A mediados de 2025 la red empresarial del MINCIN en todo el país acumulaba una deuda de 8 000 millones de pesos, fundamentalmente con empresas mayoristas de alimentos. Desde ahí, la cadena de impagos seguía las más impensables ramificaciones.
A finales de diciembre, en una entrevista con Radio Sancti Spíritus, el director pecuario de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, José Luis García Pérez, confirmó que esa entidad cerraría 2025 sin cumplir su plan de entrega de leche.
Las entregas de Sur del Jíbaro quedarán “ligeramente por debajo de los cuatro millones de litros”, apuntó la emisora. De por sí el plan original ya era mucho menor al de años previos, cuando La Sierpe, el municipio donde se ubica Sur del Jíbaro, sobresalía como uno de los principales productores lecheros de las provincias centrales.
La noticia del incumplimiento pasó inadvertida entre las tantas de signo similar que en los últimos tiempos se han hecho habituales en Cuba. Solo entre los conocedores de la ganadería en Sancti Spíritus motivó cierto debate; en particular, de quienes consideran que la política de pago a los campesinos debe cambiar radicalmente, si es que se pretende que la producción lechera no desaparezca en Cuba
Luego de una breve recuperación, que en 2010 alcanzó los 629 millones litros, el acopio nacional de leche volvió a decrecer, primero lentamente y en los últimos años a marchas forzadas. Aunque para 2019 todavía rondaba los 520 millones de litros, en 2023 terminó con menos de la mitad de esa cifra, 230 millones.
Significativamente, 2023 es el último año del que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ha publicado datos. En el anuario de 2024 el capítulo correspondiente a la actividad agropecuaria fue omitido, y desde entonces tampoco se han compartido estadísticas parciales sobre el sector. Esa decisión parece confirmar las especulaciones sobre el mal desempeño global de la agricultura, que pudiera ser incluso peor de lo que se supone.
Afecta cadena de impagos a productores de leche
Hasta 2024 las deudas por cobrar y pagar eran un tema recurrente para la prensa y las autoridades cubanas. Pero al igual que con las estadísticas agropecuarias, sobre las cadenas de impagos cuesta encontrar referencias más cercanas en el tiempo. Los ministerios de Economía y Planificación, y Finanzas y Precios, por ejemplo, no han publicado nueva información, y en medios como Granma y Cubadebate las entradas al respecto fueron espaciándose hasta volverse casi excepción. A pesar de ello la problemática está lejos de solucionarse.
Así lo reconoció la directora de economía del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Zoila Victoria Leiva Oro, durante un programa televisivo Cuadrando la caja, en junio de 2025. “Hasta la fecha esta situación siempre nos ha acompañado por razones objetivas y subjetivas. Cuando se desarrolló la Tarea Ordenamiento, los niveles de precios se incrementaron y, por tanto, aumentaron los niveles de impago. Ahora las cifras son altas y nos preocupan”.
Su explicación buscaba alejar las culpas del MINCIN, insistiendo en que el sector no participaba directamente en la cadena de deudas, en particular las que implican a campesinos. Pero se contradecía con la situación que más adelante ella misma describía. “A nivel local el Comercio incide en los impagos, no directamente con los productores, pero sí con los proveedores, y con determinados productores de la industria como el lácteo, el cárnico, por entregas al programa de la canasta familiar normada. Ellos le deben a los productores y entonces nosotros estamos involucrados, porque también les debemos a ellos e incidimos en que se pague”.
Tal “incidencia” podía traducirse en números concretos: a mediados de 2025 la red empresarial del MINCIN en todo el país acumulaba una deuda de 8 000 millones de pesos, fundamentalmente con empresas mayoristas de alimentos. Desde ahí, la cadena de impagos seguía las más impensables ramificaciones.
Para facilitar el pago a los productores agropecuarios, hace años el Ministerio de Finanzas y Precios creó el llamado fondo rotatorio, sostenido con 400 millones de pesos aportados por el presupuesto del Estado. Su objetivo es financiar empresas que tengan deudas con campesinos individuales y bases productivas.
“La empresa estatal no tiene que pagar interés por ese crédito, sino que los intereses los asume el Estado. O sea, que es al país al que le cuesta el uso de ese recurso. Es una de las vías más importantes para que las empresas puedan acceder a liquidez. Este año se le van a añadir 100 millones de pesos más [se trataba del presupuesto en discusión para 2026]”, explicó el director del Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros, Silvio Gutiérrez Pérez, otro de los panelistas del programa televisivo mencionado.
Aunque a primera vista el fondo pudiera parecer generoso, en realidad sus recursos no alcanzan para mucho en el actual contexto nacional, admitió Gutiérrez Pérez. “Por la inflación, los precios van subiendo y los impagos van creciendo”.
¿A dónde va el dinero?
El fondo rotatorio institucionalizó una práctica que durante años se había desarrollado en algunas provincias bajo el apelativo de “conciliación”.
“Era un proceso bastante simple, en esencia. Se citaban al banco y a las empresas con mayores impagos del territorio para que trabajaran en conjunto. A veces, la solución era tan simple como que el banco le ingresase dinero a la empresa A, y ésta le pagara a las empresas B y C, y así sucesivamente. Al final, el dinero fluía de una empresa a otra hasta regresar a la institución bancaria. La dificultad del proceso radicaba en lograr sentar a la misma mesa tantos actores diferentes”, describió un funcionario de la dirección provincial de Finanzas y Precios en Camagüey.
Por años, las “conciliaciones” aliviaron la carga de impagos en muchas provincias. Pero se hicieron prácticamente inviables tras la creación de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), a comienzos de los 2010, y la centralización de la gestión de divisas.
La mayoría de las empresas locales perdieron competencias. “Incluso operaciones básicas requerían aprobación del organismo superior, en La Habana. Luego estuvimos años a la expectativa de cuándo se eliminaría el CUC, lo que incorporó incertidumbre a la actividad financiera. Recuerdo que alrededor de 2018-2019 la empresa láctea de Camagüey acumuló deudas por decenas de miles de CUC con los campesinos que entregaban leche para las producciones en divisas porque el banco no autorizaba a que estos se abrieran cuentas en CUC. La justificación no podía ser más insólita: el banco argumentaba que no podía hacerlo porque ‘la política del país se encaminaba a la unificación monetaria, reduciendo el uso del CUC hasta eliminarlo por completo’. Por una decisión administrativa los campesinos no podían recibir su dinero, a pesar de que este se encontraba disponible”, ejemplificó el funcionario citado.
En 2021 el decreto ley 34 centralizó aún más las facultades empresariales, pero sin la centralización de responsabilidades que cabría esperar en correspondencia. “Aunque las OSDE controlan las decisiones estratégicas de sus empresas, no son responsables de sus compromisos financieros. La regulación impone limitaciones a la responsabilidad patrimonial de las OSDE en relación con las deudas de sus empresas subordinadas”, expuso la abogada cubana Diana Yuditxa Bautista Martínez, residente en Italia, en un artículo publicado hace pocos días por el proyecto Cuba Capacity Building de la Universidad de Columbia.
Un mayor traspaso de competencias se anticipaba a través de la nueva ley de empresas, que desde 2023 ha estado pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ese curso legislativo no entró en agenda, ni tampoco en los siguientes, sin que se haya planteado cuándo saldrá a debate. “La situación económica que atraviesa el país, no aconseja, en este momento, aprobar la Ley de Empresa Estatal Socialista pues, de promulgarse, no se garantizaría su cumplimiento», justificó en diciembre de 2024 el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Más recientemente, los esfuerzos legislativos se han concentrado en reformas parciales, como el decreto 138, que en diciembre último amplió las facultades de las empresas para gestionar sus sistemas de pago.
Sin embargo, las transformaciones de fondo siguen sin abordarse. Por ejemplo, el establecimiento de los llamados tres segmentos para las tasas de cambio, por parte del Banco Central, en diciembre, reafirmó la condición de desventaja de las empresas estatales, que se mantendrán operando en las cotizaciones de 1×24 y 1×120, muy inferiores a las del mercado de oferta y demanda.
“Esa circunstancia les quita competitividad y limita sus posibilidades de ‘encadenarse’ con las nuevas formas de gestión”, apuntó el funcionario de Finanzas y Precios consultado. “Entre empresas estatales son habituales las extensiones de plazo, las búsquedas de nuevas formas de pago… Pero con las mipymes y los privados en general las posibilidades de acumular deuda son limitadas. Tampoco es que las empresas estatales por fuerza debieran verse en esa situación. Pero en las condiciones actuales del país es muy difícil que no sea así”.
En Camagüey dos casos concretos ilustran las dificultades para encadenar los sectores estatal y privado. Uno es el de la SRL (privada) Almaley, que en 2023 asumió la higiene comunal del centro histórico de la ciudad capital. El otro, el del Grupo Empresarial de Comercio (estatal) en la provincia (GECI), que por las mismas fechas estableció un esquema de colaboración con varias mipymes para que le suministraran artículos para la venta en sus bodegas.
Ambos modelos fracasaron, en mayor o medida, por la condición económica de las entidades estatales que participaban en ellos. Tanto el Sectorial Municipal de Servicios Comunales como Comercio tienen deudas que les imponen restricciones al operar sus cuentas bancarias. Por ello, una afrontó dificultades para cumplir los pagos por la recogida de basura, y la otra no logró cubrir en tiempo los costos de la mercadería consignada.
El endeudamiento de la empresa estatal en Cuba ha llegado a un punto en el que solo podría solucionarse con una reforma profunda del sistema financiero –partiendo de las tasas de cambio– y una inyección multimillonaria de capital. Hacerlo es mucho más difícil que tan solo escribirlo. Probablemente por eso, el tema ha ido saliendo de la agenda pública, hasta convertirse en una suerte de elefante en la habitación. Y solo trasciende hasta el ciudadano común cuando las deudas se traducen en impagos a los productores; y estos, en leche y otros alimentos dejados de distribuir.
(Tomado de Progreso Weekly)
Desde las dos aceras 
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