciones estadounidenses, los efectos de la pandemia o los vaivenes internacionales. La experiencia cubana confirma algo bastante elemental: ningún proyecto social puede sostenerse indefinidamente sin una base material suficiente. Durante demasiado tiempo, sin embargo, la dirigencia cubana apostó por esquivar ese límite. En lugar de transformar los pilares internos del funcionamiento económico, prefirió buscar arreglos favorables con aliados externos que permitieran preservar un mínimo de prestaciones y aplazar reformas cuyas implicaciones políticas resultaban inciertas.

La crisis de una fórmula 

Durante décadas, Cuba recurrió a esquemas de compensación externa para sostener un modelo económico poco productivo y altamente centralizado. Primero fue la Unión Soviética y el resto del bloque socialista; más tarde, Venezuela. En ambos casos, el vínculo excedía la lógica comercial ordinaria: respondía también a apuestas geopolíticas. Esa condición permitía intercambios preferenciales, formas encubiertas de financiamiento y márgenes de tolerancia imposibles de conseguir en relaciones de mercado normales. El problema es que esa «fórmula» generó alivios transitorios pero reforzó, al mismo tiempo, el aplazamiento de las transformaciones internas. Mientras existía una fuente externa de compensación, las ineficiencias del sistema productivo podían enmascararse y dejar de ocupar el centro de la agenda política.

Ese diseño estratégico mostraría límites insalvables. Ató la viabilidad del país a coyunturas geopolíticas ajenas y a la disposición de gobiernos extranjeros a subsidiar, por razones políticas, una economía incapaz de generar internamente los recursos necesarios para su desarrollo. En el caso venezolano, además, el apoyo se concentró en un insumo decisivo: la energía. Cuando ese suministro se redujo, los efectos no se limitaron al balance comercial, sino que también se resintieron la generación eléctrica, el transporte y la producción industrial. El impacto, a fin de cuentas, se propagó al resto de la economía. La pérdida de ese respaldo se produjo, además, en un entorno internacional más hostil, con menos disposición de China o Rusia a asumir costos para sostener a Cuba en condiciones preferenciales.

Pero la isla vive, además, una situación paradójica: por razones geográficas, migratorias y familiares, la sociedad cubana se articula cada vez más en torno de Estados Unidos, es decir, del mismo país que se define como su principal antagonista. La Habana mantiene conversaciones con Washington porque, en el nuevo contexto, no tiene otra salida visible para el drama doméstico. Pero a esta etapa se llega desde una posición de debilidad, sin una hoja de ruta clara para reorganizar la economía y el sistema político.

Decisiones equivocadas

Los choques externos importan, pero no bastan para explicar la situación. La crisis también es el resultado de decisiones internas equivocadas. El turismo ofrece un ejemplo claro. Durante años fue la gran apuesta para generar divisas y, entre 2015 y 2024, más de 36% de la inversión total del país se destinó a hoteles e infraestructura conexa. El error no consistió solo en que Cuba apostara con tanta fuerza por un sector expuesto a shocks externos y con señales crecientes de pérdida de competitividad, sino además en que lo hiciera al costo de descuidar otras prioridades, especialmente la infraestructura eléctrica. Mientras se seguían levantando hoteles de alto costo, el sistema electroenergético se deterioraba hasta un punto crítico.

El desempeño del turismo terminó confirmando esa errónea lectura estratégica. Tras alcanzar 17,8% de todos los arribos al Caribe, Cuba cayó a 6% en 2025. Las decisiones de política interna también contribuyeron a ese declive: dependencia excesiva de una oferta estandarizada de «sol y playa», débil desarrollo de experiencias complementarias de mayor valor y escasa capacidad para adaptarse a cambios en la demanda turística y en la competencia regional. La sobreinversión turística, vista en retrospectiva, no solo no resolvió la restricción externa; también profundizó otras vulnerabilidades.

A ese error se añadió la reforma monetaria y cambiaria de 2021, conocida como «Tarea Ordenamiento». Cuba eliminó la dualidad monetaria que había mantenido durante casi tres décadas -con un peso cubano (CUP) para la población y un peso convertible (CUC) para el sector empresarial y el turismo-, unificó el tipo de cambio oficial y procedió a un reajuste general de salarios, pensiones, precios y tarifas. 

Presentada como un intento de racionalizar precios relativos y ordenar incentivos, la reforma terminó agravando los desequilibrios. Se aplicó sin reservas internacionales, sin un mercado cambiario funcional, sin una oferta capaz de responder a la demanda y sin instituciones capaces de anclar expectativas. El resultado fue una fuerte aceleración inflacionaria, una ampliación de las brechas entre el tipo de cambio oficial y el informal, y una mayor segmentación de la economía: el sector estatal, el privado formal, el informal y el dolarizado siguieron operando con precios, reglas y monedas de referencia distintos. En lugar de ordenar la economía, la reforma profundizó la incertidumbre y erosionó aún más el poder adquisitivo de los hogares.

La restricción demográfica agrava todavía más el cuadro. Entre 2019 y 2025 habrían salido del país más de 1,4 millones de cubanos. Además, 25,7% de la población ya tiene 60 años o más, y la que está en edad laboral se ha reducido 19% desde 2015. Cuba intenta remontar la crisis con menos trabajadores, menos contribuyentes y mayores presiones en pensiones, salud y cuidados. La demografía opera aquí como una restricción macroeconómica, no como un simple dato social.

El «modelo socialista» cubano se ha ido vaciando de contenido. De su formulación tradicional queda cada vez menos, salvo la persistencia del control político. Pero incluso ese control ha cambiado de naturaleza. Si en otros momentos el poder podía combinar coerción con mecanismos de integración material y promesas creíbles de movilidad o protección, hoy predominan las restricciones, la vigilancia y el castigo. Hay menos capacidad de ofrecer bienestar, seguridad o expectativas positivas, y se hace hincapié en el disciplinamiento. Dicho de otro modo: menos zanahoria y mucho más garrote.

El declive del sector estatal

Eso se advierte también en la estructura económica. La primacía de la propiedad estatal sobrevive en las estadísticas agregadas, pero cada vez menos como expresión de una economía estatal robusta, y cada vez más como resultado de definiciones jurídicas y decisiones administrativas. La actividad productiva de las empresas estatales se concentra en un número reducido de ellas, mientras una parte significativa arrastra pérdidas recurrentes o subsiste gracias a subsidios, reacomodos contables y apoyos extraordinarios. 

El declive del sector estatal, sin embargo, no conduce a un campo económico homogéneo. Convive con dos espacios que operan con diferentes reglas: por un lado, el ámbito civil, cada vez más penetrado por mercados formales e informales; por otro, el conglomerado empresarial de GAESA (Grupo de Administración Empresarial SA, controlado por los militares), sobre el que existe todavía menos supervisión social y transparencia pública. Esa dualidad acentúa la opacidad, fragmenta los incentivos y complica cualquier intento de construir reglas compartidas.

Al mismo tiempo, el mercado se ha expandido, no como resultado de una decisión estratégica coherente, sino como consecuencia del fracaso de los mecanismos centralizados para organizar la producción, la distribución y el acceso al consumo. A pesar de la resistencia oficial y de las distorsiones regulatorias, es el mercado –formal o informal, abierto o encubierto– el que asigna una parte creciente de los recursos. Incluso allí donde su presencia no se reconoce abiertamente, reaparece de manera indirecta. En amplias zonas de la vida social, el acceso a bienes, servicios o tratos preferenciales depende menos de reglas universales que de la capacidad de pago, de los contactos o de intercambios informales. Eso erosiona no solo la igualdad material, sino también la legitimidad moral de instituciones que durante décadas se presentaron como emblemas de justicia social.

La mutación del modelo también se observa con claridad en las cuentas públicas. Entre 2008 y 2024, los ingresos del Estado cayeron de 71,7% del PIB a 36,1% a precios corrientes, y el gasto total descendió de 78,1% a 42,9%. Se trata de un cambio de escala en toda regla. En un país donde el Estado concentró históricamente una parte extraordinaria del ingreso nacional, esa contracción implica menor capacidad para financiar servicios públicos, amortiguar crisis y sostener funciones básicas de la economía.

La señal políticamente más sensible aparece en el gasto social. En 2008, este representaba, según cálculos basados en estadísticas oficiales, 42% del PIB; en 2024 había caído a 19,5%. El presupuesto de educación bajó de 14,2% a 6,1% del PIB; el de salud pública y asistencia social (transferencias a personas sin amparo), de 12,4% a 7%; y el de seguridad social (fundamentalmente pensiones), de 7,1% a 4,4%. Incluso dentro del gasto total, el componente social perdió peso: pasó de 53,8% en 2008 a 45,6% en 2024. El dato más revelador es que, entre 2023 y 2024, el gasto total aumentó ligeramente, pero el gasto social cayó. Es decir, incluso cuando el gasto agregado no se contrae, la canasta social se comprime. 

El Estado cubano no solo se hace más pequeño, también se vuelve menos social. Es cierto que parte de esa caída en las cifras refleja una distorsión estadística: como los precios del sector privado crecieron mucho más que los del estatal, el peso del gasto público en el PIB se reduce en parte por efecto de la medición. Pero incluso descontando esa distorsión, la tendencia de fondo es inequívoca: el Estado cubano gasta menos, redistribuye menos y protege menos.

Las consecuencias son visibles. El desmantelamiento progresivo de la libreta de racionamiento, el deterioro de la salud y la educación, la desaparición de servicios de cuidado y la creciente carga trasladada a las familias configuran una mercantilización de facto del bienestar. El Estado no ha renunciado formalmente a su papel, pero pierde capacidad material para sostenerlo.

Cambio sí, pero no cualquiera

La crisis actual es más peligrosa que otras anteriores porque llega después de años de erosión económica, institucional y social. La sociedad cubana es hoy mucho más desigual. Un economista cercano al gobierno estimó un índice de Gini superior a 0,45 en 2018, muy por encima del rango de 0,22 a 0,27 reportado para 1989. Todo indica que en 2025 ese índice fue aún más alto. La desigualdad no surge solo de la dolarización parcial de la economía o del acceso diferencial a remesas, también refleja el desmantelamiento de las redes de protección que durante décadas amortiguaron los peores efectos de las crisis.

Eso cambia la naturaleza misma de la contracción. En la década de 1990, incluso en medio del trauma del «Periodo Especial» posterior al colapso soviético, existían instituciones sociales con mayor capacidad para contener el deterioro. Hoy el empobrecimiento se vive con menos auxilio. La socióloga Mayra Espina estima que cerca de 45% de la población se encuentra «en situación de pobreza, sin autonomía de elección y sobreviviendo por debajo de lo esencial». La precariedad dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un rasgo estructural de la vida social. Toda crisis genera desigualdades, pero en este caso, la renuencia a poner en práctica una reforma económica y política profunda está produciendo consecuencias particularmente injustas: multiplica las brechas, castiga más a quienes tienen menos recursos y hace que el acceso a bienes y servicios dependa cada vez menos de derechos y cada vez más de la capacidad individual de sobrevivir.

Este panorama se refleja en el espacio físico. Al deterioro de la infraestructura se suma la aparición de nuevos «habitantes» de las ciudades. Los mendigos, las personas sin hogar, los buscadores de comida y otros artículos entre los desechos («buzos»), que antes eran apenas visibles, constituyen la expresión más aguda del desamparo. Pero están lejos de ser los únicos. Muchos ancianos viven solos, con escaso acompañamiento y cuidados insuficientes. La escala del desafío es tal que, en un paso con pocos precedentes, las autoridades invitaron al sector privado a participar en la provisión de diversos tipos de cuidados. 

Los «apagones» son tan frecuentes y prolongados que ya han cambiado la configuración de las rutinas hogareñas, de los tiempos de estudio, trabajo y descanso. Las calles, medio vacías por la escasez de combustible, empiezan a ser recorridas por vehículos eléctricos de todo tipo: triciclos de fabricación china, motorinas y un puñado de autos destinados a servicios esenciales como el traslado de enfermos o los servicios fúnebres, símbolos simultáneos de la crisis energética y de una adaptación improvisada.

A ello se suma una menor capacidad institucional para gestionar una crisis compleja. Persiste una burocracia más inclinada a preservar procedimientos, espacios de control y rentas que a producir resultados. La anterior ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, llegó a afirmar en las sesiones del Parlamento cubano que en la isla no hay mendigos, sino personas «disfrazadas de mendigos», lo que provocó su destitución.

Así, el contexto se vuelve claro: lo que se acumula son respuestas descoordinadas, controles, topes y prohibiciones, pero falta una estrategia integral que reconozca la magnitud estructural del problema. El Estado cubano no enfrenta esta crisis desde una posición de fortaleza administrativa, sino desde el desgaste. Hay menos recursos, pero también menos capacidad para priorizar, coordinar, corregir y comunicar. 

A juzgar por las declaraciones y, sobre todo, por las políticas implementadas, dentro de la «corriente dominante» del gobierno predomina una orientación favorable a una apertura económica parcial y selectiva, con ventajas para los actores con mayor capacidad de influencia, combinada con un esquema político de ajustes limitados y una menor importancia de las garantías sociales. Esto se refleja en la creciente presencia de términos como «privado» y «mercado» en el discurso oficial. Más que una evolución coherente del modelo previo, este patrón parece responder a una adaptación pragmática a las restricciones actuales, lo que ayuda a explicar las tensiones internas que genera.

Una reforma económica de alcance limitado –funcional a la lógica de minimización de riesgos de la elite– no sirve para corregir los problemas estructurales de la base productiva. No solo resulta insuficiente, sino que además avanza con rezago respecto de las transformaciones ya en curso. Estas últimas impulsan una mayor diversificación de actores y una creciente estratificación social, dinámicas que requieren ajustes en el ámbito político para canalizar intereses divergentes y gestionar conflictos, así como la redefinición de las garantías sociales en función del nuevo contexto. 

La combinación de cambios económicos parciales con una adaptación institucional incompleta se traduce en estancamiento productivo y deterioro del bienestar, junto con una mayor fragmentación social y política. En estas condiciones, la reforma económica constituye un componente necesario, pero no suficiente, de la respuesta. El discurso público sugiere una marcada aversión al cambio –acentuada por las presiones externas– y una adaptación solo parcial al entorno. No se identifican, por el momento, actores con capacidad de articular un viraje de paradigma que permita encauzar una salida al impasse actual.

La maduración del sector no estatal confirma que la economía real ya cambió. Se estima que 37% de la fuerza laboral trabaja en el sector no estatal y que 26% lo hace específicamente en el sector privado, sin contar el empleo informal. Entre 2012 y 2024, el sector público eliminó casi un millón de empleos, mientras cuentapropistas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) generaron cerca de 570.000 puestos de trabajo. En diciembre de 2025 operaban más de 9.940 de este tipo de empresas privadas, con más de 200.000 empleados, y el sector privado importó más de 2.000 millones de dólares en mercancías en 2025.

Todos estamos viendo cómo la negativa a emprender una reforma profunda, económica y política, tiene consecuencias tremendamente injustas. Cuba corre el riesgo de cambiar partes significativas del modelo de una manera desordenada y caótica, en ausencia de las instituciones necesarias para gestionar conflictos, arbitrar intereses y construir un nuevo contrato social. En lugar de desgastarse tratando de convencer a incautos de que todavía se gestiona y que incluso se aspira a una sociedad socialista, las autoridades deberían comenzar a construir las instituciones de un sistema diferente: el de una economía social de mercado.

Ese giro requiere mucho más que liberar unos cuantos sectores o negociar alivios externos puntuales. Exige reconocer que el problema no es un simple shock ni un desajuste pasajero, sino el agotamiento de una forma de organizar la economía y de administrar el poder. Requiere un gobierno que represente efectivamente los intereses de la sociedad, un Estado más profesional y sometido a mayor control público, reglas más transparentes para todos los actores económicos y mecanismos políticos capaces de procesar el conflicto sin convertirlo en amenaza. 

Sin ese horizonte, la presión de Estados Unidos, la descomposición del sector estatal y la expansión desigual del mercado pueden empujar al país no hacia una transformación ordenada, sino hacia una erosión cada vez más caótica del orden existente.

(Tomado de Nueva Sociedad)