Desde las dos aceras

En la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron bombardeos en Caracas y en otras zonas del país, y fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

En reciente conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Maduro y Flores se dirigían rumbo a Nueva York para enfrentar «cargos por narcotráfico». Agregó, además, que EE.UU «gobernará Venezuela de forma temporal hasta que se pueda realizar una transición segura, adecuada y justa». 

Trump hizo un reconocimiento explícito de la Doctrina Monroe, al presentar la acción como parte de la histórica pretensión de definir el destino político del continente. Con respecto a Cuba, el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo que es un país colapsado, gobernado por ineficientes y que si fuera parte del gobierno cubano estaría mínimamente preocupado. 

Reportes periodísticos y testimonios aseguran que hubo ataques y daños en infraestructura cercana a la población, aunque aún no se tienen cifras sobre heridos y muertos. Toda operación armada en zonas urbanas expone directamente a  familias, trabajadores, niños, ancianos, y la historia reciente en escenarios similares demuestra que los costos humanos suelen ser muy altos. Tampoco se justifica el bombardeo contra personal militar en una operación ilegal según el derecho internacional y la propia ley estadounidense.  

Más allá de la opinión política que pueda tenerse sobre la gestión y legitimidad de Maduro, un ataque militar norteamericano para detener a un jefe de Estado (y a su cónyuge) tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que marca un cambio en la política exterior estadounidense, que ya no incluía intervención militar directa, por tanto, constituye un precedente particularmente grave en América Latina, puesto que puede ser el primero de otros casos. 

La lógica del orden internacional contemporáneo descansa en la idea de que los Estados no deben usar la fuerza en el territorio de otro, un principio asociado a la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención como reglas básicas, para evitar que la relación entre países se convierta en una disputa de operaciones militares y «cambios de régimen» por la vía armada.

Pero cuando una potencia decide que puede capturar a un mandatario extranjero en su propia capital, el mensaje que se envía a la región es que la seguridad colectiva y la diplomacia quedan subordinadas a la lógica del más fuerte.

Incluso si Washington intenta justificar la acción con acusaciones penales, como las mencionadas imputaciones por narcotráfico o «narcoterrorismo», el estándar internacional no es la «extracción» militar, sino mecanismos como cooperación judicial, extradición (si procede), negociación diplomática, o decisiones multilaterales bajo marcos legales reconocidos.

De lo contrario, ningún país queda a salvo de que se vuelva a aplicar el mismo razonamiento con otro gobierno, otra coyuntura y otra narrativa. Vale cuestionarse las credenciales democráticas de quienes, en nombre de la democracia, apoyan hechos como estos. 

Para Cuba, el precedente es doblemente peligroso, porque si el resultado final de estas acciones es positivo políticamente para Donald Trump, podría esperarse alguna acción contra la Isla, sobre todo porque podrá usar el argumento de haber «resuelto» un conflicto político en la región mediante la fuerza externa; no mediante negociación, instituciones y garantías. Teniendo en cuenta que América Latina es un continente con historia de intervenciones, este tipo de operación reintroduce el libreto conocido de sanciones, asfixia económica, escalada, y finalmente intervención militar.

Aunque aún es pronto para hacer diagnósticos, esto podría suponer también que se puede remover a un líder por la fuerza e intimidar a quien lo sustituya para que se pliegue a los intereses norteamericanos, sin un plan político claro para el país ni para su población, conectado con los intereses nacionales. No sería la primera vez que terminan así las intervenciones norteamericanas, Irak y Afganistán son ejemplos más recientes. 

Basado en el derecho internacional, América Latina ha construido, con enormes dificultades y contradicciones, una tradición diplomática sustentada en la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a la soberanía, principios que no interesan a la administración Trump

Aceptar como normal que los problemas políticos internos de un país puedan resolverse mediante operaciones militares externas implica redefinir el equilibrio regional desde la lógica de la fuerza. Se trata de un desplazamiento que aniquilaría los mecanismos multilaterales existentes y reduciría el margen de autonomía de los Estados latinoamericanos. En ese escenario, el resultado es un entorno más inestable y profundamente vulnerable a presiones externas.

Si la región tolera la expansión de respuestas militares cada vez más agresivas, lo previsible —como lo demuestra la historia de las intervenciones estadounidenses— no es la construcción de países más democráticos o más justos, y sí un aumento de la inestabilidad, la violencia, el debilitamiento institucional y el riesgo permanente de nuevas crisis.

Desde La Joven Cuba rechazamos esta violación del derecho internacional y el uso unilateral de la fuerza. La estabilidad regional solo puede construirse desde el respeto a la soberanía, la protección de la ciudadanía y las soluciones políticas, no militares.

(Tomado de La Joven Cuba)