Desde las dos aceras

Por Redacción LJC

La reciente publicación del Herald sobre supuestos estados financieros filtrados del conglomerado militar cubano GAESA ha reavivado el debate sobre el alcance económico y la transparencia de esta estructura. Según el reportaje de la periodista Nora Gámez, las cifras indicarían que GAESA tendría reservas cuantificadas en 18 mil millones de dólares, en un momento en el que el país vive una policrisis, en la cual desempeña un papel significativo la falta de financiación estatal a sectores como la salud, la energía o la industria alimentaria. 

GAESA, acrónimo de Grupo de Administración Empresarial S. A., es un conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que concentra algunas de las corporaciones más importantes de Cuba en sectores como el turismo, el comercio minorista y mayorista en divisas, las finanzas, la construcción y la logística. Actualmente está a cargo de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien ha asumido la dirección luego de la muerte del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Surgido en los 90 como alternativa para financiar al ejército sin depender del presupuesto estatal, en medio de la crisis del llamado período especial, el grupo operó con reglas diferentes al resto de las empresas del país, con un nivel de autonomía sin precedentes en un sistema planificado centralmente. 

Desde hace más de una década, y de manera más intensa en los últimos años, ha sido objeto de crecientes cuestionamientos y debate público debido a su peso dominante en la economía y  su estructura monopólica. Cabe destacar que parte notable del crecimiento de GAESA se debe a que ha absorbido, por decisión gubernamental, a otras empresas estatales. Este fue el caso, por ejemplo, de Habaguanex, corporación turística del Centro Histórico que garantizaba el financiamiento para la restauración de la ciudad, y que pasó a manos del conglomerado entre 2016 y 2017, luego de un escándalo de corrupción que involucraba a su directora.

La opacidad en la gestión del grupo, incluso después de aprobada una ley de transparencia, y la ausencia de rendición de cuentas ante las instituciones civiles, ha sido uno de los principales blancos de críticas. ¿Cuánto aporta GAESA al presupuesto estatal? ¿Paga impuestos? ¿Qué papel está asumiendo en el —tampoco conocido— Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía? Estas son algunas de las tantas preguntas que se hace la ciudadanía, y para las que no hay respuesta oficial.

A esta incertidumbre se sumaron las declaraciones a EFE en 2024 de la entonces Contralora General de la República, Gladys Bejerano, cuando dijo que la mencionada sociedad anónima no estaba bajo su supervisión y que contaba con «disciplina y organización superior» por sus décadas de experiencia empresarial, por tanto, la Contraloría concentraba «fuerzas» donde hacían falta «avances».

A varios días de publicado el reportaje en el Herald, las autoridades cubanas no han hecho alusión al tema, pero esto no ha evitado que en redes sociales y medios no estatales se haya desatado un debate sobre la responsabilidad que hoy tiene esa estructura en el sostenido decrecimiento económico del país.

La mayoría de la oposición da por ciertos los estados de cuenta publicados. No obstante, sin minimizar la importancia de discutir públicamente el rol de GAESA en la economía cubana, deben tenerse en cuenta matices y estándares a la hora de sacar conclusiones a partir de dichos documentos.

El economista Omar Everleny dijo para La Joven Cuba que, sin acceso a los documentos originales, es imposible confirmar la veracidad de las cifras. «Los economistas debemos ser serios cuando damos un criterio sobre algunas estadísticas, pero existen los llamados supuestos. Si yo supongo que la tabla presentada es válida —no tengo elementos para decir que sí lo es o no lo es, porque no he visto la tabla, pero vamos a basarnos en ese supuesto—, saco conclusiones, y si me equivoco, es porque el supuesto estaba mal».

A criterio de Everleny, incluso aceptando la autenticidad, las cifras son «bastante elevadas» para la situación económica cubana desde 2024. Detalla que la mezcla de valores en distintas monedas sin explicar los criterios de conversión, le resta seriedad al análisis:

«Esa tabla es bastante confusa porque hay escaques que están en moneda nacional, hay escaques que están en dólares y ya para sumar dólares y moneda nacional, primero habría que saber si esos dólares eran uno a uno o esos dólares se llevaron de moneda nacional a dólares. Pero en el caso de Cuba las estadísticas siempre son bastante difíciles. Yo puedo imaginarme que una parte de los salarios del personal que trabaja en GAESA, pudiera salir del presupuesto nacional que se da en moneda nacional. Pero no lo sé. Lo supongo porque el presupuesto del Estado incluye financiar una parte de defensa y orden interior. Pero hay muchos elementos que no son conocidos para dar una respuesta categórica».

Sin embargo, aunque Everleny reconoce que GAESA tiene un papel importante en el circuito de divisas, advierte que no participa en áreas como la producción de alimentos o la industria pesada, sectores donde la crisis es más visible.

Entre una opinión y otra, hay un punto común: la opacidad de GAESA y la dificultad de verificar sobre datos confirmados su aporte real a la economía. La falta de información pública limita cualquier análisis, dejando espacio a interpretaciones políticas o especulativas.

A partir del reportaje, el economista Pavel Vidal calcula que GAESA representa aproximadamente el 40 % de la economía cubana, diagnóstico que tiene puntos de contacto con el análisis de Pedro Monreal, quien enfatiza que la magnitud de GAESA no solo se mide en cifras, sino en su capacidad de influir en la asignación de recursos, sostener patrones de inversión cuestionables y operar bajo un esquema corporativo militarizado sin control civil. Pero Monreal apunta que desde la perspectiva del desarrollo «no es necesaria la existencia de un conglomerado militar monopolizando actividades de la economía civil».

La posición del economista Joel Ernesto Marill, según lo publicado en su perfil de Facebook, es mucho más escéptica: cuestiona la coherencia interna de las cifras y considera que su magnitud es inconsistente con los indicadores macroeconómicos y las cuentas nacionales. «Para cualquier economista ese debería ser el primer dato en causar una duda razonable», afirma.

La tesis de Marill para cuestionar la veracidad de los documentos se basa en que un número tan grande sería imposible de ocultar y separar de las cuentas nacionales. «Según el Miami Herald el Grupo de Administración Empresarial (GAE) sería la empresa/corporación número 536 por ingresos a nivel mundial […] justo por detrás de la multinacional NESTLE y por delante de la sueca H&M, la megacorporación de seguros MAPFRE, y la informática Adobe». Para el joven economista, las ventas netas en divisas que muestran esos documentos en 2023 supondrían el doble de las exportaciones del país en dicho año, más de 15 veces las importaciones del sector privado, y casi el 70% del PIB llevado a dólares.

Por su parte, el politólogo Arturo López Levy sostiene que el artículo del Herald no ofrece sorpresas y omite un elemento central: el contexto de las sanciones estadounidenses. Desde su punto de vista, ninguno de los datos aportados por la periodista Gámez, o los economistas Pável Vidal y Mauricio de Miranda (ambos citados en el reportaje) «demuestran la interpretación que estos hacen de que GAESA es “un estado dentro de un estado”».

«Todo el análisis del documento, más allá de su validez o no —opina López Levy—, se hace desde una estructura donde la guerra económica, ilegal, inmoral y contraproducente contra Cuba es aceptada con naturalidad. Conviene recordar que CIMEX, GAESA y otras empresas se crearon fundamentalmente en Cuba para buscar una inserción en el mundo que evadiera esas sanciones. Solo desde el silencio inmoral y ensordecedor sobre esa realidad se puede reclamar transparencia, en condiciones en las que se gastan millones precisamente para golpear cualquier transacción económica cubana, no importa cuán legítima, legal desde el derecho internacional o limpia sea. Desde esa lógica, sería esencial poner la lucha por el estado de derecho y una transición con mínima corrupción, por delante de cualquier otra consideración. Si la transparencia y la exposición de la corrupción, en un contexto de transición y apertura económica, es el primer objetivo, lo primero que habría que remover son las razones nacionalistas legítimas que justifican la opacidad».

En cambio, para Pável Vidal, según estimaciones publicadas en el Journal of International Development  las sanciones estadounidenses no afectan de forma homogénea a los diferentes sectores de la economía cubana y desde los años noventa, los datos muestran que el impacto ha recaído principalmente sobre el consumo de los hogares y el sector privado, mientras que el gasto del Gobierno y sus proyectos estratégicos muestran una mayor resistencia.

«Las sanciones no solo fracasan como instrumento de cambio político y democratización, sino que también tienen una efectividad financiera limitada sobre el aparato empresarial priorizado por las élites; al mismo tiempo que producen un efecto asimétrico que recae de forma desproporcionada sobre las familias y el sector privado». Su argumento es que el ciudadano común no tiene mecanismos para evadir sus efectos, y GAESA sí.

Sobre este argumento también se coloca el comunicador político Guennady Rodríguez, al afirmar que «si GAESA puede hacer esa cantidad de dinero bajo el Embargo ¿para qué quieren mantenerlo y pagar el precio político por ello?».

De transparencia y rigor investigativo

Más allá de las interpretaciones económicas y políticas, el debate sobre GAESA revela la urgencia de contar con estándares mínimos de transparencia para analizar a un actor con tanto peso en la economía cubana. Por ejemplo, advierte Everleny, es clave conocer qué porcentaje de las utilidades del conglomerado se transfiere al presupuesto nacional, un dato que hasta hoy no ha sido informado públicamente y que resulta esencial para medir su aporte real al financiamiento del Estado. La ausencia de esta y otras cifras verificables limita la posibilidad de llegar a conclusiones precisas, y favorece lecturas basadas en suposiciones o sesgos.

Pero la inexistencia de datos públicos no es excusa para sacar conclusiones a partir de información que no cumple con elementos mínimos de credibilidad. Desde el punto de vista periodístico, la cobertura del Herald presenta dos debilidades centrales si se evalúa con estándares internacionales de periodismo de investigación: primero, que los supuestos documentos no fueron puestos a disposición pública en ninguna base de datos que permita su examen independiente; y segundo, que el medio no ofreció explicación ni detalle alguno sobre el origen de esos archivos, la forma en que fueron obtenidos o las medidas aplicadas para verificar su autenticidad.

La trazabilidad de las fuentes —que, aun cuando se trate de documentos filtrados, exige que el medio describa, al menos en términos generales, los mecanismos de obtención o las precauciones tomadas para constatar su legitimidad —, la posibilidad de verificación externa de los documentos colocándolos en una base de datos de acceso abierto, y la transparencia sobre la metodología, son principios básicos para dar solidez a investigaciones de alto impacto y para reducir el margen de error o manipulación. Cuando estos elementos están ausentes o son débiles, incluso los datos más llamativos quedan bajo la duda, y el debate público pierde una oportunidad de avanzar hacia conclusiones más informadas y menos especulativas.

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Del lado cubano, quedan otras deudas pendientes. En primer lugar, delimitar cuáles informaciones son sensibles ante la persecución económica de Estados Unidos, y cuáles deberían hacerse públicas para el ejercicio al derecho ciudadano a la información, referido en múltiples instrumentos jurídicos aprobados por el Parlamento, pero que siguen teniendo muy poca aplicabilidad práctica.

En segundo lugar, continúa pendiente un marco regulatorio para el resto de las empresas estatales que les permita trabajar en condiciones menos desventajosas. Una asimetría que es más visible en comparación con las reglas excepcionales que han hecho crecer a GAESA. Si el supuesto éxito del conglomerado se ha debido a que ha podido operar con más autonomía y menos burocratización, ¿por qué no extrapolar estas condiciones al resto de las empresas públicas para que dejen de ser «prebendas» solo de un sector?

Aceptar acríticamente filtraciones sin evidencias revisables o resignarse eternamente al secreto de Estado entorpece el escrutinio público sobre temas esenciales para la ciudadanía.

(Tomado de La Joven Cuba)