Desde las dos aceras

Con pruebas sobre espionaje y corrupción el exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil fue condenado a cadena perpetua más 20 años.Foto: Archivo IPS-Cuba

De acuerdo con la ley, al acusado Alejandro Gil y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer los recursos que establece la ley durante el plazo de diez días.

IPS/La Habana

Con detalles y pruebas sobre espionaje y corrupción que tal vez nunca se conozcan en toda su magnitud, el exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil deberá pasar el resto de su vida en prisión, de no modificarse tras los recursos de apelación la condena de cadena perpetua más 20 años de cárcel.

Tras un año y ocho meses de su destitución, a finales de octubre la Fiscalía General de la República de Cuba solicitó responsabilidad penal contra Gil por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho y falsificación de documentos públicos.

De esta forma, el exministro se convirtió en el funcionario de más alto nivel en enfrentar cargos de este tipo en unos 15 años. De acuerdo con analistas, el proceso penal contra Gil, con muchas zonas oscuras y opiniones encontradas sobre el juicio, constituye uno de los movimientos más significativos en la política cubana reciente.

“Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía. Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”, se publicó oficialmente,  sin brindar otros detalles.

La acción pública contra Gil, dijo en su momento la fiscalía, fue ejercida tras controlar la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República.

Personas caminan por una calle del centro histórico, La Habana, Cuba. 25 de septiembre de 2022. Imagen: Jorge Luis Baños/IPS

Severas penas

Al dar a conocer las sentencias de los dos procesos penales, cuyas vistas orales se desarrollaron en noviembre pasado, el tribunal informó que, en la primera causa, Gil fue hallado responsable de delitos como espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

Al ex alto cargo se le realizó un segundo proceso, donde también resultó responsable de delitos de cohecho de carácter continuado como medio afín para cometer falsificación de documentos públicos; tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado, por los que se le impuso la sanción conjunta de veinte años de privación de libertad.

Además de las sanciones de privación de libertad, a Gil se le aplicaron sanciones accesorias de confiscación de bienes, prohibición del ejercicio de funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros y privación de derechos públicos, entre otras.

La severidad de la pena fue sustentada en que los “comportamientos altamente lesivos evidenciaron en el acusado una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa”, amparada en Artículo 4 de la Constitución de la República, que establece que la traición a la Patria es el más grave de los crímenes, de ahí la alta condena.

De acuerdo con la ley, al acusado y a la Fiscalía les asiste ahora el derecho de interponer los recursos que establece la ley durante el plazo de diez días.

Una vez resueltos los recursos contra las sentencias, de ratificarse su responsabilidad, se le formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas, tal y como prevé el Artículo 86 del Código Penal vigente.

Un caso para reflexionar

Son muchos los comentarios que ha generado el caso Gil en el espacio virtual y fuera de él, con múltiples interrogantes: “¿Nadie se dio cuenta antes?”, “¿qué hizo que lo convirtieron en un chivo expiatorio?”, “¿es el único corrupto en el gobierno cubano?”; “¿todo lo hizo él solo?, y los otros, ¿quiénes son?”; “por su culpa la economía se puso peor de lo que estaba” y muchos más.

En las redes sociales, sobre el caso se ha pronunciado en varias ocasiones la hermana de Gil, María, quien sostuvo a medios de comunicación radicados fuera de Cuba que en todo momento el ex ministro negó los cargos, a la vez que admitió que durante su tiempo en las altas esferas se habría beneficiado de privilegios.

Aunque la figura de Gil no era bien vista por la población por haber estado a cargo de la implementación de la reforma monetaria de 2021 y la llamada Tarea Ordenamiento, que con resultados fallidos y consecuencias funestas trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba, el caso dejó cierto sinsabor por su falta de la transparencia que reclamaban diferentes voces. (2025)

(Tomado de IPS/Cuba)