Tras semanas de tensiones entre Washington y La Habana —marcadas por declaraciones públicas encendidas, discretas conversaciones a medias, un llamado “bloqueo” petrolero e incluso el incidente mortal con una embarcación en aguas nacionales cubanas—, la confrontación pública parece haber entrado en una pausa temporal. Menos anuncios, más calibración, presumiblemente hasta que el conflicto en Oriente Medio se enfríe.
Las declaraciones más relevantes en los últimos días provienen de ambos lados de la mesa de negociación. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista a Newsweek, publicada ayer, en la que reiteró la postura negociadora de Cuba: disposición al diálogo, condicionada al respeto de la soberanía, y advertencias sobre los costos de una escalada, sin aportar elementos sustancialmente nuevos.
Días antes, en la cumbre del G7 en Francia, el secretario de Estado Marco Rubio reflejó una claridad similar desde el lado estadounidense, rechazando cualquier acuerdo que separe la reforma económica del cambio político. “La economía de Cuba necesita cambiar, y su economía no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”, declaró Rubio a la prensa, dejando claro que el presidente Donald Trump no se conformará con ajustes superficiales. Aunque después del acuerdo de alto el fuego de anoche con Irán, ¿quién sabe?
Ambas declaraciones, aunque no introducen novedades, delimitan con mayor precisión los contornos de lo que sigue siendo un camino estrecho hacia un acuerdo.
Desde Washington, la presión sobre los envíos de petróleo sigue siendo la principal herramienta, aunque las recientes autorizaciones a petroleros rusos y exportaciones hacia el sector privado cubano han evitado la parálisis total de la isla, otorgando a La Habana cierto margen de maniobra. La administración Trump busca ejercer la presión suficiente para forzar concesiones, mientras evita un colapso humanitario que complique aún más el escenario.
En paralelo, el Gobierno cubano también ha movido ficha. La apertura parcial del mercado de combustibles y los esfuerzos por atraer capital extranjero —ambos orientados hacia el sector privado— apuntan a ajustes económicos relevantes, al menos sobre el papel, aunque su impacto real sigue siendo incierto. En esa misma línea se inscribe la liberación de más de 2 000 presos. Presentada como una decisión “soberana”, la medida difícilmente es casual. En el pasado, gestos similares de “buena voluntad” han coincidido con períodos de diálogo con Estados Unidos. Aún no está claro cuántos de los liberados son presos políticos, una demanda clave de Washington, la oposición al régimen y la sociedad civil cubana.
Como señalamos en ediciones anteriores de nuestra newsletter, las señales apuntan a una posible reconfiguración económica con continuidad política. En ese contexto, la presión externa, la capacidad de adaptación interna y el entorno geopolítico seguirán siendo factores decisivos. |
Desde las dos aceras 
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