Por Carlos Alzugaray Treto/La Habana
Es un axioma fundamental de cualquier modelo económico, social y político socialista que el Estado debe proveer a todos los ciudadanos de manera universal el acceso a los servicios básicos para una vida decorosa. Si por un lado hay un principio establecido por los clásicos según el cual la producción y la distribución deben regirse por la fórmula «de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo» hay también una realidad, no todos los ciudadanos tenemos iguales capacidades ni adquirimos las habilidades necesarias para alcanzar salarios adecuados.
¿Cuáles son los servicios básicos que el Estado debe proveer? En mi opinión en la vida moderna son los siguientes: salud, educación, vivienda digna, electricidad, transporte, agua, y telecomunicaciones. Es lógico que los Estados organicen la provisión de estos servicios en empresas estatales (monopólicas o no) y que tomen las providencias necesarias para que, en la medida de lo posible, y sin sacrificar el principio del acceso universal, estas empresas sean lo más redituables posible. Sin embargo, en la búsqueda de que sean redituables no es aceptable que se sacrifique en forma alguna el principio del acceso universal.
Se puede afirmar que cuando esto no se logra hay una distorsión. Por ejemplo, si el objeto social de una empresa que presta servicios a la ciudadanía deja de ser garantizar el acceso universal, incluso a los ciudadanos de más bajos ingresos, y se convierte en obtener ganancias para así contribuir a los gastos del estado, se está distorsionando su objetivo. Tan simple y tan sencillo como eso.
ETECSA viene operando desde su creación con una distorsión fundamental. Durante los años en que la arquitectura financiera del país lo permitía, ETECSA operaba con ganancias millonarias resultante del cobro en divisa de las recargas, sobre todo a partir de la introducción en el país de la telefonía móvil y de los datos en móviles para el acceso a Internet. Eso permitió a ETECSA aportar enormes cantidades de divisas para solventar los gastos en otras esferas, posiblemente también en esferas proveedoras de servicios de acceso universal.
No siempre las ganancias de ETECSA sirvieron para mejorar o ampliar el servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, mientras la telefonía móvil se expandía a ritmos acelerados, el servicio de internet en los domicilios (Nauta Hogar) quedó relegado y avanzó a paso de tortuga. Seguramente porque este último, por depender de cables telefónicos, requería de inversiones más onerosas.
Aquella distorsión resultó imposible de mantener después de la Tarea Ordenamiento en el 2020 cuando el peso se devaluó sustancialmente, desapareció el CUC y las tarifas se ajustaron a la nueva tasa de cambio oficial. ETECSA dejó de aportar cifras millonarias de divisas al presupuesto del estado.
El que ETECSA tenga que reajustar sus tarifas debido al cambio sustancial de las condiciones financieras en que opera es totalmente lógico. Pero si nos atenemos al principio de que el Estado socialista está obligado, como cuestión de principios, a garantizar que un monopolio de servicios públicos le brinde a la ciudadanía el suministro a precios asequibles, la responsabilidad recae totalmente sobre el gobierno. No hay de otra.
(Tomado de La Joven Cuba)


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