Qué dice —y qué evita decir— el nuevo programa para “reimpulsar” la economía cubana.
El economista Mauricio de Miranda Parrondo publicó recientemente sus comentarios iniciales sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En su texto, invita a otros economistas cubanos a participar en la discusión. Y tiene razón: el documento es amplio y abarca desde política macroeconómica hasta temas sociales, institucionales y energéticos. Aquí no pretendo abordarlo todo, sino comentar algunos de los puntos económicos más relevantes y los supuestos que los sostienen.
Desde las primeras páginas, el propio programa reconoce un límite fundamental de su estrategia de estabilización. En la página 10 se lee:
“La economía cubana no cuenta en el escenario macroeconómico, productivo e institucional actual con condiciones para avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado que resuelva de una vez los problemas planteados.”
En otras palabras, el Estado no contempla una unificación cambiaria en el corto plazo, a pesar de que las distorsiones generadas por las múltiples tasas de cambio se encuentran en el núcleo de los desequilibrios macroeconómicos. Mientras persista esa segmentación, la política fiscal y monetaria continuará operando dentro de un marco de distorsiones en los precios relativos que limita la eficacia de cualquier intento de ajuste.
El primer objetivo general del programa fija la meta de reducir la inflación al 14 % anual y mantener el déficit fiscal alrededor del 6 % del PIB. Para lograrlo, propone un ajuste gradual basado en la reducción de transferencias a empresas estatales, la racionalización del gasto y la eliminación de subsidios generalizados. Se plantea sustituir los subsidios a productos por subsidios focalizados a personas, un cambio que en teoría mejoraría la eficiencia del gasto, aunque su implementación dependerá de la capacidad administrativa del propio Estado.
En el plano monetario, el programa busca contener la expansión de la base monetaria, fortalecer el control sobre los flujos de divisas e impulsar la bancarización de los pagos junto con una dolarización parcial controlada. Ambas medidas apuntan a canalizar la liquidez por vías formales y reforzar la supervisión estatal de las transacciones.
El control de precios aparece como otro componente explícito de la estrategia antiinflacionaria. Se prevé mantener precios máximos para bienes básicos como la leche, el aceite, el pollo y el detergente, además de revisar periódicamente las tarifas eléctricas y de transporte. Esta política busca frenar las presiones inflacionarias a corto plazo, aunque en la práctica tiende a profundizar los desajustes entre oferta y demanda.
Entre las medidas más destacadas figura la creación de las Letras de Regulación Monetaria (LRM), emitidas por el Banco Central de Cuba. Estos instrumentos de deuda a corto plazo buscan absorber liquidez del mercado a cambio de una promesa de pago futuro con interés. El mecanismo reduce temporalmente la cantidad de dinero en circulación, pero su eficacia depende de la credibilidad fiscal y monetaria. Si los agentes anticipan que el banco central pagará las letras con nueva emisión, el efecto de esterilización desaparece. Además, el documento no especifica plazos, tasas ni la existencia de un mercado secundario. Sin esos elementos, las letras terminan siendo más un registro contable que una herramienta real de política monetaria.
Fuente: Capitulo 5 de las Cuentas Nacionales de ONEI
En materia de exportaciones, el gobierno hace numerosos reclamos que se parecen más a una carta de deseos que a un programa de política. Habla de “incrementar y diversificar los ingresos externos”, pero sin ofrecer mecanismos concretos para lograrlo. El nivel de incertidumbre de régimen, en el sentido de Robert Higgs, sigue siendo demasiado alto1. En un entorno donde los derechos de propiedad son inseguros, cualquier inversionista extranjero enfrenta el riesgo de expropiación o de no poder repatriar sus ganancias, como ya ha ocurrido.
El plan oficial propone expandir las exportaciones en un 10 % con respecto a 2024. Dejo al lector juzgar la viabilidad de esa meta. Solo diré que las exportaciones cubanas llevan cayendo desde 2013, y los milagros no suelen repetirse en serie.
En el sector agrícola tampoco hay motivos para esperar grandes cambios. El programa menciona el propósito de aumentar la producción de azúcar, hortalizas y carne, pero evita discutir los factores estructurales que han limitado la productividad del campo cubano durante décadas. No se aborda la necesidad de liberalizar los precios agrícolas, la escasez de mano de obra rural, ni la posibilidad de privatizar y transferir la propiedad de la tierra en lugar de mantener el esquema de usufructo. Son cuestiones básicas si se pretende que los campesinos produzcan más.
Fuente: Twitter de Pedro Monreal
Si hay una institución que resume los problemas de eficiencia y desincentivo en el agro cubano, esa es ACOPIO. Su papel como intermediario estatal en la compra y fijación de precios ha sido una de las mayores trabas para el productor y una fuente constante de desabastecimiento para el consumidor. Numerosos reportes de la prensa independiente y medios de la disidencia documentan casos de impagos, confiscaciones y pérdidas de cosechas derivadas de su gestión2.
Los datos oficiales lo confirman: aunque el sector estatal controla cerca del 80 % de la superficie agrícola, los productores privados —con apenas un 14 % de la tierra en propiedad— generan más del 70 % de las viandas, hortalizas y frijoles. Con menos recursos, producen más. El problema no es la tierra, sino el marco institucional que define cómo puede usarse.
El programa dedica un objetivo completo al redimensionamiento y desarrollo de la empresa estatal socialista, reafirmando su papel como “sujeto principal de la economía”. Pero ahí mismo está el error de origen. Una estructura estatal no puede coordinar ni aprender como lo hace un mercado. Como explicaba Hayek, el conocimiento relevante para producir y asignar recursos está disperso entre millones de individuos, y los precios son el único lenguaje capaz de transmitirlo.
La empresa estatal cubana opera en ese vacío: sin precios que reflejen escasez, sin competencia que la discipline, y bajo restricciones presupuestarias blandas3, como describió János Kornai. No puede quebrar, y por tanto no tiene por qué aprender. En un entorno competitivo —como apuntaba Armen Alchian— las empresas sobreviven porque corrigen errores, no porque sean perfectas desde el inicio4. El mercado selecciona a las que se adaptan y elimina a las que no. La empresa estatal, en cambio, está protegida de esa selección natural. Hablar de “perfeccionar su gestión” es un eufemismo: no puede haber eficiencia sin el riesgo de desaparecer.
En última instancia, el problema no es que el gobierno carezca de un plan, sino que confunde planificación con cambio. Cuba no necesita más programas de ajuste; necesita un marco donde las reglas sean creíbles, las pérdidas importen y los precios hablen. Mientras el Estado siga siendo juez, jugador y banquero al mismo tiempo, cualquier intento de “corregir distorsiones” será solo una forma más sofisticada de administrarlas.
Robert Higgs acuñó el término regime uncertainty para describir cómo la falta de seguridad jurídica y la imprevisibilidad del gobierno desalientan la inversión privada. Véase: “Regime Uncertainty: Why the Great Depression Lasted So Long and Why Prosperity Resumed After the War”.
Pueden visitar 14ymedio.com y buscar ACOPIO en el sitio. Encontrarán numerosos reportes y testimonios que ilustran las dificultades que enfrentan los productores cubanos.
Ver The Soft Budget Constraint por Janos Kornai.
Ver Uncertainty, Evolution, and Economic Theory por Armen Alchian
(Tomado de Cubanomics)
Desde las dos aceras 
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