Desde las dos aceras

LJC/

La noticia es que esta semana comenzó en todo el país el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, previsto hasta el sábado 28 de junio.

La iniciativa busca incrementar «las acciones de las organizaciones políticas, sociales y de masas, de los órganos del Estado, del Gobierno, del Ministerio del Interior, comunicacionales, y de participación y control popular». De acuerdo con la información oficial, esta edición da continuidad al ejercicio realizado en marzo pasado.

En videoconferencia coordinada con autoridades de todos los territorios, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a que esta edición sea «superior a la anterior», evitando «caer en la rutina» y asumiendo el proceso con «creatividad y responsabilidad». También orientó «continuar el trabajo que desde el Partido se ha estado haciendo en la comprobación de las relaciones contractuales entre el sector estatal y no estatal», fortalecer la prevención y la articulación entre todas las estructuras del país, con énfasis en el nivel municipal, a fin de garantizar «un verano tranquilo y ordenado».

Durante la semana, el ejercicio contempla operativos contra el consumo y tráfico de drogas en los barrios, auditorías internas, inspecciones fiscales, juicios por hechos de connotación y acciones de control de precios. También incluye la supervisión de consumos energéticos en entidades estatales, formas de gestión no estatal y hogares, así como la revisión de los sistemas de vigilancia en redes eléctricas y parques solares.

El programa abarca, además, visitas a personas desvinculadas del estudio o el trabajo, y a quienes cumplen sanciones en libertad, y prevé la reactivación de estructuras de vigilancia comunitaria para enfrentar los fenómenos que afectan la seguridad y el orden interno.

Como parte de estas acciones, fue noticia esta semana la celebración de un juicio oral y público en la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas por el delito de tráfico de drogas, en específico cannabinoides sintéticos («químico»).

Según reportó el periódico Girón, la Fiscalía Provincial solicitó sanciones de nueve y ocho años de privación de libertad para dos acusados, identificados como YGR (22 años, residente en La Habana) y AVU, alias «El Abuelito» (24 años, de Cárdenas), respectivamente.

Durante la detención en el punto de control de Bacunayagua, se ocuparon 10.10 gramos de droga sintética, lo que, según cálculos presentados, equivale a más de mil cigarrillos. De acuerdo con la investigación, se comercializaban a $300 CUP cada uno, en una actividad descrita por la Fiscalía como «lucrativa, pero con alto costo social por los efectos nocivos de estas sustancias sobre la salud».

Asimismo, el periódico cienfueguero 5 de Septiembre informó también recientemente la realización de un juicio «ejemplarizante» en el que un ciudadano fue sancionado a ocho años de privación de libertad por delitos relacionados con drogas sintéticas.

Estos casos se inscriben en una serie de procesos judiciales que han sido reportados en distintos territorios del país en lo que va de año, como parte de la estrategia de enfrentamiento al tráfico de drogas y reafirmación de la política de «tolerancia cero» en Cuba.

En otro orden, en el marco del diagnóstico sobre fenómenos delictivos en el país, se reportó un incremento reciente en los robos de ganado, tras una breve disminución al inicio de 2025. El Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales afirmó que investigaciones realizadas en algunos lugares del país detectaron baja efectividad en el esclarecimiento de los casos y una percepción de impunidad entre campesinos, quienes expresaron inseguridad y malestar.

Además, señalaron irregularidades en las contrataciones entre entidades estatales y pymes. Auditorías realizadas a 50 000 pequeñas y medianas empresas revelaron carencias en las fichas de costos y en el cumplimiento de encadenamientos productivos. También se detectó, según el informe de este Grupo, que no siempre se realizan procesos de licitación con los requerimientos mínimos de transparencia, insistiendo en que los contratos deben guiarse por la legalidad y funcionar como hoja de ruta para las relaciones económicas entre actores públicos y privados.

Esto significa que durante esta semana se están llevando a cabo acciones coordinadas en todo el país para atender fenómenos que afectan la seguridad y el orden social.  

Uno de los más preocupantes es el auge del consumo de lo que se conoce comúnmente como «químico», sobre todo por su impacto entre los sectores más jóvenes y vulnerables de la población. Este tipo de droga ha ganado espacio entre personas con menos recursos debido a su bajo precio, sin embargo, el costo para la salud es muy elevado.

Entre sus efectos más frecuentes se encuentran trastornos del sistema nervioso, episodios psicóticos, alteraciones de la memoria, ansiedad, comportamiento desorganizado, y alucinaciones. El consumo problemático también se asocia con un posible aumento de hechos violentos, ya que la dependencia a estas sustancias puede conducir a acciones delictivas.

En 2024, más de mil personas fueron sancionadas en Cuba por su relación con el tráfico de estupefacientes. Aunque Cuba sostiene una política de «tolerancia cero» y es parte de convenios internacionales sobre extradición y asistencia judicial, la detección de los componentes usados en drogas sintéticas requiere capacidades técnicas complejas, difíciles de asumir incluso para países con mayor desarrollo tecnológico. El rastreo se complica aún más porque muchos de estos compuestos ingresan por separado y se ensamblan localmente.  

Como parte de los esfuerzos institucionales, a comienzos de 2025 se anunció que en julio comenzará a funcionar el Observatorio Nacional de Drogas, una iniciativa del Ministerio de Justicia con el respaldo del programa COPOLAD III (Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas). Este observatorio tendrá entre sus funciones monitorear el comportamiento del mercado de drogas, emitir alertas tempranas y generar información útil para el diseño de políticas públicas efectivas en materia de prevención y control.

Nuestra opinión es que el Tercer Ejercicio Nacional revela una intención del Estado cubano de mostrar capacidad de respuesta ante fenómenos complejos como el tráfico de drogas, la corrupción y los delitos.

Pero su efectividad no puede medirse solo por la realización de operativos de una semana, sino por la capacidad sostenida de generar resultados estructurales, con mecanismos de control transparentes, prevención real y participación ciudadana efectiva.

En particular, el aumento del tráfico y consumo de drogas sintéticas pone en evidencia que gran parte de la población —en la que se incluyen adolescentes y jóvenes, principales grupos de riesgo— ni siquiera sabe qué es exactamente el llamado «químico», ni cuáles son sus efectos reales sobre la salud. El desconocimiento, sumado a contextos de pobreza y falta de oportunidades, deja a muchos jóvenes expuestos. Educar sobre los efectos de estas drogas, explicar qué son y qué provocan, debería ser una prioridad en las escuelas, en las familias, en los medios y demás iniciativas desde las instituciones.

Perseguir el delito es necesario, pero también lo es preguntarse qué oportunidades y perspectivas reales de acceder a un futuro digno tienen los jóvenes que permanecen en Cuba, donde los salarios no alcanzan y las opciones de desarrollo personal y profesional son cada vez más limitadas.

Además, el enfoque predominantemente punitivo que se aplica en Cuba ha demostrado en otras realidades igualmente empobrecidas, que no resuelve el problema de raíz. Enfrentar el tráfico de drogas requiere, sí, de firmeza legal, pero también de un abordaje sostenido, multisectorial y a largo plazo. Eso implica hablar con seriedad de pobreza, desigualdad, precarización del sistema de salud y ausencia de programas de atención integral.

No es casual que el consumo y el tráfico de estas sustancias aumente en un momento en que el país vive una de las peores crisis socioeconómicas, de ahí que los juicios ejemplarizantes por sí solos no resuelvan los problemas estructurales que atraviesa Cuba en este y otros frentes.

Por otro lado, y sobre las irregularidades señaladas por el Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, es necesario decir que la transparencia y el apego a la legalidad deberían ser principios ineludibles en la gestión de sectores estratégicos, sobre todo los que impactan directamente en la vida de la población, pero resulta contradictorio que se fiscalice con tanto rigor y se exija transparencia a las mipymes, mientras que en niveles superiores de gestión, como en el caso reciente de ETECSA, no se aplican auditorías con el misma severidad, ni se brindan explicaciones claras ni se rinde cuentas a la ciudadanía, pese a tratarse de decisiones con implicaciones millonarias para Cuba y el bolsillo de la gente. Si la transparencia es una exigencia para los actores económicos privados, con mayor razón debería serlo para quienes gestionan los recursos públicos del país.

(Tomado de La Joven Cuba)