Desde las dos aceras

Ilustración: Félix M. Azcuy

Por Mariana Camejo/La Habana

Empecemos diciendo lo obvio: el costo político del tarifazo es alto, el costo político de una no rectificación, en alguna forma, más alto aún, pero lo que quizá no sea tan obvio es que todavía hay margen de maniobra. Veamos por qué.

La decisión de Etecsa, una empresa estatal y supuestamente pública, desborda lo técnico-económico-empresarial porque genera profundo malestar político en un contexto de policrisis de la que nadie duda. A estas alturas, y a pesar del bloqueo norteamericano que toda persona informada no puede desconocer, se han ido acumulando un número importante de malas gestiones del gobierno que nos han traído hasta aquí y nos aleja del tan prometido «futuro mejor». 

Ya las ciencias sociales y la historia misma han demostrado una y otra vez que una política pública que ignora la voz de sus ciudadanos, especialmente cuando expresan un malestar generalizado, erosiona la legitimidad del gobierno. Ya la credibilidad está bastante deteriorada, así mismo sucede con las instituciones y con la prensa, etc. 

En esta ocasión el hecho de que organizaciones legalmente reconocidas como el Proyecto Palomas, el periódico Girón, facultades de universidad, o la propia entrevista de Lázaro Manuel Alonso en televisión hayan expresado su inconformidad —no han sido los únicos—, dota al malestar ciudadano de mayor legitimidad y extensión. Apunto: no significa que la inconformidad ciudadana sea menos legítima cuando no tiene respaldo institucional, pero si la tiene, es más visible en la esfera pública y más difícil de ignorar por las autoridades. 

Cuando la reacción frente al tarifazo evidentemente no ha sido de «opositores o confundidos»,  el discurso oficial no puede echar mano de esos epítetos como recurso político de respuesta a la crisis, sino que se ve obligado a dialogar con esos actores sociales diversos, que con y/o sin orientación política explícita, están demandando que no se precaricen más las condiciones de vida y el justo derecho a comunicarse. 

Pero si hemos llegado hasta aquí, si las facultades decidieron hacer comunicados públicos cuando siempre se priorizan los «canales oficiales» privados, es porque la respuesta que recibieron de Etecsa no fue suficiente, porque tanto el debate como la comparecencia fue enfocada en términos de que «Etecsa escucha» y «Etecsa explica», y que quienes están reclamando una recitificación tienen que entender la necesidad de sostener la empresa, asegurar sus recursos y que pague sus deudas. 

Todo ello ocurre en un entorno donde se ha pospuesto un anteproyecto de ley que cambiaría muchas de las condiciones para que operen las empresas estatales, donde hay un plan de estabilización macroeconómica que no es público (¿esto será parte de él?), y donde se desoye a los tantos economistas cubanos que vienen alertando hace mucho tiempo sobre la necesidad de una reforma estructural de la economía, y que al mismo tiempo se atienda verdaderamente a aquellos sobre los que más fuertemente impacta la crisis. 

No es la primera vez que el primer ministro Marrero Cruz apoya políticas que podríamos llamar de austeridad para la población: recordemos aquello de las gratuidades indebidas, la eliminación de casas en la playa para organismos de las que se beneficiaban tantos obreros del país, y ahora parece ser el adalid principal en el gobierno de las medidas de Etecsa puesto que las anunció en diciembre último y ahora las ratificó.

Contrasta mucho su posición con el silencio que había mantenido el presidente en sus redes. Las cuentas de X, Facebook y el canal de whatsapp que llevan el nombre de Miguel Díaz Canel no habían publicado sobre el tema hasta el anuncio de un nuevo programa «Desde la presidencia» que promete opciones para sectores vulnerables, entre ellos los estudiantes. Antes de eso no había absolutamente nada. 

Ese silencio durante dos días de polémicas solo puede avivar los rumores de que existen, al menos, diferencias de opiniones entre ambos. Como antecedente importante y cercano está el episodio en que Díaz Canel anunció que Marrero comparecería en televisión nacional para explicar la situación energética, y a pesar de las demoras supuestamente por razones técnicas o que el primer ministro no estaba en La Habana, Díaz Canel dejó de publicar y sencillamente parece haberse sentado a esperar, como el resto de nosotros, a que Marrero lidiara con la crisis. 

En un país donde los niños venden pan y hay personas yendo a la basura a buscar comida, donde los jóvenes se van, y la población envejece y decrece, no hay tiempo para otra cosa que no sea la gobernanza eficiente y estrategias para salir de la crisis sin que se deterioren más las condiciones de vida.

Con esto queda claro que el contexto estaba servido para que la crisis con Etecsa no fuera solo de comunicación, sino también política. Y no debería ser difícil de entender que en un país donde se sigue repitiendo que nadie quedará desamparado, la ciudadanía no acepte que con un discurso tecnocrático se desentiendan de los efectos sociales de las decisiones macro. 

La economía tiene mecanismos específicos para apoyar la rentabilidad empresarial, pero cuando se trata de una empresa pública monopólica, no puede depender exclusivamente de trasladar la presión al costo de vida ciudadano. 

El propio diputado Carlos Miguel Pérez, también ingeniero informático y empresario privado, propuso algunas variantes que quizá se pudieran haber explorado: 

• Escalonar tarifas, conservando el precio actual para 6 GB, pero ofreciendo bloques más económicos de forma progresiva hasta las ofertas más caras.  
• Crear planes diferenciados y subsidiados para docentes, estudiantes, personal de salud, teletrabajadores y pymes tecnológicas. 
• Bonificar el uso fuera del horario pico promoviendo bonos nocturnos o franjas de navegación más baratas para distribuir mejor la carga de la red.

Lo cierto es que aún existe un margen de maniobra. Un anuncio que sea de algún modo correctivo —cambios en las tarifas o nuevos planes, la revisión del límite de consumo, o formas de cubrir a algunos sectores como ya anunció Díaz Canel— tendría el potencial de aliviar algo del malestar y de reconectar simbólicamente con una parte  (recalco, una parte) de la ciudadanía. 

En términos de framing (concepto usado por Robert Entman que se refiere a cómo se presenta una situación o un tema para influir en cómo el público lo percibe y lo interpreta), el gobierno tendría aún cierta capacidad que le permitiría reconstruir el relato con nuevos planes como un gesto de responsabilidad, escucha y empatía. O sea, en este punto es cuestión de habilidad política. 

Desde el punto de vista del marketing, ya otros usuarios en redes han especulado que podría tratarse de una «estrategia de anclaje de precios», donde inicialmente se establece un precio alto para generar reacciones negativas y luego aceptación, una vez se introduzcan tarifas menores a las anunciadas, pero no con respeto a las originales. 

Desde el punto de vista político, hacer dicha maniobra tiene el potencial de ampliar la ventana de Overton, y es lo que personalmente me preocupa, o sea, ampliando el rango de medidas socialmente aceptables, que antes se hubieran considerado impensables —como que la gente entienda y normalice políticas de austeridad o que haya que subir costos de todo servicio estatal por la necesidad de sostenibilidad. 

Y digo que me preocupa porque si bien ya las condiciones de vida están muy precarizadas, pudieran empeorar cada vez más si la política económica sigue orientándose a mejorar indicadores macro sin tener en cuenta lo mal que ya se está viviendo. Y todo esto cuando durante años el país ha tenido un patrón de inversiones que ha priorizado la construcción de hoteles por encima de la agricultura, el transporte, la educación, la salud o las comunicaciones. Para tomar esas decisiones, no se ha contado con la participación popular aunque la Constitución deja claro en su Artículo 20 que «los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía».

De la misma forma, a este debate le ha faltado mucha transparencia cuando no tenemos acceso a cómo se han comportado los manejos de ingresos de Etecsa, cuánto se ha invertido y en qué, o las estadísticas del supuesto estudio sobre el que se basaron para fijar el límite. 

Pero volviendo al costo político, el asunto es que si la presión ciudadana que esta vez hemos visto no consiguiera resultados, se estaría marcando un precedente importante de oídos sordos, con todo el potencial para profundizar el descontento y un posible mensaje de que el diálogo por canales oficiales no conduce a nada. ¿Qué caminos quedarían entonces?

El asunto va mucho más allá del tarifazo porque tiene que ver con el valor simbólico de responder al sufrimiento cotidiano, del vínculo político con la ciudadanía, y de la capacidad del Estado para corregir el rumbo cuando hay presión. Si la comparecencia de hoy o el próximo episodio de «Desde la Presidencia» siguen explicando lo que ya todo el mundo sabe en vez de ofrecer  alternativas inmediatas, se estará asentando aún más la desconexión política de las autoridades en un momento de crisis inédita. El costo de esa desconexión será alto. La pregunta es si esa es la elección que realmente quieren hacer.

(Tomado de La Joven Cuba)