Desde las dos aceras

LJC/

El gobierno estadounidense anunció un nuevo paquete de 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba. A primera vista resulta bastante contradictorio que la misma administración, tras impulsar medidas que inciden directa y negativamente en la generación eléctrica, el transporte y la vida cotidiana, se presente también como proveedor de alivio humanitario a la crisis provocada por dichas medidas. Pero no es contradictorio.

La asistencia está condicionada a que se canalice fuera de las instituciones estatales, y a que se ejecute directamente por actores no estatales dentro del país, en particular a través de la Iglesia católica, y con supervisión de funcionarios estadounidenses, sin pasar por los mecanismos formales para la asignación de fondos.

Lo cierto es que resulta imposible aliviar de manera realista la situación de la población cubana sin contar con las instituciones estatales, que son las que hoy administran hospitales, farmacias y escuelas, y las únicas con capacidad de proveer servicios esenciales como electricidad, agua, gas o transporte público. En ese sentido, una ayuda focalizada del gobierno norteamericano difícilmente pueda traducirse en un alivio sostenido. Pero sí sirve para apuntalar la narrativa de «salvador», algo que funciona bien como acción de relaciones públicas y que tiene efectos políticos directos, además de que ayuda a desplazar (aún más) al Estado cubano de su responsabilidad de garantizar acceso a bienes básicos. 

A lo largo de décadas, los servicios de inteligencia y la política exterior de Estados Unidos han considerado a las organizaciones religiosas como actores funcionales en escenarios de crisis. La articulación con iglesias, misiones y redes de asistencia ha servido para disputar legitimidades y facilitar procesos de cambio sin recurrir a formas abiertas de coerción, como la intervención militar directa, con sus altos costos diplomáticos.

El ascenso de las iglesias evangélicas en amplias zonas de América Latina, y su papel en la reconfiguración del campo político y en la llegada al poder de gobiernos de derecha, es un ejemplo de cómo ese tipo de influencia social puede traducirse en resultados políticos de largo aliento.

Si bien la Iglesia Católica, a través de Cáritas, ha tenido un trabajo sostenido de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, se trata de una ayuda que responde a determinadas urgencias, y eso la vuelve útil en el corto plazo, pero no cambia la situación general, agravada por las medidas de presión de la administración Trump. La crisis sigue ahí, con los mismos problemas de fondo. 

Desde Washington la preocupación no es humanitaria, sino por aumentar la presión interna para empujar a un escenario de negociación o de estallido, a la par de seguir minando la capacidad del gobierno cubano para gestionar la crisis y ofrecer respuestas propias.

La respuesta oficial del gobierno cubano tampoco ha estado a la altura de la situación. Su capital político aparece cada vez más debilitado, y la comunicación insiste en el llamado a la resistencia de la ciudadanía para enfrentar la realidad, cuando lo que se esperan son líneas de acción definidas sobre cómo atender la situación actual y la que se avecina.

Mientras esas respuestas no lleguen y la precariedad se prolongue, la población tiende a aferrarse a cualquier opción de supervivencia disponible, sin margen para evaluar su procedencia ni su trasfondo político. La ayuda estadounidense a Cuba tiene un componente cínico evidente, pero en ausencia de soluciones materiales mínimas por parte del Estado cubano, la asistencia externa será asumida como lo que hoy es para muchos, una vía inmediata para sostener la vida, incluso cuando forme parte de una estrategia que desborda ampliamente el terreno humanitario.

(Tomado de La Joven Cuba)