Desde las dos aceras

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LJC

En la historia política cubana, la soberanía ha estado siempre ligada a una aspiración concreta. Durante generaciones, el mayor horizonte fue ver a Cuba libre de toda dominación externa, primero de España y luego de la tutela estadounidense. 

Después de 1959, si bien se nacionalizaron recursos y servicios públicos, la dependencia económica a la antigua Unión Soviética condicionó la política nacional, y dejó desprotegida la economía, a tal punto, que quedó devastada luego de la caída del bloque socialista. 

Ese hilo recorre el pensamiento y la acción política cubana, y reaparece una y otra vez como espada de Damocles en el debate público del país. Por eso, cada negociación bajo condiciones asimétricas trae de vuelta el dilema de hasta dónde negociar sin comprometer aquello que se considera irrenunciable.  

Esa tensión se expresa actualmente en el caso venezolano, cuyo gobierno está dando señales de negociar con Estados Unidos en términos que exceden el intercambio diplomático convencional. Las licencias otorgadas a empresas estadounidenses para operar en el sector petrolero, las conversaciones sobre producción y exportación, y los acuerdos puntuales alcanzados en materia de prisioneros y cooperación, indican un reordenamiento de la relación sobre bases claramente asimétricas. Medios estadounidenses como The New York Times informaron recientemente que, según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno venezolano presentará un presupuesto mensual a la Casa Blanca para autorizar el uso de ingresos petroleros. En general, las concesiones que se insinúan alcanzan recursos estratégicos, márgenes de maniobra económica y ámbitos que, en un escenario de autonomía plena, no formarían parte de un proceso de negociación.

Por su parte, EE.UU. vuelve a presentarse con derecho a intervenir, ordenar y condicionar el rumbo político de América Latina. De forma explícita reaparece la Doctrina Monroe, reactivada desde el trumpismo, hasta el punto de que se habla de una «Doctrina Donroe» como reformulación contemporánea del viejo postulado, el de Latinoamérica como espacio de influencia natural, disponible para la presión y el condicionamiento externo.  

in embargo, el retorno a la lógica de «influencia» regional choca con el marco normativo que rige formalmente las relaciones internacionales desde mediados del siglo XX. La Carta de las Naciones Unidas reconoce la igualdad jurídica de los Estados y el derecho de cada país a decidir libremente su organización política, económica y social, sin injerencias externas; ese marco no distingue entre países grandes o pequeños ni concede privilegios en función del poder que tenga cada Estado, aunque en la práctica sean justamente los más «fuertes» quienes lo incumplen con mayor frecuencia.

La distancia entre la norma internacional y la práctica política siempre estuvo, pero se hace más evidente por estos días fuera de los escenarios de sanción directa. Incluso en países con trayectorias muy distintas, en los que se incluyen aliados  de EE.UU., empiezan a aparecer discursos que cuestionan esa relación de manera cada vez más expresa. 

En un pronunciamiento reciente, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, puso el acento en la necesidad de repensar el desarrollo económico de su país como potencia media y su inserción internacional, sin dar por sentada una dependencia estructural de Washington y lo hizo hablando en términos de autonomía y capacidad de decisión nacional.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en la defensa de la soberanía, subrayando que la cooperación no puede confundirse con la cesión de asuntos estratégicos. Sin equiparar contextos ni situaciones, esas posturas muestran que la cuestión de la autonomía vuelve a estar en el debate regional, como una preocupación vinculada a la capacidad de los Estados de fortalecer sus márgenes de decisión interna, redefinir sus subordinaciones y establecer relaciones exteriores desde posiciones menos asimétricas.

Cuba ha sido, durante toda su existencia como república, uno de los principales escenarios sobre el que ha pendido el debate en torno a la asimetría de poder y el respeto a la autonomía de los Estados. En la historia reciente, las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, fueron concebidas como un dispositivo a mantener prolongadamente para condicionar de manera negativa el entorno en el que la Isla estructura su desarrollo económico, su política exterior y su orden interno. Sus efectos atraviesan la vida cotidiana de múltiples maneras, como factor visible que incide sobre la ciudadanía, aunque también demasiadas veces enarbolado como único argumento al que se recurre para justificar malas decisiones en la política doméstica y la ausencia de transformaciones profundas.

Si países con economías consolidadas y mayores márgenes de maniobra ponen en primer plano la necesidad de fortalecerse desde dentro para ampliar su autonomía y sus relaciones comerciales con los diferentes actores internacionales, resulta difícil justificar que Cuba, con problemas estructurales acumulados y una situación social muchísimo más frágil, pueda seguir postergando las decisiones internas que necesita. La situación económica, el deterioro de las condiciones de vida y el desgaste institucional no admiten más aplazamientos. La soberanía como principio no admite negociación, pero en la práctica política se sostiene, sobre todo, desde el bienestar o la esperanza de él como generador de consenso sobre un proyecto de país que defender.

No es casual que a los gobiernos les resulte más difícil preservar valores y capacidad de autodeterminación cuando la vida de su población se reproduce en condiciones de precariedad… Decidir hacer transformaciones profundas, por tanto, es un deber hacia esa población y debe ser parte de un proceso propio, interno y soberano del país, no como respuesta a exigencias de gobiernos extranjeros y agendas externas. 

Sin necesidad de ir muy lejos, Puerto Rico es un ejemplo del alcance que puede llegar a tener una agenda externa. A la isla boricua se le ha intentado administrar la identidad desde fuera durante décadas y, aunque su relación con EE.UU. ha traído beneficios económicos y financieros para determinados sectores, el precio ha sido alto en términos políticos, culturales y sociales. La imposibilidad de decidir plenamente sobre su estatus, su modelo de desarrollo y su lugar en el mundo ha convertido esa relación en una forma de neocolonialismo que sigue siendo objeto de disputa y cuestionamiento. De ahí que intelectuales y artistas puertorriqueños lleven años señalando que no hay prosperidad material que compense la pérdida de autogobierno ni la subordinación del proyecto colectivo.

La soberanía es una condición política concreta que se ejerce o se pierde. No existe compatibilidad posible entre un proyecto soberano de país y cualquier forma de anexión o sumisión a intereses externos. Toda fórmula que traslade a actores extranjeros el control de áreas centrales de la nación compromete seriamente la posibilidad de construir el proyecto propio. Al final, la discusión remite al tipo de país que se está dispuesto a defender y legar, esa idea que Villena resumió en el deseo de que «nuestros hijos no mendiguen de hinojos la patria que los padres nos ganaron de pie».

(Tomado de La Joven Cuba)