Ana Teresa Badía
La iniciativa elimina la obligación de asociación mayoritaria con PDVSA, ajusta las regalías y habilita el arbitraje internacional.
El proyecto habilita a empresas privadas, locales y extranjeras, a explorar, producir y comercializar petróleo con mayor independencia del Estado, cambia el régimen fiscal y elimina obligaciones centrales del esquema anterior, como la participación mayoritaria de la estatal PDVSA en todos los proyectos.
El texto impulsado por la presidenta designada Delcy Rodríguez, apunta a revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, cuando el Estado concentró el control de la industria y determinó que los privados podían operar únicamente a través de empresas mixtas con PDVSA.
Con la nueva propuesta, las compañías podrán operar campos petroleros por cuenta propia mediante contratos con la estatal, incluso sin control accionario, y recibir directamente los ingresos por la venta del crudo.
Durante el debate parlamentario, el titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, defendió la iniciativa.
La reforma cambia además el llamado régimen de regalías. El Ejecutivo podrá reducirlas hasta 15% desde el 33% vigente para proyectos especiales o de alta complejidad técnica.
Otro cambio relevante es la incorporación de mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales.
Abogados y analistas han advertido, sin embargo, que la reforma entra en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector, y que su aplicación requerirá derogar o modificar leyes aprobadas en años anteriores.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
(Tomado del Facebook de la autora)
Desde las dos aceras 
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