Desde las dos aceras

Fotografía de dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Maduro junto a su esposa Foto:EFE / Jane Rosberg

Jorge Gómez Barata/La Habana

Mientras el jurado que sea escogido, formado por 12 ciudadanos no decida otra cosa, Nicolás Maduro se presume inocente de todos los cargos que Estados Unidos le imputa por intermedio del fiscal Jay Clayton quien, actuando a nombre del estado y del pueblo, valiéndose de testigos, pruebas, confesiones y otros instrumentos jurídicos tratará de, sin margen de duda, probar las acusaciones.
Entre tanto, el equipo de defensa encabezado por Barry Pollack y Bruce Fein que asisten a Nicolás Maduro en el proceso que se le sigue en Nueva York, tiene ante sí dos tareas. La primera es probar que, en el momento de ser apresado, el encartado era y es todavía presidente de Venezuela y que la captura ocurrió en un territorio sobre el cual ninguna institución estadounidense tiene jurisdicción.
De cara a la justicia norteamericana el apresamiento es ilegal por realizarse por una fuerza militar que operó, sin mandato ni orden judicial.
¿Quién informó a Maduro de sus derechos, y qué juez autorizó la violación de su morada? Una circunstancia agravante es que, para apresar a Maduro, fueron asesinadas unas 100 personas y otras tantas heridas. Cada una de ellas pudiera ser una demanda y un cargo contra Estados Unidos.
Técnicamente la fragilidad del caso de la fiscalía es obvia. En las Cortes de los Estados Unidos se juzga a personas concretas en circunstancias específicas que los afectan o benefician, no a grupos ni a procesos. Ningún tribunal en ese país está habilitado para conocer casos colectivos ni juzgar procesos, mucho menos cuando tienen lugar en el extranjero.
En la corte de Manhattan no se enjuicia al “chavismo” ni a la cúpula gubernamental venezolana; tampoco habrá espacio para pronunciamientos sobre las elecciones que llevaron a Maduro al poder. Ningún tribunal extranjero puede dictaminar sobre la legalidad de las elecciones en otro país.

Por otra parte, la estrategia del fiscal Jay Clayton, basada en la alusión de que, en el momento de la captura, Maduro no era un presidente, sino un delincuente buscado por la justicia de Estados Unidos, no se sostiene por el contenido y mucho menos por la forma como se ha tratado el caso.
Por añadidura, el hecho de que, en la práctica internacional, respaldada o no por leyes, se reconoce la inmunidad de los presidentes y/o jefes de estado y funciona la reciprocidad consistente en la correspondencia entre la actuación propia con la de otros y, en no hacer a otros lo que no acepta que se le haga a uno.
En cualquier parte del mundo los presidentes de todos los países, incluidos los de Estados Unidos, disfrutan de consideraciones e inmunidades ligadas a su persona y a su rango. Todos los países esperan lo mismo. Eso es reciprocidad.

La inmunidad del presidente de los Estados Unidos en asuntos judiciales no se contempla en la Constitución, por lo cual existe ambigüedad al respecto. Ello no se debe a omisión sino a la falta de acuerdo. En verdad este tema se debate desde la Convención Constitucional de Filadelfia.
Al menos en media docena de ocasiones la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto, la primera demanda contra un presidente se realizó en 1867, cuando la Corte Suprema conoció el caso Mississippi vs. Andrew Johnson. Entonces, el alto tribunal dictaminó que el presidente Andrew Johnson, no podía ser demandado y añadió que: “Los funcionarios del gabinete federal gozaban de inmunidad por acciones dentro del ámbito de sus funciones…” El fallo, naturalmente, incluyó al presidente.
La cuestión de la inmunidad penal presidencial resurgió durante la presidencia de Donald Trump y todavía se discute.
En Estados Unidos nunca un presidente extranjero ha sido demandado ni apresado y entre los nacionales solamente existe un precedente que por nimio no se registra en los anales judiciales. El hecho ocurrió en 1872 e involucró al presidente Ulysses Grant quien acostumbraba a cabalgar por las calles de Washington. Una vez que lo hizo a excesiva velocidad fue requerido por un agente de policía y, al reiterarse la falta, el agente lo detuvo y lo condujo a la comisaría donde se le aplicaron 20 dólares de multa.
Nicolás Maduro es eje de varios precedentes judiciales. Es el primer mandatario latinoamericano en funciones capturado en su país, para más señas en su vivienda, violentamente y al amparo de la noche, reducido y llevado al extranjero para ser juzgado. De la acusación se hace cargo el fiscal Walter J. Clayton, de 59 años, que, antes que funcionario judicial fue presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Nueva York, y socio de una importante firma de abogados especializada en regulaciones financieras y mercados de capitales. Estudió en las Universidades de Pennsylvania y Chicago.
La batalla judicial en Nueva York ha comenzado mediante un proceso extraordinariamente politizado, contaminado por visiones ideológicas, ajustes de cuentas y manipulaciones diversas. La centralidad mediática no beneficia al encartado que es mal visto por grandes medios de prensa, influyentes gobiernos y algunos organismos internacionales. Sus desventajas son notables creando un escenario en el cual la justicia lo tiene difícil. Seguiré tratando el tema. Allá nos vemos.

(Tomado del diario  ¡Por esto! )